Contratistas que incumplen con los perfiles técnicos, sobrecostos en la compra de alimentos, contratos en donde no se especifican actividades ni cantidades y hasta ausencia de soportes hacen parte del panorama que la Contraloría General de Medellín encontró en varias secretarías de la Alcaldía, según quedó retratado en la última auditoría financiera y de gestión publicada por ese ente.
En un documento de 195 páginas, ese organismo hizo una radiografía del gasto del Municipio y destapó una serie de presuntas inconsistencias valoradas en $3.175 millones.
Contratos con líos
Aunque los hallazgos se extienden por un amplio ramillete de oficinas, la mayoría de los contratos más jugosos con inconsistencias fueron firmados por las secretarías de Salud y Educación.
En el caso de Educación, el contrato con más problemas fue uno firmado entre esa dependencia y la Corporación Colombia Avanza, la polémica empresa con una fuerte presencia en Bello e identificada como cercana a la casa política de los Suárez Mira.
Con un valor de $20.692 millones, el objeto de dicho contrato (identificado como el el No. 4600085185 del 3 de marzo de 2020) fue el de prestar servicios a los niños y madres lactantes de Buen Comienzo. Uno de sus componentes fue el suministro de paquetes alimentarios, en el que la Contraloría encontró inconsistencias asociadas a los precios.
Según reconstruyó el ente, tras recibir y verificar una denuncia formulada por la Veeduría Todos por Medellín, pudo constatar cómo varios de los productos incluidos en esos paquetes tendrían precios inflados en comparación con los del mercado, como, por ejemplo, botellas de aceite de 500 centímetros cúbicos cobradas al precio de una de 1.000 centímetros cúbicos.
Aparte de calcular un sobrecosto de $756 millones, vinculado a ese tipo de diferencias, la Contraloría también alertó que dentro de ese mismo contrato se identificaron personas que no cumplían con los perfiles técnicos.
Por el lado de la Secretaría de Salud, las inconsistencias se centran en un contrato firmado con Metroparques por $1.475 millones, con el objeto de apoyar el trabajo de esa dependencia en la atención de la pandemia.
En ese contrato, dice el informe, la inconsistencia central estuvo en que no se habrían registrado ni siquiera los productos, cantidades, actividades, ni la población beneficiaria del contrato. Así mismo, entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre, se habría omitido incluir una planilla en donde se probara la entrega de unos elementos de protección personal comprados.
En el caso de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) la Contraloría también consideró preocupante el papel que esta cumpliría en varios contratos firmados con Infraestructura (Ver Paréntesis).
Según concluyó el informe, en total fueron 41 hallazgos con connotaciones administrativas, disciplinarias y hasta penales.
Contratos directos en auge
Según precisó la Contraloría en el documento, en lo corrido del año pasado el Municipio adelantó un total de 621 proyectos avaluados en $5,4 billones y una ejecución de $4,9 billones. De ese acumulado, el organismo tomó una muestra de 112 proyectos, avaluados en cerca de $1,3 billones, equivalentes al 25 % del presupuesto.
Aunque en términos generales el Municipio obtuvo calificaciones favorables, el órgano de control consideró preocupante que las modalidades de contratación más usadas estén cambiando.
En este último punto, por ejemplo, uno de los hallazgos más relevantes quedó plasmado en una matriz en donde se llamó la atención por la elevada proporción de contratos que están siendo firmados de forma directa.
De una muestra de 239 contratos estudiados, por un valor de $850.426 millones, el equipo auditor encontró que el 79,2 % eran contratos directos y solo un 11,8 % eran por licitación pública.
“Se observa cómo la mayoría de los contratos se celebran bajo la modalidad de contratación directa, a través de la cual se ejecutan gran parte de los recursos y mediante la modalidad de licitación se da una baja ejecución de recursos”, se lee en el informe.
