Las palas y herramientas que alguna vez removieron tierra en el seminario Cristo Sacerdote, de Yarumal, terminaron en una finca vecina sin ser usadas, pues las obras que allí se ejecutaron para sacar adelante una cárcel agrícola tardaron más en iniciar que en estancarse.
El testimonio es de un habitante de esa localidad del Norte, quien conoció que el proyecto que ha hecho ruido en la región durante cuatro años sería liquidado tras una petición pública que el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, le hizo al Ministerio de Justicia y del Derecho la semana pasada.
La iniciativa ha sido enlistada por la Contraloría General de la República (CGR) en el anaquel de “elefantes blancos” del departamento. A esta se suman las dificultades y retrasos en el autódromo de Bello, un plan de ciclorrutas en algunas subregiones y la construcción de la Escuela contra la Drogadicción, obras insignia de la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez, durante 2016 - 2019 (ver recuadros).
Pero el anuncio de Suárez solo se centró en la cárcel de Yarumal, quien, además de la liquidación del convenio, le pidió al MinJusticia la devolución de los recursos que aportaron la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.
El pedido no es nuevo. Pérez, quien fue un abanderado de la cárcel agrícola, también abogó por su liquidación cuando esta comenzó a estancarse. Pero la petición, como el entusiasmo con el que este anunció el convenio de obra, el 17 de julio de 2017, no pelechó. EL COLOMBIANO reconstruye los escollos que llevaron al fracaso en este proceso.
Una promesa
La idea de construir una cárcel agrícola en Yarumal nació como una opción para mitigar la crisis carcelaria que vivía el departamento en 2017. A corte de marzo de ese año, Antioquia solo tenía cupo para 8.485 internos, pero la cifra llegaba a 14.552, una sobrepoblación del 71,5 %.
A mitad de ese mes, el entonces gobernador anunció que el MinJusticia le propuso —junto a las alcaldías de Medellín y Yarumal— comprar una propiedad en la localidad del Norte, la cual sumaba 42 hectáreas, además de un seminario que podría albergar a 1.400 presos.
A Pérez le sonó la idea de esa cartera: “Sacaríamos de Medellín un número importante de detenidos, bajándole presión a la ciudad. Empezaremos pronto a negociar”. En julio de 2017, el anuncio comenzó a tomar forma con una inspección del seminario Cristo Sacerdote, de propiedad de la Diócesis de Sonsón Rionegro.
Según la CGR, en ese ejercicio se advirtió sobre la necesidad de realizar pruebas de sismorresistencia, debido a la antigüedad de la estructura. Estas, sin embargo, vinieron con posterioridad. Primero se firmó el convenio marco.
Este hecho se dio el 17 de julio de 2017, cuando el MinJusticia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec), la Gobernación y los municipios de Medellín y Yarumal firmaron un convenio con plazo de tres años, “para desarrollar estrategias encaminadas a descongestionar los centros penitenciarios y carcelarios de Antioquia”.
Tras la firma del convenio, Pérez prometió que la cárcel de Yarumal permitiría que los reclusos no salieran de las cárceles con “maestrías y doctorados en extorsión, uso de drogas e ilegalidad”. Luego, el 10 de noviembre de 2017, vino la firma de un convenio derivado. En este se definió a la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) como ejecutora del proyecto.
El plazo inicial para este último fue de 14 meses (en 2018 se amplió a 26 meses) y su valor se fijó en $65.200 millones. En principio, el MinJusticia asumió $51.200 millones, mientras la Gobernación y la Alcaldía de Medellín se comprometieron con $7.000 millones cada una.
En diciembre, antes de terminar el año, esa plata fue a una fiducia. En total, los desembolsos alcanzaron los $57.100 millones (el MinJusticia desembolsó $43.100 millones de los $51.200 pactados en principio). Llegado el 3 de enero de 2018 se oficializó la compra del predio. Este costó $8.500 millones y un mes después se hizo la escritura y se transfirió al Inpec. Los trabajos arrancaron finalmente en marzo de ese año.
Aparecen irregularidades
Un mes después, en abril de 2018, Viva contrató a Ingeniería Básica SAS para hacer el estudio de patología y vulnerabilidad estructural del seminario Cristo Sacerdote, por valor de $611 millones. El resultado de este no fue el esperado: la estructura no cumplió con las normas de sismorresistencia.
El estudio, según reportó la Uspec, arrojó la necesidad de demoler el seminario existente, el cual determinó en gran porcentaje el costo del predio. Esta versión no la compartió Julio Areiza, exalcalde de Yarumal 2016 - 2019, quien le dijo a este diario hace meses que, antes de hacer las negociaciones, sí se verificó que la edificación cumpliera con los requerimientos mínimos y la Uspec no descartó su uso.
Pero este no fue el único paso en falso. La Uspec radicó un oficio ante el MinJusticia el 19 de julio de 2018, en el que compartió las falencias encontradas en la planeación y ejecución de los convenios. Afirmó que la obra se contempló sin contar con diseños, cronograma y servicios. También reconoció que la interventoría se contrató sin las aprobaciones necesarias.
Esto llevó a que la Uspec compartiera un oficio con la Contraloría sobre un posible daño al patrimonio público, además de un memorando por supuestas faltas disciplinarias ante la Procuraduría.
En 2019, vinieron varias suspensiones del convenio, hasta que se conoció, en diciembre de ese año, que la Contraloría auditaría al Inpec y la Uspec, tras registrar siete hallazgos entre el convenio marco y el derivado. En medio de esta tormenta, el 17 de julio de 2020 expiró el plazo del convenio marco.
Voces frente a la liquidación
Debido a este panorama, EL COLOMBIANO consultó al exgobernador Pérez, quien precisó que el proyecto se atascó en el cambio de gobierno, tras la llegada del presidente Iván Duque, en 2018 — la primera suspensión fue el 28 de enero de 2019—.
“Le han puesto todos los torpedos necesarios. Algunos, más pícaros, piensan que en Bogotá quieren adjudicar la licitación. Hasta yo le envié una carta a la ministra —Margarita Cabello Blanco—, diciéndole que le habían puesto un ‘freno de bolígrafo’ a la cárcel de Yarumal”, dijo el exfuncionario.
Este le adjudicó el fracaso de la obra a la falta de voluntad del Gobierno central. Ante esta afirmación, el ministro de Justicia, Wilson Díaz Orejuela, le dijo a este diario que, desde que llegó a esa cartera, ha participado de los espacios necesarios para sacar adelante el proyecto y firmar un contrato de transacción.
La actual administración de la Uspec, a cargo de Andrés Ernesto Díaz, decidió no pronunciarse sobre las dificultades que ha tenido la iniciativa. Insistió, por el contrario, en que seguirá en la búsqueda de alternativas para garantizar su continuidad.
Pese a esto, los despachos de Seguridad de Antioquia y Medellín precisaron que no ha sido fácil encontrarle solución a las falencias cometidas en el diseño y ejecución de los convenios. Según el primero, “la Uspec, en calidad de supervisora del proyecto, no encuentra viabilidad para dar solución a las divergencias y problemáticas contractuales”.
Sobre el pedido de liquidación, el gobernador (e) Suárez le dijo a EL COLOMBIANO que buscará un espacio con MinJusticia, el Inpec y la Uspec para definir la ruta: “Es lo mejor, lo más sano y la forma de corregir el convenio firmado. Una salida en la que todas las partes queden tranquilas”.
Si se logra un acuerdo, la liquidación se tomaría a lo sumo cuatro meses, según el mandatario (e). En cuanto a los recursos, Suárez precisó que estos serían direccionados al mismo fin: combatir el hacinamiento en Antioquia.
La Gobernación no ha recibido una respuesta del MinJusticia, pero la cartera ya conoce de la solicitud. En cuanto a la calificación del proyecto como un “elefante blanco”, Suárez afirmó que, en caso de que se devuelva el bien adquirido, la entidad trabajará para que allí sí opere una cárcel. (ver ¿Qué sigue?)
Por el momento, la certeza es que las palas y herramientas que alguna vez se destinaron para la primera etapa de la "granja penitenciaria" siguen a merced del tiempo, mientras que el antiguo seminario se deteriora, en medio de la maleza.
$14.000
millones de los $65.200 fue la participación de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación.
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