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La corrupción que “gobierna” en varios municipios de Antioquia

  • En los últimos tres años, 10 alcaldes de Antioquia han sido capturados. En 49 días habrá nuevas elecciones. FOTO SHUTTERSTOCK.
    En los últimos tres años, 10 alcaldes de Antioquia han sido capturados. En 49 días habrá nuevas elecciones. FOTO SHUTTERSTOCK.
Vanesa Restrepo | Publicado el 09 de septiembre de 2019

Hace cuatro años, cuando finalizaron las campañas electorales, la Fiscalía alertó que 32 de los 125 alcaldes de Antioquia empezaban sus períodos con indagaciones en curso.

A punto de terminar el mandato, dos de ellos ya fueron condenados y destituidos (Yalí y Nechí), otro está capturado y en prisión (El Bagre); y uno más fue capturado pero dejado en libertad, aunque sigue vinculado a la investigación (Jardín). Pero adicional, cinco alcaldes que ni siquiera figuraban entre los investigados fueron detenidos y uno de ellos, el de Bello, condenado (ver abajo).

El tema adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que para las elecciones de octubre hay más de 170.000 candidatos inscritos y que Antioquia encabeza la lista de aspirantes inhabilitados (ampliación en: Qué sigue).

La semana que pasó, un juez ordenó la libertad para los implicados en el caso denominado “Contraloría de bolsillo”, una investigación de la Fiscalía que busca establecer si hay una red de corrupción, que involucra a tres alcaldes y al contralor departamental, entre otros.

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Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de Gobierno de Antioquia, aseguró que este es tal vez uno de los cuatrienios de gobierno más sacudidos por la corrupción, pues no solo hay actuaciones de la Procuraduría —que sanciona el comportamiento irregular de los funcionarios— sino también procesos penales.

“Es posible que haya falta de conocimiento de los alcaldes para llegar a los cargos, o que la corrupción permeó demasiado. Hay muchos alcaldes capturados, y casi todos están por concierto para delinquir o indebida contratación”, dijo.

Los procesados

La lista de la Fiscalía, publicada el 27 de diciembre de 2015, relacionaba que el más investigado era Miguel Enrique Franco Menco, elegido para gobernar Nechí, en el Bajo Cauca, y hoy condenado por la Corte Suprema de Justicia (ver abajo).

El segundo con más investigaciones era Hugo Botero López, de La Unión, en el Oriente. Al mandatario le figuraban dos indagaciones por irregularidades en la contratación y tres más por presuntos delitos contra el patrimonio público.

“Atendí todos los requerimientos y logré demostrar que ese reguero de cosas no eran. Esos procesos están cerrados porque lo que decían no correspondía con la realidad”, dijo el alcalde, quien atribuyó las acusaciones a estrategias políticas usadas por contradictores para hacerle daño y perjudicar su imagen.

El tercer alcalde con más procesos activos en la Fiscalía al momento de su posesión, era Édgar Alirio González Agudelo, de Maceo, en el Nordeste. En los registros aparecía relacionado con un presunto porte de armas, concierto para delinquir, irregularidades en la contratación y supuestos delitos contra el patrimonio público. El 22 de julio de 2017, mientras estaba en Barranco de Loba, Bolívar, el mandatario fue capturado por tentativa de secuestro, con base en una orden emitida por el Juzgado Sexto de Medellín, con fecha del 1 de agosto de 2016.

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En su momento, el funcionario explicó que “nunca había sido requerido por autoridad judicial alguna” por esos hechos. En el mismo comunicado, expedido por la Alcaldía, aclaró que tres de las investigaciones por delitos contra la administración pública correspondían a hechos ocurridos en 2001 “cuando ni siquiera había sido candidato o funcionario público y me dedicaba a negocios particulares”.

Los otros mandatarios que figuraban entre los investigados y que están o fueron capturados son los de Yalí, Raúl Hernando Roldán Pérez; El Bagre, Ángel Mesa Castro; y Jardín, William Rendón Agudelo.

El primero fue condenado en 2018 y reemplazado mediante un proceso de elecciones atípicas (ver abajo).

Mesa, de El Bagre, fue capturado por el CTI de la Fiscalía el 15 de noviembre de 2018 por presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público que, según la Fiscalía, generaba sobrecostos en el servicio de hasta el 300 % para los ciudadanos. El mandatario obtuvo el beneficio de casa por cárcel y su proceso fue enviado al Juzgado 1 Promiscuo del Circuito de El Bagre, según reportes de la Judicatura.

Finalmente, el alcalde de Jardín estuvo detenido durante dos semanas por el caso “Contraloría de Bolsillo”, que compromete a funcionarios de esa entidad en Antioquia. El juez de control de garantías lo dejó libre, pero la decisión fue apelada por la Fiscalía.

Casos nuevos

Ninguno de los alcaldes del Valle de Aburrá estaban bajo la lupa de la Fiscalía cuando comenzó el cuatrienio (1 de enero de 2016). Sin embargo hoy dos de ellos están detenidos y uno más, el de Bello, ya fue condenado (ver abajo).

El 18 de octubre de 2018 el CTI detuvo al alcalde de Barbosa, Édison García Restrepo, y a otros ocho funcionarios, incluida su esposa, Dubernely Jiménez, señalados de presuntamente conformar una red de empresas de papel que contrataban con el municipio.

A García, que ganaba $6,6 millones mensuales, le fueron embargados nueve predios y 10 vehículos avaluados en $6.160 millones. Hoy está en la cárcel de Yarumito, mientras avanza el juicio.

En casa por cárcel permanece el alcalde de Envigado, Raúl Cardona, acusado de tráfico de influencias y concusión. Su captura se produjo el 22 de noviembre de 2018.

Y en enero de 2018, el mismo CTI de la Fiscalía capturó al alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, y lo acusó de concierto para delinquir agravado. Al mandatario se le vincula con el Clan del Golfo pues, según los investigadores, “sus decisiones se tomaron para favorecer al grupo criminal”.

Contexto de la Noticia

ANÁLISIS La ética y la honestidad en los candidatos / Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

La investigación a representantes elegidos no es exclusiva de Antioquia. En Transparencia por Colombia, de más de 300 casos reportados por la prensa que analizamos este año, identificamos que en por lo menos 30 % de esas situaciones había alcaldes involucrados, y en un porcentaje muy similar aparecían concejales. A veces pensamos que las elecciones se reducen a un voto, pero si somos más conscientes de que estamos eligiendo a quienes nos van a gobernar y las decisiones sobre los recursos públicos, podemos aportar a prevenir en el futuro situaciones de corrupción.

A la hora de votar además del ejercicio informado que significa conocer la hoja de vida y los programas de gobierno, es importante exigirles acciones más transparentes a los candidatos y eso se traduce en tres cosas: que podamos conocer cuáles son sus intereses o fuentes de financiación (a quiénes van a defender); cuáles sus bienes, rentas y de dónde sale su patrimonio; y qué tanto cumplen sus deberes con el Estado en pago de impuestos, multas y declaración de renta.

Es fundamental saber quiénes están haciendo aportes a las campañas de los candidatos y cómo se utilizan esos recursos. En un análisis que hicimos de las elecciones en 2018 al Congreso encontramos que 27 % de las personas jurídicas y 15 % de las naturales que habían financiado tenían contratos con el Estado en el año previo, muchos bajo contratación directa. Eso aunque no es necesariamente ilegal, sí prende alarmas porque, como lo han expuesto los órganos de control, posiblemente estemos ante carteles de contratistas que financian campañas para luego asegurar que recibirán los contratos.

El Consejo Nacional Electoral tiene el aplicativo web Cuentas Claras en el que cualquier ciudadano puede consultar, pues los candidatos están obligados a reportar sus ingresos y gastos.

¿qué sigue? lupa a actuales candidatos

La Fiscalía informó que aún no se ha completado la revisión de la lista de candidatos para los comicios de octubre. Según la Registraduría, en todo el país se inscribieron 117.822 candidatos: 176 a gobernaciones, 5.187 a alcaldías, y el resto se reparten entre concejos, asambleas y juntas administradoras locales. Entre tanto la Procuraduría reportó que entre todos los inscritos hay 694 candidatos inhabilitados, de los cuales 602 aspiran a concejos, 46 a juntas locales, 20 a alcaldes y 11 a diputados. Antioquia es el departamento con más inhabilitados, con 10,8 %, seguido por Cundinamarca (10,4 %) y Valle (8,2 %).

Los condenados / Bello (Valle de Aburrá). César Suárez Mira.

Partidos Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical. Falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. El Juez 20 Penal del Circuito de Medellín declaró a César Suárez Mira, alcalde de Bello, culpable de los delitos de falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. En consecuencia, lo condenó a 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria, con el pago de una fianza de $4.140.000. En el juicio se comprobó que Suárez no culminó sus estudios de bachillerato, pues se retiró cuando cursaba octavo grado, en 1978. En 1997 el hoy exalcalde inició sus estudios de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia y presentó el diploma de un colegio llamado Bolívar que ya no existe. Y aunque el título de bachillerato no es un requisito para posesionarse como alcalde, la falsificación del documento privado llevó a que se presentaran irregularidades en los documentos públicos con los que Suárez se posesionó como concejal de Bello, funcionario del Consejo Superior de la Judicatura, la Contraloría Departamental y la Alcaldía de Bello. Suárez fue capturado por agentes del CTI, en su propio despacho, en diciembre de 2016 y estuvo en prisión domiciliaria hasta diciembre de 2017, cuando culminó la investigación. Tras la condena, se ordenó su destitución como alcalde y tras analizar una terna presentada por el partido Conservador, que dio el aval principal, el pasado 10 de julio el gobernador nombró como alcaldesa a Adriana Salas, quien se desempeñaba como secretaria de gobierno de Suárez.

Los condenados / Yalí (nordeste). Raúl Roldán Pérez.

Partido Conservador. Peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Raúl Roldán fue condenado a seis años de prisión domiciliaria por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. El 24 de mayo de 2018 el CTI capturó a quien para entonces era alcalde de Yalí, en cumplimiento de una orden expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Según la investigación de la Fiscalía, el 10 de junio de 2006 —cuando Roldán también fungía como alcalde— celebró un contrato por $6,5 millones para el mantenimiento de tres acueductos veredales. El convenio fue firmado con una cooperativa local y pese a que no se ejecutaron las obras, la administración municipal pagó la totalidad del dinero. Por los mismos hechos también fue condenado a cinco años de prisión Norman Darío Pérez Posada, exsecretario de Planeación Municipal y quien sirvió como supervisor del contrato. Como faltaba más de un año para finalizar el período, por ley se convocó a nuevas elecciones y el 19 de agosto de 2018 los yaliceños eligieron a la contadora pública Sandra Milena Ramírez, del Partido Conservador, como su nueva alcaldesa. La Registraduría informó que de los 6.121 ciudadanos habilitados para votar, 3.192 acudieron las 13 mesas de votación; es decir, sufragó el 52,98% del potencial. Ramírez ganó con el 55,16 % del total de votos válidos. Según fuentes de la Gobernación, Roldán cumple su condena en una vivienda de su propiedad ubicada en Yalí.

Los condenados / Nechí (Bajo Cauca). Miguel Enrique Franco.

Partido Opción Ciudadana. Prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo. A Franco le figuraban activos, al momento de su posesión, ocho expedientes: cuatro por irregularidades en procesos de contratación durante su anterior alcaldía (2008 - 2011), dos por delitos contra el patrimonio público, una por estafa y una más por injuria y calumnia. Inicialmente fue absuelto por el Tribunal Superior de Antioquia por prevaricato por acción, pero tras una revisión del caso, la Corte Suprema de Justicia lo declaró culpable.

El 16 de marzo de 2019 —cuando aún no se conocía la condena— el mandatario sufrió un accidente de tránsito y recibió una incapacidad que se fue postergando por tres meses. La secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Ramírez, dijo que hasta que no se hiciera efectiva la captura no podía nombrar un reemplazo, pues no se configuraba una vacancia temporal o definitiva. Por eso ofreció una recompensa de $20 millones para quien diera información de su paradero.

El pasado 21 de julio, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Fuerza de Tarea Aquiles, fue capturado en una finca de la vereda La Trinidad de Nechí. La Gobernación de Antioquia reportó que ya fue nombrado como alcalde encargado el ingeniero Francisco José Zuleta.

Ómar Jiménez, vocero del partido Opción Ciudadana, informó que el 4 de septiembre se radicó la terna de candidatos para nombrar a quien gobernará hasta diciembre. En la lista están Homer Gil Menco, María del Rosario Zabaleta y Rosibeth Rojas.

INFORME el ente que vigila también está bajo la lupa

· El control fiscal de la mayoría de municipios del departamento (con excepción de Medellín y Envigado) recae sobre la Contraloría General de Antioquia. En agosto de 2019 el titular del cargo, Sergio Zuluaga, y tres de sus auxiliares fueron capturados por corrupción. Un juez de garantías los dejó en libertad, la Fiscalía y la Procuraduría impugnaron.

· El segundo al mando de esa entidad, Rubén Darío Naranjo, se entregará a la justicia en los próximos días, confirmó su abogado Jesús Albeiro Yepes. Pese a las dudas sobre las actuaciones del ente, en abril de 2019 Naranjo le dijo a EL COLOMBIANO que había detectado irregularidades por $12.344 millones en el 30 % de municipios auditados.

Vanesa Restrepo

Periodista. Amo viajar, leer y hacer preguntas. Me dejo envolver por las historias.

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