Luego de terminar sin éxito la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 8 de enero, varios frentes se abrieron para tramitar las diferencias legales entre EPM y los consorcios que participaron en el diseño, asesoría, construcción e interventoría de Hidroituango.
El primero de ellos se activó cuatro días después, cuando EPM presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con una multimillonaria reclamación de $9,97 billones por los daños y retrasos en la megaobra.
Las firmas requeridas por EPM son el consorcio diseñador Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.; el consorcio constructor CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H.; y el interventor conformado por Ingetec y Sedic.
En el evento de una decisión adversa para cualquiera de las partes, estas podrán interponer la apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado que tramitará la segunda instancia.
Ese mismo día, la empresa de servicios públicos informó que activó la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros para convocar el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, por un pretensión de $5,5 billones.
“En ambos escenarios judiciales se contemplan ejercicios de conciliación, que nos brindan una nueva oportunidad para buscar una solución integral a las diferencias derivadas de la contingencia”, dijo.
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