Luego de terminar sin éxito la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 8 de enero, varios frentes se abrieron para tramitar las diferencias legales entre EPM y los consorcios que participaron en el diseño, asesoría, construcción e interventoría de Hidroituango.
El primero de ellos se activó cuatro días después, cuando EPM presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con una multimillonaria reclamación de $9,97 billones por los daños y retrasos en la megaobra.
Las firmas requeridas por EPM son el consorcio diseñador Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.; el consorcio constructor CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H.; y el interventor conformado por Ingetec y Sedic.
En el evento de una decisión adversa para cualquiera de las partes, estas podrán interponer la apelación ante la Sección Tercera del Consejo de Estado que tramitará la segunda instancia.
Ese mismo día, la empresa de servicios públicos informó que activó la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros para convocar el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, por un pretensión de $5,5 billones.
“En ambos escenarios judiciales se contemplan ejercicios de conciliación, que nos brindan una nueva oportunidad para buscar una solución integral a las diferencias derivadas de la contingencia”, dijo.
Responde el consorcio
El día que fracasó la conciliación, el consorcio CCC Ituango anunció que acudiría a las instancias jurídicas correspondientes que permitieran resolver las diferencias contractuales con EPM, relacionadas con las obligaciones para la ejecución de las obras de construcción de la presa, la central y las obras principales del proyecto.
Pues bien, este lunes el consorcio radicó ante el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición de la Cámara de Comercio de Medellín la solicitud de inicio de un arbitraje internacional para resolver la controversia existente con EPM.
Este es un proceso al cual se acude por ser el mecanismo acordado contractualmente con EPM para solucionar las controversias que nacieran entre las partes.
“Se demostrará, ante el tribunal arbitral internacional, que técnica y jurídicamente no se tuvo responsabilidad en los hechos que dieron lugar a la contingencia. Adicionalmente, buscará que les sean resarcidos los perjuicios por los impactos reputacionales y económicos sufridos”, señaló.
Reiteró que mantiene “ánimo conciliatorio”, pero enfatizó en que las fórmulas de arreglo “deben fundarse en la ausencia de responsabilidad en lo ocurrido”.
Paralelo a los dos frentes del pleito, EPM y CCC Ituango continúan con la ejecución del contrato de construcción, cuyo término se amplió hasta el 31 de diciembre de 2021. Los primeros generadores se encenderían en 2022
17%
de la energía de todo el país producirá Hidroituango, según estima EPM.
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