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Aliadas o enemigas: el dilema de las ONG con la Alcaldía de Medellín

Entre varias organizaciones sociales de la ciudad de larga trayectoria, la relación con el gobierno local se convirtió en un factor de incertidumbre.

  • La Corporación Picacho con Futuro, fundada en 1987, hoy está en riesgo de desaparecer luego de que la Alcaldía le pidiera entregar su sede ubicada en el barrio El Progreso. FOTO Manuel Saldarriaga
    La Corporación Picacho con Futuro, fundada en 1987, hoy está en riesgo de desaparecer luego de que la Alcaldía le pidiera entregar su sede ubicada en el barrio El Progreso. FOTO Manuel Saldarriaga
  • En noviembre de 2021, la corporación Tallerarte por poco es expulsada también de su sede. FOTO Carlos Velásquez
    En noviembre de 2021, la corporación Tallerarte por poco es expulsada también de su sede. FOTO Carlos Velásquez
Publicado el 29 de agosto de 2022

Aliadas o enemigas, ese pareciera ser el dilema para varias organizaciones sociales y culturales de Medellín en medio de la polarización política que cada vez gana más fuerza en la ciudad.

Sin importar cuánto tiempo lleven trabajando o el impacto social que su labor implique en los territorios en los que operan, entre varias entidades de la sociedad civil las relaciones con la Alcaldía se han convertido en un factor de incertidumbre.

Aunque son muy pocas voces las que se atreven a referirse públicamente al tema, temiendo quedar expuestas y perder el favor del gobierno local, la sensación de que el Distrito premia con proyectos y presupuesto a sus aliados y castiga con indiferencia a sus voces críticas se ha vuelto el común denominador en este sector, según atestiguan varias fuentes consultadas.

Tan cerca y tan lejos

El más reciente episodio que hizo renacer el debate ocurrió el pasado viernes 12 de agosto, cuando la Alcaldía solicitó a la Corporación Picacho Con Futuro (Corpicacho) abandonar su sede ubicada en el barrio El Progreso N°. 2.

Pese a funcionar allí por más de 35 años y ser una corporación considerada como un referente de buenas prácticas, la Secretaría de Participación consideró que la corporación había incumplido con las condiciones de un comodato para estar en su sede.

Aunque dicha dependencia sostiene que el incumplimiento se habría dado por la apertura de un café, con en el que la fundación estaría incurriendo en un “aprovechamiento económico” no autorizado, en ese territorio la medida fue vista como desproporcionada y dejó la sensación de que la Alcaldía aplica raseros diferentes con las ONG.

Según coinciden varias fuentes de las comunas 6 (Doce de Octubre) y 5 (Castilla), mientras Corpicacho está en peligro de desaparecer y ha visto reducido sus proyectos y recursos provenientes de la Alcaldía, un puñado de por lo menos otras cinco organizaciones de esa misma zona, abiertamente más cercanas al gobierno y políticos afines al alcalde, han sido fortalecidas con proyectos y presupuesto.

En el caso de Corpicacho, además, otro factor que se suma a las suspicacias es su pertenencia a la Veeduría Todos por Medellín, creada con la misión de hacer control político a la administración y que públicamente ha sido señalada por el propio alcalde Daniel Quintero como una iniciativa enemiga a su proyecto político.

Además del presupuesto, según plantean otras voces en ese territorio, ser aliado o crítico tiene también repercusiones en las relaciones administrativas. Mientras los primeros gozan de un trato directo y fluido, los segundos ven trabas en su funcionamiento.

Sobre este último factor, otro caso que el año pasado cobró relevancia se produjo a pocos metros de la sede de Corpicacho, en la Institución Educativa Progresar, cuando la fundación Tallerarte también estuvo a punto de ser expulsada de un espacio acondicionado en esa institución.

Camila Flórez, líder de esa organización, asegura que aunque no tiene certeza de que otras entidades tengan un trato especial y otras sean castigadas, desde al año pasado su relación con la Alcaldía sí se ha vuelto uno de los principales factores de incertidumbre.

A pesar de haber emprendido una cruzada por evitar que la organización termine desapareciendo tras 28 años de trabajo, explica que desde finales del año pasado aún no ha logrado llegar a un acuerdo con la Alcaldía para permanecer en su espacio con un contrato de comodato.

“No siento que haya un diálogo entre las organizaciones del territorio y la administración”, opina Flórez. “Para nosotros a veces es como una olla a presión, porque sabemos que con cualquier movimiento podríamos quedarnos sin sede”, agrega, explicando que los canales de comunicación con el Distrito son muy difíciles.

Al ser consultado sobre esta percepción, Carlos Monsalve Roldán, director ejecutivo de la Federación Antioqueña de ONG, planteó que casos como el ocurrido con el Jardín Botánico en 2021 y el de la Corporación Picacho muestran que desde el gobierno local hay dificultades de fondo para entender la función de las organizaciones sociales.

Pese a sostener no estar de acuerdo con la hipótesis de que la Alcaldía toma represalias o afecta el funcionamiento de las ONG que no le son cercanas, Monsalve asegura que el diálogo entre el gobierno y estas sí puede mejorar ostensiblemente.

“En esa relación con el Estado puede que haya momentos de mayor cercanía o de menor cercanía, pero lo que siempre se espera es que el Estado procure reconocer la labor de las organizaciones sociales, protegerlas y cuidarlas. Por eso Medellín tiene una política pública de fortalecimiento de las organizaciones sociales”, plantea. “Creo que la invitación debe ser a que este gobierno reconozca esa diversidad del sector social”, agrega.

Para conocer su versión sobre el tema, este diario solicitó una entrevista con algún portavoz de la Secretaría de Participación Ciudadana; sin embargo, la entidad solo entregó un documento escrito en el que reseñó cómo avanzaban las conversaciones con Corpicacho, señalando se estudian alternativas para su comodato (ver Paréntesis).

“Desde la Secretaría Participación Ciudadana continuamos generando espacios de diálogo en pro del beneficio de las más de 3.000 organizaciones sociales caracterizadas, las 473 Juntas de Acción Comunal, y los 145 Ediles y Edilas que conforman las 21 Juntas Administradoras Locales y los más de 700 Consejeros Comunales y Corregimentales de Planeación”, expresó esa dependencia

3.000
organizaciones sociales tiene en sus registros la Alcaldía de Medellín.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Corpicacho sigue en diálogos

De acuerdo con la Secretaría de Participación, el 22 de agosto se realizó la última mesa de trabajo entre la Alcaldía y Corpicacho, en la que se discute la permanencia de esa organización en su sede y su permiso para poder buscar fuentes de financiación alternas en ese espacio. En aquella mesa, la última propuesta que se estudia es que esa corporación firme un nuevo contrato de comodato con una secretaría diferente a la de Participación; sin embargo, la idea aún no está en firme. Esta semana se espera que Corpicacho realice una asamblea interna para discutir el tema.

Jacobo Betancur Peláez

Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.


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