La crisis económica del Metro de Medellín originada por el incumplimiento en el pago de los subsidios para el metroplús y las rutas alimentadoras parece estar llegando a su fin, luego de que el Concejo de Medellín aprobara este martes las vigencias futuras para solventar la deuda por la cual la entidad de transporte demandó a la Alcaldía de Medellín y, de paso, garantizar recursos para el futuro.
Se destinaron $475.000 millones para atender la deuda de $161.000 millones que tiene la Alcaldía de Medellín con el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y, de paso, destinar recursos para el sostenimiento de este fondo hasta 2029, cuando termina el actual convenio firmado en el 2012 con los operadores Masivo de Occidente y Sistema Alimentador Oriental (SAO) para la operación de los alimentadores de las cuencas 3 (Belén) y 6 (Manrique-Aranjuez).
La decisión de asignar estos recursos fue tomada de forma unánime por parte de los 19 concejales, aunque algunos de ellos fueron reiterativos en el ambiente de desconfianza que reina con la actual administración. Sin embargo, estos decidieron votar a favor señalando que el principal objetivo es mantener la estabilidad del Metro de Medellín como entidad referente en la ciudad.
La asignación de estos recursos fue necesaria debido a que los operadores de los alimentadores indicaron que no se les habían cumplido con los recursos del subsidio a los pasajes de los usuarios, lo que estaba afectando la operación. Ante la situación, ellos decidieron demandar al Metro de Medellín, que les debía dar estos dineros, y la entidad, a su vez, hizo lo propio con la Alcaldía, la responsable de la asignación de la plata.
El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, le manifestó en días pasados a EL COLOMBIANO que veía con muy buenos ojos estas vigencias futuras, aunque los recursos debían ser complementados con otros ingresos como el cobro por congestión.
La importancia del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) permite que los usuarios tanto de las rutas alimentadoras como del metroplús no tengan que pagar el valor pleno, que sería, al menos, del 30% más de lo que vale el viaje actualmente.
