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Antioquia: 1.024 sedes escolares tienen deterioro
Las principales necesidades son reparación, mantenimiento y ampliación. Secretaría de Educación dice que necesita $2 billones para intervención.
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El techo de la sede principal de la Institución Educativa José María Villa (Sopetrán) se está
cayendo y representa riesgo para las personas y algunos equipos. FOTO julio césar herrera
El deterioro que registran las instituciones educativas del Departamento es de tal magnitud que, de las 4.335 sedes que tiene Antioquia, 1.024 presentan algún problema, es decir el 23,6 requieren atención urgente.
Y para remediar esta situación, que no es nueva ni reciente, se necesitan más de dos billones de pesos y varios periodos gubernamentales, según el secretario de educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonnet.
“Ni en esta, ni en la próxima, ni en la administración que sigue se va a solucionar el problema”, argumentó el funcionario.
Las principales necesidades son mantenimiento general, ampliaciones, reparaciones, construcción de áreas recreativas y aulas nuevas para la implementación de la jornada única.
Según la Secretaría de Educación, Bajo Cauca y Urabá son las regiones con mayores problemas.
Problemas
Uno de los casos más representativos es el de la sede principal del colegio José María Villa, en Sopetrán.
El pasado viernes, EL COLOMBIANO visitó este municipio del Occidente y constató la precaria medida para sostener una parte del techo (ver fotografía).
La rectora, Piedad Higuita Campo, informó que la edificación tiene 76 años y como está construida con tapia, la lluvia afecta la estructura y agrava el problema.
Yeison Paniagua, alcalde de Sopetrán, reveló que en el segundo semestre empezará la intervención en ese colegio.
La Secretaría de Educación, por su parte, recomendó a la administración municipal desalojar el sector afectado. “El municipio presentó la totalidad de los requisitos de formulación del proyecto de intervención, el cual se encuentra en revisión por parte de la Secretaría”.
Pero esa no es la única dificultad que enfrenta el colegio: en febrero de 2016, un techo de otra sede se vino al piso, hecho en el que resultaron heridos dos niños, lo que obligó a su cierre y será demolida en próximos meses.
Líos en otras zonas
Las dificultades en otras regiones del departamento son diferentes.
Nelson William Méndez, rector de la institución educativa Lorenzo Yalí, se queja porque una de sus sedes, el Centro Educativo Rural La Brillantina, se inunda totalmente cuando llueve, mientras la sede La Argentina tiene averías en pisos y paredes por una falla geológica. A otras escuelas de ese municipio del Nordeste antioqueño les falta pintura y presentan dificultades en las baterías sanitarias.
Destacó que la administración de Yalí ha manifestado estar lista para solucionar los daños, pero gestiona recursos para atenderlos.
Luz Dary Torres, secretaria de Educación de Campamento, se lamentó porque 19 colegiales asisten a clase en una caseta improvisada ubicada en la zona rural. “Los alumnos no tienen unidades sanitarias”.
Por la necesidad apremiante de construir una nueva sede, se tocan las puertas del sector oficial y privado. “Esperamos la aprobación de un presupuesto del Comité Departamental de Cafeteros, porque el gremio nos expresó su intención de ayuda”, dijo.
Los alumnos que asisten al colegio, ubicado en la vereda El Carriel, deben ser reubicados por los problemas de infraestructura: dificultades en tejados, pisos, paredes y canalización inapropiada de las aguas no permiten estudiar en sus instalaciones.
Los escolares residen en zonas apartadas de la cabecera municipal. “Los niños no tienen otra opción y por eso deben estudiar en estas escuelas. En la institución ubicada en San Pablo, cuando llueve, cae más agua dentro que fuera”, aseguró la señora Torres.
Pero, aseguró, la administración municipal ya consiguió 200 millones de pesos, recursos que se invierten en reformas y construcción de nuevas aulas.
Calidad educativa
Pero, ¿cómo incide el deterioro de las sedes en la calidad educativa?
Según, Diana Paola Basto, directora de educación de Proantioquia, “la infraestructura en los procesos educativos juega un papel preponderante, porque de alguna manera es la garantía de unas condiciones dignas para recibir unos aprendizajes”.
Para la experta, si son situaciones muy críticas, la salud e integridad de las personas a veces corre riesgo. “Si la cubierta no está en buen estado, puede caer una parte del tejado encima de colegiales y profesores”.
No obstante, aclaró que la buena calidad de los edificios juega un papel importante, pero no lo es todo, pues hay otras variables preponderantes, como maestros bien formados y textos adecuados.
Para Carolina Jaramillo Ferrer, directora de la Fundación Argos, a veces, existe relación entre el sanitario dañado y la asistencia de las menores a la escuela. “Las niñas no usan el baño cuando está sucio. Ellas van al de su casa, y en algunas oportunidades, no regresan a clase. Para los niños no es tan problemático”.
Respuesta a los líos
Sobre la problemática y las quejas del sector educativo, la Gobernación informó que, en 2016, terminó obras en 45 establecimientos de 27 municipios por valor de $66.000 millones. Adicionalmente, la oficina invirtió $28.000 millones en mejoramiento. De esa cifra $15.000 millones se destinaron a colegios con miras a implementar la jornada única, en la que los escolares permanecen en las aulas al menos siete horas al día.
Estos últimos recursos forman parte de un convenio con el Ministerio de Educación.
La secretaría a cargo de Néstor Restrepo dijo que recibió, para ser revisados, 544 proyectos de las 1.024 sedes con necesidades de intervención urgente.
Las reparaciones se adelantarán en el segundo semestre, puntualizó la Secretaría de Educación
En medio de las quejas de la comunidad educativa, la Gobernación reconoce que cerca del 50 % de las exigencias corresponden a mantenimiento, debido a que las construcciones son antiguas, y que cerca del 90% están en el sector rural, con difícil acceso.
$18.913
millones es el presupuesto para mantenimiento de los colegios en 2017.
$52.967
millones se destinan para intervenir 12 establecimientos con miras a la jornada única.
