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El escándalo de la firma Centros Poblados ha dominado la escena noticiosa del país por varios meses durante los cuales en informativos y corrillos se ha hablado del billón de pesos que costaba el contrato fallido para atender con puntos de internet los sitios más lejanos del territorio nacional y de los 70.000 millones de pesos que se le embolataron al país como adelanto.
Aún con toda esa exposición mediática, la Gobernación de Antioquia acaba de firmar un contrato con un consorcio al que le sirvió acreditar la experiencia de ICM Ingenieros SAS, una de las firmas involucradas en el citado descalabro. Pero ahí no para la zona oscura que hay alrededor del tema: otra compañía también relacionada con el contrato, Casco SAS., tiene en su historial una alianza con empresas de los primos Nule, los mismos que fueron condenados por el carrusel de la contratación que le esquilmó cerca de dos billones de pesos al Distrito Especial de Bogotá hace más de una década.
Lo más grave es que las obras en las que se metieron revisten una sensibilidad especial. Se trata de la ampliación y pavimentación de dos carreteables esenciales en el suroeste antioqueño, como son las vías Puente Iglesias - La Y-Líbano y La Lorena-Maratón, en Támesis, que ya habían resultado siniestradas en una primera ocasión en que se las asignaron a la empresa Ingecon, durante la gobernación de Luis Pérez.
El contrato, por más de 13.600 millones de pesos, fue suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento y el Consorcio Pavimentación Eleck el 2 de agosto pasado.
Pues resulta que los propietarios de ese consorcio son la compañía Intack (95%) y Electromontajes SAS (5%). A su vez, hasta poco después de que se iniciara el alboroto por Centros Poblados, los dueños de Intack, eran las firmas ICM y Casco (Compañía de Asesorías y Construcciones SAS), con 49% y 51%, respectivamente.
Sin embargo, desde septiembre de 2021, como para soslayar posibles impedimentos legales y el lastre reputacional, la primera de las firmas mencionadas cedió sus acciones a una persona natural.
Suena a ecuación matemática, pero en términos coloquiales, lo anterior significa que el 95% de la responsabilidad sobre dos vías esenciales para el suroeste descansa sobre una firma “hija” de dos empresas que han estado relacionadas con dos de los robos más grandes al erario en el país.
¿Pero cómo se lograron colar estas polémicas empresas en una obra que, justamente por su pasado traumático hubiera requerido de todo el cuidado para que el reinicio no se mancillara con dudas?
De acuerdo con el Secop, estas vías del suroeste salieron a licitación el 10 de junio pasado. Al concurso se presentaron 31 proponentes, entre firmas individuales y consorcios, siendo Pavimentación Eleck uno de ellos.
Y aunque después de las evaluaciones respectivas quedaron en orden de elegibilidad en los primeros puestos los consorcios Idevial y Santa Juana, Pavimentación Eleck pataleó porque, en su concepto, la primera había incurrido en causal de inhabilidad por no informar de todos los contratos que tenía en ejecución, y la segunda habría presentado precios “artificialmente bajos” en su propuesta. Curiosamente, las observaciones fueron recibidas sin ninguna objeción por parte de las afectadas, de manera que Eleck pasó a encabezar la calificación y, de carambola, finalmente a ser la ungida para firmar el contrato que tendrá que ejecutarse a más tardar en un máximo de cinco meses y medio, es decir de acá al 31 de diciembre.
En este mismo proceso estuvo el Consorcio Vial Jordán, del cual hizo parte la firma 4L Ingeniería SAS, de la cual es a su vez accionistas la firma ITC antes llamada OLT Constructores SAS, en cuya composición accionaria ha estado Otto Lascarro, mencionado igualmente en el escándalo de Centros Poblados.
Negocios de familia
La historia de Casco, indica que fue creada a principios de 2002 con un capital de $400 millones por Luis Carlos Restrepo, su hija Liliana Patricia Restrepo Ángel y otro familiar.
La entidad habría tenido un mal momento en 2019, antes de la pandemia del covid-19, pues le hicieron varios embargos, pero en un balance contable posterior registrado ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia declaró ingresos anuales por más de $9.000 millones, activos por $6.145 millones, pasivos por $2.427 millones y utilidades por $536 millones.
Este diario no pudo acceder a la composición accionaria actual de Casco por tratarse de un documento privado, pero según el Rues (Registro Único Empresarial y Social), el gerente actual es Andrés Felipe Restrepo, hermano de Liliana Restrepo y también ingeniero. Además, de acuerdo con una certificación que acompaña al concurso por las vías Puente Iglesias La Ye-Líbano y La Lorena-Maratón, quien se hizo a la participación que tenía ICM en Intack para ser hoy día socios en una proporción de 50-50 en el contrato que les representará ingresos por más de $13.600 millones, fue Liliana Restrepo.
Aún así, al ser consultada por EL COLOMBIANO el jueves pasado, Restrepo afirmó no conocer al consorcio Pavimentación Eleck y dijo no tener hoy día nada que ver con Casco. “Yo dejé de pertenecer a esa empresa hace como 20 años”, aseguró.
No obstante después aceptó que tal vez exageró “como buena paisa” tras recordarle un documento que ella firmó a nombre de Casco. Se trata justamente del contrato por $1.274 millones para actualizar los estudios y diseños previos a la construcción de la segunda calzada de la Avenida 34, entre La Aguacatala y la vía Las Palmas, para el cual esa empresa se alió con la firma Ponce de León (la proporción era de 20%-80%) ligada a los primos Guido, Manuel y Miguel Nule.
La rúbrica se produjo en el tercer trimestre de 2008 y había 8 meses para la ejecución, por lo que la finalización debió coincidir, a mediados de 2009 con el inicio del “polvorín” del Carrusel de la Contratación de Bogotá que aún tiene a los Nule pagando condenas por corrupción.
Sin embargo, no fue posible preguntarle por estos asuntos a Liliana Restrepo porque sorpresivamente la llamada se interrumpió y no volvió a contestar al teléfono.
Pero ese no fue el único enredo de la familia Restrepo Ángel con los Nule. A Juan Carlos, el hermano mayor de Liliana y Andrés Felipe, lo condenaron en 2011 por falsificar la firma de un socio en un contrato en el que su empresa, llamada Mainco, firmó e incumplió un contrato de casi mil millones de pesos en el que aparecía en unión con Mauricio Galofre, otro de los condenados por el Carrusel de Bogotá.
Ligados con escándalos
La vinculación con el escándalo de centros Poblados no solo le ha valido a ICM Ingenieros la inhabilidad para contratar con el Estado sino la enajenación de dos lotes por parte de la Contraloría General de la República. Uno de los terrenos mide 52.000 metros cuadrados, está ubicado en la zona industrial de Mosquera (Cundinamarca) y su avalúo supera los 15.700 millones de pesos. El otro es un local pequeño en Fusagasugá (también Cundinamarca).
Adicionalmente, en marzo pasado, la Superintendencia de Sociedades le impuso una multa por 300 millones de pesos por no acoger los llamados de la entidad dentro de una indagación por posible conformación de grupos empresariales. Esta decisión recayó igualmente sobre Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora, otras firmas que hacían parte de Centros Poblados.
Y no es la primera vez que esta empresa creada en mayo de 1994 figura en un escándalo de corrupción. La compañía ya había sonado en 2015, cuando el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz tuvo que renunciar al descubrirse el pago de una comisión de entre 700 y 800 millones de pesos a concejales de Bogotá y a otro funcionario por parte de ICM, en 2009, siendo él accionista de la compañía. Posteriormente, en 2010, le transfirió el derecho de propiedad a Jorge Iban Rozo Barragán, hermano de su esposa, para lanzarse a la campaña política. El desembolso se habría efectuado para asegurar un contrato de 24.000 millones de pesos por pavimentación de carreteras y luego, en 2016, por ese entuerto, Cruz fue condenado a seis años de cárcel bajo los cargos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Salió bajo libertad condicional a finales de 2019.
En papeles, la dueña del 50% de ICM es Inversiones en Infraestructura SAS, una firma representada por Jorge Iban Rozo Barragán, el cuñado de Cruz. Y en el pasado, la cabeza de esta fue la propia esposa del ex gobernador de Cundinamarca. La otra mitad es controlada por Luis Guillermo Mesa Sanabria, su esposa y dos hijos de la pareja.
No obstante, Juan Carlos Cáceres, uno de los implicados de Centros Poblados, le habría dicho a la Fiscalía que el dueño en la sombra de ICM es Emilio Tapia, el reconocido cerebro del cartel de la Contratación de Bogotá y presuntamente también, de acuerdo con organismos judiciales, artífice de las irregularidades más recientes alrededor de Centros Poblados para el contrato con el MinTIC que pretendía llevar internet a lugares alejados del territorio nacional.
Otra arista de polémicas para ICM corre por cuenta del pasado de su actual representante legal, Herles Ariza Becerra, quien saltó a la palestra pública porque la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes le entregó a un conglomerado empresarial que él representaba varias propiedades que el Estado le quitó a la mafia, y lo hizo por fuera de un límite permitido legalmente.
Adicionalmente, de los libros de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde está domiciliada la entidad, se infiere que los representantes legales suplentes actuales son Jorge Iban Rozo y Karin Stefanía Pupo Benito Revollo. Esta última es heredera de una importante familia conservadora de Sucre con integrantes ligados a la parapolítica, y ha sido señalado su rol como exintegrante del equipo de apoyo a la senadora Daira Galvis (Cambio Radical) entre el año 2018 y el periodo previo a la pandemia del Covid-19. Tal roce político la convertiría en pieza fundamental a la hora de patinar los contratos en el sector público. De hecho, de acuerdo con el expedientes de Centros Poblados, habría sido la mensajera de Emilio Tapias para enrolar a Juan Carlos Cáceres y su empresa Novotic en ese negocio.
Tras producirse el embargo de bienes, Ariza y Pupo habrían renunciado, y Mesa asumió la representación. Sin embargo, hoy día están de nuevo en los registros oficiales de la empresa.
Como representante de Intack y de Pavimentación Eleck, creado en 2019, figura Stiven López, quien este año ha representado a la compañía en otros concursos a los cuales se ha presentado dentro de otros consorcios. Este diario trató de conocer su versión; sin embargo, el teléfono consignado en documentos no funcionó y al desplazarnos a la oficina ubicada en el sector de Ciudad del Río, de Medellín, el directivo dijo que se abstendría de dar explicaciones con respecto a este tema.
El secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, Santiago Sierra, le dijo a este diario que durante el proceso de la licitación escuchó los ruidos de la relación de Eleck con ICM y Casco, así como del pasado de estas empresas con los Nule, pero aseguró que al consorcio no lo afecta ninguna inhabilidad para contratar con el Estado porque ya ICM no hace parte de sus accionistas y Casco no ha recibido ninguna sanción (ver entrevista).
La respuesta del Secretario de Infraestructura de Antioquia
¿Cómo permitieron que se les metieran dos firmas relacionadas con Centros Poblados y los Nule en la licitación de Támesis?
Lastimosamente, las entidades públicas estamos limitadas por Ley 80 y en el marco de los Pliegos Tipo, esas empresas siguen participando de los procesos de contratación.
¿Pero ICM no tiene una inhabilidad?
Es que ICM no hace parte de Intack, que es el contratista sobre el cual tenemos advertencias de relacionamiento con Centros Poblados.
A partir de septiembre de 2021 dejó de hacer parte de la composición accionaria de Intack.
¿Y por qué aparece en los archivos anexos al contrato?
Lo que pasa es que cuando Intack acreditó su experiencia presentó un contrato que tuvo ICM cuando era parte de ella.
¿Cómo pudo Intack certificar la experiencia de una firma que ya no hacía parte de ella?
La norma le permite que incluya la experiencia obtenida en los tres años previos. Esa no es una decisión arbitraria del Departamento de Antioquia, es la información que nos presenta el Registro Único de Proponentes (Rup) de la Cámara de Comercio.
¿Es decir que se tiene en cuenta la experiencia de tres años previos, pero no los escándalos?
No, porque eso hace parte de la opinión y no del rigor jurídico de la evaluación. La ley ni la norma me permiten sancionar por el pasado.
La otra empresa de Intack, Casco, también tuvo pasado con los Nule.
El Departamento no puede sacar a alguien de un proceso por reputación, por un pasado que a la opinión pública le parezca oscuro o que genere algún tipo de duda. Yo tengo que actuar en el marco de la legalidad.