Hace cuatro años, cuando finalizaron las campañas electorales, la Fiscalía alertó que 32 de los 125 alcaldes de Antioquia empezaban sus períodos con indagaciones en curso.
A punto de terminar el mandato, dos de ellos ya fueron condenados y destituidos (Yalí y Nechí), otro está capturado y en prisión (El Bagre); y uno más fue capturado pero dejado en libertad, aunque sigue vinculado a la investigación (Jardín). Pero adicional, cinco alcaldes que ni siquiera figuraban entre los investigados fueron detenidos y uno de ellos, el de Bello, condenado (ver abajo).
El tema adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que para las elecciones de octubre hay más de 170.000 candidatos inscritos y que Antioquia encabeza la lista de aspirantes inhabilitados (ampliación en: Qué sigue).
La semana que pasó, un juez ordenó la libertad para los implicados en el caso denominado “Contraloría de bolsillo”, una investigación de la Fiscalía que busca establecer si hay una red de corrupción, que involucra a tres alcaldes y al contralor departamental, entre otros.
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Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, aseguró que este es tal vez uno de los cuatrienios de gobierno más sacudidos por la corrupción, pues no solo hay actuaciones de la Procuraduría —que sanciona el comportamiento irregular de los funcionarios— sino también procesos penales.
“Es posible que haya falta de conocimiento de los alcaldes para llegar a los cargos, o que la corrupción permeó demasiado. Hay muchos alcaldes capturados, y casi todos están por concierto para delinquir o indebida contratación”, dijo.
Los procesados
La lista de la Fiscalía, publicada el 27 de diciembre de 2015, relacionaba que el más investigado era Miguel Enrique Franco Menco, elegido para gobernar Nechí, en el Bajo Cauca, y hoy condenado por la Corte Suprema de Justicia (ver abajo).
El segundo con más investigaciones era Hugo Botero López, de La Unión, en el Oriente. Al mandatario le figuraban dos indagaciones por irregularidades en la contratación y tres más por presuntos delitos contra el patrimonio público.
“Atendí todos los requerimientos y logré demostrar que ese reguero de cosas no eran. Esos procesos están cerrados porque lo que decían no correspondía con la realidad”, dijo el alcalde, quien atribuyó las acusaciones a estrategias políticas usadas por contradictores para hacerle daño y perjudicar su imagen.
El tercer alcalde con más procesos activos en la Fiscalía al momento de su posesión, era Édgar Alirio González Agudelo, de Maceo, en el Nordeste. En los registros aparecía relacionado con un presunto porte de armas, concierto para delinquir, irregularidades en la contratación y supuestos delitos contra el patrimonio público. El 22 de julio de 2017, mientras estaba en Barranco de Loba, Bolívar, el mandatario fue capturado por tentativa de secuestro, con base en una orden emitida por el Juzgado Sexto de Medellín, con fecha del 1 de agosto de 2016.
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En su momento, el funcionario explicó que “nunca había sido requerido por autoridad judicial alguna” por esos hechos. En el mismo comunicado, expedido por la Alcaldía, aclaró que tres de las investigaciones por delitos contra la administración pública correspondían a hechos ocurridos en 2001 “cuando ni siquiera había sido candidato o funcionario público y me dedicaba a negocios particulares”.
Los otros mandatarios que figuraban entre los investigados y que están o fueron capturados son los de Yalí, Raúl Hernando Roldán Pérez; El Bagre, Ángel Mesa Castro; y Jardín, William Rendón Agudelo.
El primero fue condenado en 2018 y reemplazado mediante un proceso de elecciones atípicas (ver abajo).
Mesa, de El Bagre, fue capturado por el CTI de la Fiscalía el 15 de noviembre de 2018 por presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público que, según la Fiscalía, generaba sobrecostos en el servicio de hasta el 300 % para los ciudadanos. El mandatario obtuvo el beneficio de casa por cárcel y su proceso fue enviado al Juzgado 1 Promiscuo del Circuito de El Bagre, según reportes de la Judicatura.
Finalmente, el alcalde de Jardín estuvo detenido durante dos semanas por el caso “Contraloría de Bolsillo”, que compromete a funcionarios de esa entidad en Antioquia. El juez de control de garantías lo dejó libre, pero la decisión fue apelada por la Fiscalía.
Casos nuevos
Ninguno de los alcaldes del Valle de Aburrá estaban bajo la lupa de la Fiscalía cuando comenzó el cuatrienio (1 de enero de 2016). Sin embargo hoy dos de ellos están detenidos y uno más, el de Bello, ya fue condenado (ver abajo).
El 18 de octubre de 2018 el CTI detuvo al alcalde de Barbosa, Édison García Restrepo, y a otros ocho funcionarios, incluida su esposa, Dubernely Jiménez, señalados de presuntamente conformar una red de empresas de papel que contrataban con el municipio.
A García, que ganaba $6,6 millones mensuales, le fueron embargados nueve predios y 10 vehículos avaluados en $6.160 millones. Hoy está en la cárcel de Yarumito, mientras avanza el juicio.
En casa por cárcel permanece el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, acusado de tráfico de influencias y concusión. Su captura se produjo el 22 de noviembre de 2018.
Y en enero de 2018, el mismo CTI de la Fiscalía capturó al alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, y lo acusó de concierto para delinquir agravado. Al mandatario se le vincula con el Clan del Golfo pues, según los investigadores, “sus decisiones se tomaron para favorecer al grupo criminal”.
