Lo que comenzó con la llegada de 85 migrantes al municipio, hoy es una calamidad pública en Urabá. Nadie sabe exactamente cuántos cubanos están varados en el municipio de Turbo; el alcalde, Alejandro Abuchar González, dijo que son 1.350, la Defensoría del Pueblo informó que son 1.273 y Adain Peñalver Hernández, vocero de esta comunidad, explicó que son más de 4.000.
Las cifras son inciertas, así como el futuro de estas personas que, desde el 10 de mayo, fecha en que Panamá cerró la frontera, están hacinados en una bodega en un barrio popular y en cambuches en terrenos aledaños.
Nadie, aparte de la Administración Municipal, responde por ellos, incluso se han tenido que invertir recursos públicos para la manutención de estas personas -que no quieren permanecer en Colombia y solo utilizan este territorio como paso para llegar a Estados Unidos, donde está su sueño-, descuidando otras poblaciones que también necesitan ayuda.
Los turbeños se han solidarizado con la causa, brindando alimentos y espacios en los antejardines de sus casas para dignificar la situación de los isleños. Su empatía se da “porque de 163.000 habitantes que tiene Turbo, 92.000 han sido víctimas del conflicto y conocen el sufrimiento del desplazado porque lo vivieron en carne propia”, sostuvo Emélides Muñoz, secretario de Gobierno. La Alcaldía se encarga de garantizar los derechos fundamentales, realizando brigadas de salud y suministrando agua a través de la empresa de servicios públicos.
“Todavía no me siento acompañado del Gobierno Nacional, por eso se declaró la emergencia pública con motivo de que el Estado mire hacia acá y nos ayude a superar esta problemática y envíe los recursos necesarios para que estas personas que están en nuestro territorio sean atendidas de alguna forma”, acotó el alcalde Abuchar Hernández.
Esta semana, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, indicó que la Cancillería atenderá esta problemática y ayudará al alcalde municipal para enfrentar la situación. Según el mandatario, Colombia no ha sido tierra de paso para los migrantes, lo que representa una nueva dificultad.
“Es un problema de legislación nuestra, tenemos que cambiar la legislación para ser más efectivos en el control de ese tipo de inmigrantes que generan problemas a los alcaldes en las ciudades donde se ubican”, añadió Santos.
Sin embargo, hasta el momento, la Cancillería colombiana no se ha pronunciado al respecto. Incluso, EL COLOMBIANO se comunicó con un funcionario de la entidad y la respuesta fue que el tema es trabajado desde Migración Colombia.
La deportación
Christian Krüger Sarmiento, director de Migración Colombia, expuso que como autoridad migratoria deben cumplir con un acto legal, el cual les indica que, “cuando encontramos un migrante irregular la situación jurídica es la deportación o la expulsión de nuestro territorio”.
Según Krüger, para adelantar el proceso, se debe ingresar a la bodega, la cual pertenece a un privado y por eso se debe solicitar una orden judicial. La deportación implica enviar a los migrantes al país de origen, en este caso Cuba, o a la frontera por la que ingresaron al país, que es al suroccidente colombiano, el límite con Ecuador.
Para estos casos, Migración trabaja en asocio con la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y aerolíneas comerciales. Igualmente, cuando el territorio es cercano, se contrata transporte terrestre para llevarlos a la frontera.
En los últimos dos meses se han deportado más de 5.800 migrantes irregulares.
CIDH revisaría el caso
Después de las declaraciones de Migración, el estudiante de derecho de la Universidad de Antioquia Wálter Leandro Aguirre presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argumentó que la deportación viola el debido proceso y los derechos fundamentales de la población migrante.
“La justicia colombiana es ineficiente, no tiene interés en solucionar los problemas ni colaborarle a la población cubana, por eso se decidió interponer una solicitud de medida cautelar para que la Comisión se pronuncie sobre la situación de los cubanos”, sustentó Aguirre.
El documento fue radicado el 27 de julio por el estudiante, quien hace un par de meses le ha hecho seguimiento a la problemática, en compañía de Juan Arturo Gómez, estudiante de Comunicación Social-Periodismo de la misma universidad en la sede Urabá.
La propuesta de los cubanos es establecer un puente internacional, pero necesitan ser escuchados por una entidad nacional para llegar a un acuerdo, pues aunque algunas entidades del Gobierno se han manifestado sobre el tema, pocos han visitado a Turbo.
“La Cancillería y el Gobierno deberían demostrar que este es un Estado social de derecho y no expulsarlos sino ayudarlos a construir puentes democráticos con los demás gobiernos para que se abran las fronteras a las poblaciones”, sustentó Aguirre.
Además, la comunidad cubana, en cabeza de Juan Arturo Gómez, interpuso una acción de tutela el pasado viernes. En ella se dirigen a la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Turbo.
Los isleños se refirieron, a través de cartas, a los tres organismos y nunca respondieron. Lo que corresponde a un derecho de petición y no cumplirlo va en contra de los derechos fundamentales, indicó Aguirre. El documento se radicó en los juzgados de Turbo y se trasladó a Bogotá. Aún se desconoce cuál entidad asumirá el proceso.
