Una organización criminal mantiene sometida a una comunidad del occidente de Medellín desde hace 10 años, con un control social tan arraigado, que no hay actividad económica en la que no clave los dientes para extraer rentas ilícitas, vende los terrenos para las construcciones clandestinas y regula las conexiones a los servicios de acueducto y electricidad.
Se trata de “el Acopio”, cuyos alcances quedaron expuestos en una reciente investigación de la Fiscalía que llevó a prisión a siete de sus integrantes, incluyendo a la presidenta de una Junta de Acción Comunal (JAC) que, camuflada en sus funciones de líder, les ayudaba a los delincuentes a dominar a la población.
EL COLOMBIANO tuvo acceso al expediente del caso, detallado en las audiencias públicas contra este grupo de aproximadamente 100 miembros (40 en prisión), cuya base de operaciones está en la frontera de la comuna 7 (Robledo) con el corregimiento San Cristóbal. Su dominio abarca los barrios Aures N°1 y N°2, y los sectores El Depósito, La curva de Paco, La Torre, La curva de Dimas y El Chispero; asimismo, en dos barriadas de invasión localizadas en la vereda El Picacho de San Cristóbal, que los residentes denominan veredas Paraíso N°1 y N°2.
Según el ente acusador, “el Acopio” es una de las bandas confederadas en la “GDO Robledo” (Grupo Delincuencial Organizado), que articula a varios grupos en el costado occidental del río Medellín. Igual que otras estructuras, administra plazas de vicio y cobra extorsión, pero su influencia va más allá, producto del miedo que, a punta de pistola, ha inoculado en la comunidad.
Depredación financiera
Interceptaciones de llamadas, testimonios y documentos incautados por la Fiscalía señalan que las tiendas más pequeñas pagan $30.000 semanales de “vacuna” extorsiva; los parqueaderos y otros locales comerciales, $200.000 cada ocho días; las empresas de arepas, $1’500.000 al mes; las volquetas que suben material a esa zona, $100.000 por viaje; los contratistas de empresas de telecomunicaciones que llegan a instalar servicios de TV e internet, $200.000 al mes; y según la cantidad de máquinas tragamonedas que tengan las tabernas y billares, pagan entre $100.000 y $840.000 mensuales.
De los cobros ni siquiera se salvan las personas que lavan vehículos en los parqueaderos, y aunque algunas son mendigas y duermen en la calle, tienen que pagar $30.000 semanales. Quien no cumpla la cuota, se expone a amenazas, una paliza, desplazamiento forzado o la muerte.
El gremio del transporte público es de los más golpeados: a 33 buses alimentadores del metro y de la ruta 250 Robledo Aures, “el Acopio” les cobra $190.000 semanales a cada uno, sin importar si el automotor está varado o no.
Un transportador, víctima de esta situación, les contó a los investigadores: “Para las fechas especiales, como el Día de la Virgen del Carmen (16 de julio), nos cobran por aparte una suma de $100.000 a $150.000 por vehículo, o sea que esa semana nos toca dar $340.000 aproximadamente, incluida la vacuna de la semana. Eso no es que uno quiera, ellos lo obligan a uno”.
Incluso a los taxis del acopio de la Terminal del Norte, en el barrio Caribe, les cobran sumas que en conjunto ascienden a $1’300.000 al mes.
¿Los “dueños” de la tierra?
Si bien los asentamientos Paraíso N°1 y N°2 están ubicados en San Cristóbal, debido a su proximidad parecen zonas de expansión de Aures N°2. Este proceso de urbanización ilícita ha sido liderado por “el Acopio” en la última década.
Un reporte del Equipo de Pérdidas de Distribución de Energía de EPM, citado en el expediente, contabilizó 1.383 viviendas (con corte a enero de 2020), y la mayoría son ranchos con techo de zinc y material reciclado.
El terreno invadido pertenece a la empresa Administradora El Picacho y Cía. Ltda. (matrícula inmobiliaria N° 01N-5331789). Allí la presencia estatal es escasa, lo que ha facilitado que la banda divida el área en lotes, para venderlos entre $5’000.000 y $22’000.000, según la ubicación y el tamaño.
Además de esto, si alguno de los compradores del lote vende después su propiedad, “el Acopio” le cobra una tarifa que va de $700.000 a $5’000.000; y algunas casas que son de la banda, las arriendan por $300.000.
“El Acopio” regula las conexiones ilegales de estos ranchos a los postes de energía y los tanques de agua de EPM ubicados en Aures. Cada casa paga entre $20.000 y $30.000 por el “servicio”, y si un ciudadano se conecta sin autorización, la multa es de $300.000.
Por estas usurpaciones, EPM calculó sus pérdidas en $2.239’383.818 en energía (entre 2016 y 2019), mientras que por el agua son $899’448.071 anuales desde 2016.
La Fiscalía sostiene que en estas regulaciones era clave Martha Rubiela Quintero Castañeda, presidente de la JAC de Paraíso N°1 y N°2. Según dice en el expediente de la investigación: “Conocida dentro de la organización como ‘Martha la de acción comunal’, desempeña una función de vendedora de lotes, actividad supervisada por alias ‘Diego’ (cabecilla de la banda), con quien siempre trabajó mancomunadamente, ya que por la venta de lotes percibe una comisión (...). Otra función que realiza Quintero a través de la acción comunal, es el cobro por la instalación de servicios públicos. Los dineros recogidos son entregados a ‘Diego’”.
El control de “el Acopio”, cobijado en su momento por la presidente de la JAC, los llevó a cobrar multas para regular el comportamiento social, entre $100.000 y $5’000.000. Las faltas sancionadas son las riñas callejeras, hurtos, violencia intrafamiliar y escándalos en vía pública, entre otros.
En uno de los casos documentados, un hombre le mató el perro a una señora; la banda intercedió como “juez” y le ordenó al agresor pagarle $4’000.000 a la dueña, de los cuales ellos se quedaban con el 50%. En otro hecho, ocurrido en 2018, una mujer los llamó para que presionaran a su exmarido, para que en el proceso de divorcio le entregara a ella la mitad de los bienes; a cambio de esto, ofreció $2’000.000 al combo.
Respuesta de autoridades
¿Por qué los combos se interesan en el control social? ¿Acaso no es suficiente con las rentas ilegales que obtienen? Las respuestas a estos interrogantes están contenidas en el estudio “La ley de las bandas: entendiendo y contrarrestando la gobernanza criminal”, de las universidades Chicago y Eafit, cuyos hallazgos fueron publicados ayer por EL COLOMBIANO (ver el recuadro).
Uno de los investigadores del proyecto, Benjamin Lessing, le contó a este diario que “se presume que los combos solo gobiernan para cobrarle ‘vacuna’ a la población, y es cierto que lo hacen, pero hay motivos más fuertes: si uno ‘gobierna’ su territorio bien, la Policía no tiene motivos para ingresar. No hay peleas ni desorden, y la gente no llama a la Policía porque el combo resuelve los problemas. Así, la banda tiene el camino libre para administrar sus negocios, como las plazas de vicio” o, en este caso, la venta de lotes y conexiones de agua y energía.
La investigación de la Fiscalía derivó en la captura de siete personas hace cuatro meses: el presunto cabecilla Giovanny Largo Úsuga (“Yoa”); los integrantes Edwin González (“Pepe”), Santiago Taborda (“Santi”), Estiven Mora (“Chinga”), Alexánder Trujillo (“Truji”) y Andrés Higuita (“Chagui”); así como a Martha Quintero, de la JAC, quien fue la única que aceptó el cargo por concierto para delinquir.
Los demás fueron imputados por concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, desplazamiento forzado y extorsión, y fueron enviados a la cárcel por un juez.
Al preguntarse sobre las acciones adelantadas para mitigar el control que ejerce “el Acopio” en los citados vecindarios, el secretario de Seguridad de Medellín, José Acevedo, declaró: “Ellos están priorizados en nuestra estrategia contra el crimen organizado, tenemos una apuesta articulada entre la Fuerza Pública, la Fiscalía y el CTI, lo que ha permitido la captura en los últimos dos años de tres de sus cabecillas y cuatro coordinadores, entre otros integrantes”.
Precisó que luego de estas detenciones, ya identificaron al nuevo líder, “Gomelo”, quien fue incluido en el cartel de los más buscados.
“Aquí lo importante es la información que nos viene dando la ciudadanía que cree en nosotros, que sabe que el trabajo es serio, y que a veces demora un poco, pero es debido al fortalecimiento que le hacemos a las investigaciones, para que estos delincuentes no se salgan por las ramas, sino que la justicia los condene muchos años en la cárcel”.
A propósito del caso, para hoy está programada la audiencia de imputación de otros cinco miembros de “el Acopio” que ya estaban en prisión por otros delitos, entre ellos “Julito”, el encargado de las extorsiones.
La Fiscalía espera que más víctimas se atrevan a denunciar, porque la lista de crímenes de “el Acopio” es bastante extensa, como la tierra que están usurpando en la ladera de Medellín
