Marco Fidel Furnieles y Guido Vargas pagarán 13 años y 6 meses de prisión por haber servido como emisarios de Sor Teresa Gómez, para constreñir campesinos y facilitar así el despojo de tierras que la hermanastra del Clan Castaño llevó a cabo, bajo la presión paramilitar, entre 1997 y 2005.
Así lo indicó la Corte Suprema de Justicia luego de no admitir un recurso con el que la defensa de estos dos sujetos pretendían que se les rebajara la pena impuesta por un juzgado y confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia, en diciembre pasado, por los delitos de lavado de activos agravado, destrucción y apropiación de bienes protegidos, y deportación, expulsión, traslado, o desplazamiento forzado de población civil.
Fuernieles y Vargas se encargaban de convencer, mediante engaños, intimidaciones y presiones, a los campesinos para que vendieran sus predios a un precio menor y para que acudieran a la sede de la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, que lideraba Sor Teresa, en donde firmaban un poder que le permitía a la mujer vender su predio al Fondo Ganadero de Córdoba.
Según el expediente, los campesinos llegaban en cantidad y en camiones conducidos por Furnieles. Luego, Sor Teresa Gómez asignaba un precio no negociable a cada predio y pagaba al campesino que había firmado en el poder montos que en la mayoría de los casos eran de “30, 50, 100, 200, 300 mil pesos en efectivo por hectárea de tierra”.
“Los pagos se hacían 50 % al inicio de la negociación y el 50 % restante al suscribir las escrituras públicas o legalizarlas, dinero que Sor Teresa Gómez sacaba de una alacena y del interior de tulas que reposaban en esas dependencias y del que se presume tenía procedencia ilícita, en cuanto se determina que Funpazcor era una fachada de la Casa Castaño de las autodefensas, entre otras cosas con la finalidad de lavar dinero”, señala al expediente.
La historia del despojo
Los emisarios de Sor Teresa Gómez cayeron en una misma investigación que la Fiscalía adelantó por el despojo paramilitar que protagonizó el clan de los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil en la zona conocida como ‘La Tulapa’, que es una región fértil y que abarca Turbo y Necoclí, en Antioquia, y otras veredas.
La investigación señala que “tanto era el interés de la apropiación de esas tierras de la casa Castaño (quienes para la época ya eran reconocidos paramilitares), que una de sus estrategias fue articularse con la clase política y económica del departamento de Córdoba y la región de Urabá para materializar este proyecto criminal”.
“En el año de 1997 cuando las autodefensas tenían el control territorial de la zona, era usual observar retenes de hombres uniformados y armados, intimidando a la población y requisando a quienes pretendían superar esos controles, situación aprovechada por los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, bajo la gerencia del señor Benito Osorio Villadiego, para comprar de manera sistemática tierras ubicadas en esta zona del país en un número de 137 predios, cuyos propietarios o poseedores en su gran mayoría ya habían sido objeto de desplazamiento forzado, y ocupadas materialmente por parte la citada organización al margen de la ley”.
Uno de los centros de esta red delincuencal fue la finca ‘La 52’, llamada ‘El Engaño’, lugar de legalización de tierras de los campesinos de Tulapa. Dicha finca fue la primera propiedad en ser arrebatada a su legítimo propietario, el señor Santander Osorio Causil, amenazado y obligado a vender por Oliverio Álvarez Serna, testaferro y cuñado de Luis Ángel Gil Zapata, alias ‘Panina’
El 13 de marzo de 1988, en ‘La 52’, fueron convocados campesinos y presionados para que firmen formatos de poderes y de solicitudes de adjudicación. De esta manera, entre 1997 y 2005 se habían ‘legalizado’ más de 105 predios, quedando a la fecha sin ‘legalizar’ 28 que también habían sido despojados y de los que el Fondo Ganadero de Córdoba tomó posesión inmediata y sólo les dio el 50 % inicial del valor que ellos pactaron con los campesinos.
Por estos hechos, Sor Teresa Gómez se acogió a sentencia anticipada y fue condenada a 12 años en septiembre del año pasado por el Juzgado Segundo Penal Especializado de Antioquia.
