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Tras el escándalo en Cali por el alto número de contratación directa en la alcaldía de Jorge Iván Ospina, el concejal de Medellín, Alfredo Ramos, alertó que una situación similar estaría ocurriendo en la administración de Daniel Quintero, con un importante incremento de los convenios interadministrativos.
En las últimas semanas la Procuraduría reveló que el 57% del total de contratos celebrados por la Alcaldía de Cali entre 2020 y 2022 ha sido bajo la modalidad de contratación directa, lo que equivale a unos 75.509 contratos que suman más de $2,8 billones.
El dato generó que Ramos advirtiera que, en el caso de Medellín, la contratación directa ya ronda los $5 billones, que equivalen a aproximadamente 3.860 contratos de casi 4.520 celebrados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2022 (el monto incluye adiciones presupuestales), lo que quiere decir que alrededor del 80% de la contratación ha sido de forma directa.
La información, reveló el concejal, se la ha entregado de forma periódica la misma Alcaldía en respuesta a derechos de petición, la cual es luego contrastada con los datos cargados a Gestión Transparente, plataforma de la Contraloría.
No parece ser una situación nueva, sino que ha ido en aumento en las últimas alcaldías. De acuerdo con la veeduría Todos por Medellín, que le ha puesto lupa a este tema, con base en la información que las mismas entidades reportan en la plataforma Secop, la contratación directa en el gobierno de Aníbal Gaviria (2012-2015) fue de alrededor del 66% y en la de Federico Gutiérrez (2016-2019) del 74%.
Para la veeduría, es llamativo que modalidades como la licitación pública, que permite tener una mayor cantidad de oferentes, han sido poco utilizadas por los dos últimos gobiernos locales. Entre 2020 y el transcurso de este año, la licitación se ha usado unas 90 veces; el concurso de méritos, 61; la mínima cuantía, 134; y la selección abreviada, 374.
Alerta por interadministrativos
No obstante, lo que genera una alarma mayor al concejal y a la veeduría es que en este periodo se ha presentado un importante aumento en la contratación directa con tipología de convenio o contrato interadministrativo. En las cifras entregadas a Ramos, que reposan en el Secop, se referencian unos 800 contratos bajo esta tipología, por valor de $3,4 billones (incluidas las adiciones).
Los interadministrativos se celebran entre la Alcaldía y entidades públicas que en su mayoría son descentralizadas de la misma administración, como Telemedellín, la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), Metrosalud, Metroparques, el Hospital General de Medellín (HGM) y Plaza Mayor. Estas entidades, a su vez, contratan a terceros para que ejecuten los proyectos.
EL COLOMBIANO consultó a la Alcaldía de Medellín sobre los contratos celebrados hasta el momento según los distintos tipos de modalidad y tipología, y esta respondió aclarando que “la contratación estatal en nuestro ordenamiento territorial se encuentra amparada bajo lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas que las modifiquen y complementen”.
Después detalló, en cinco páginas, los artículos, parágrafos, subsecciones y otros apartes de la mencionada normatividad y del funcionamiento del Secop.
“Conclusión: En tal sentido, le indicamos que para la consulta de la información que usted solicita, puede acceder a las plataformas del Secop, a través de la vista pública, donde encontrará la relacionada en su oficio, atinente a las contrataciones que adelantó y adelanta el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, otrora Municipio de Medellín, para lo cual podrá utilizar los manuales que la Agencia Nacional para la Contratación –Colombia Compra Eficiente– CCE, tienen publicados en su portal web”, dice la respuesta.
Este medio cotejó múltiples contratos, por obvias razones no la totalidad, con las mencionadas plataformas, basado en los números de identificación que Ramos ha consolidado con las respuestas dadas por la Alcaldía y verificó la incidencia de los convenios interadministrativos, muchos con las entidades descentralizadas (Ver gráfico).
Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín, explicó que no solo han notado el incremento de estos convenios, sino que han identificado “irregularidades, ya denunciadas a las autoridades”. El concejal Ramos también hizo referencia a aspectos que le preocupan: recordó que muchos de los proyectos que se dan a entidades descentralizadas por medio de esta modalidad, bien podrían haber sido contratados directamente por las propias secretarías de la Alcaldía.
En estos casos, añadió el concejal, la entidad se queda de entrada con un porcentaje del 8% o el 10% del total del valor del contrato por concepto de administración, y luego adjudica a terceros (consorcios, uniones temporales, corporaciones, etc.) para que ejecuten. En este sentido, dijo, hay otra arista importante: estas entidades tienen sus propios manuales de contratación, muchos de los cuales han sido modificados en esta administración, lo que les permitiría dirigir la contratación de una forma más simple.
A esto se suma que también se han cambiado los objetos sociales de algunas de estas entidades con el fin de ampliar sus opciones de que les adjudiquen contratos. Para Ramos, el riesgo a que “se abra la puerta de una posible corrupción” es alto, pues estas entidades podrían elegir metodologías de contratación que permitan “elegir a dedo” o privilegiar a contratistas específicos que, incluso, podrían resultar poco idóneos para ejecutar los proyectos.
Desde la veeduría llamaron también la atención porque se han presentado varios casos en los que a los procesos de licitación abierta se presente solo un oferente: “Si bien, en principio esta situación no puede tomarse por sí sola como una irregularidad, sí genera algunas dudas cuando en tales procesos se establecen unos requisitos que se encuentran por fuera de las prácticas comunes empleadas, por ejemplo, en los contratos de obra pública o de suministro. Además de que el único oferente son personas cercanas a la administración, tal como ocurrió en el caso de la contratación de la reconstrucción de la Biblioteca España”.
A esto se suma, en consideración de la veeduría, que en esta administración “discrecional y reiteradamente” se ha acudido al cambio en la modalidad de selección de los contratistas, tal como ocurrió en el contrato de Buen Comienzo en la modalidad madres gestantes del 2020.
Todos por Medellín ha presentado, desde 2020 hasta la fecha, 12 denuncias ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, de las cuales por lo menos ocho se refieren a presuntas irregularidades en la celebración de contratos. Entre ellos están del Isvimed, el Hospital General, Buen Comienzo, Metroparques, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Inder.
La lupa de la Procuraduría
Justamente, la semana pasada la Procuraduría informó que puso los ojos sobre tres de estas denuncias y que abrió investigaciones formales que podrían terminar en medidas disciplinarias para personas claves en la administración de Daniel Quintero.
El primero es la contratación de la Secretaría de Educación con Colombia Avanza para atender la alimentación de niños y niñas beneficiarios de Buen Comienzo, y donde había un sobrecosto mínimo de $700 millones, con una atención mucho menor a la que se había presentado en alcaldías anteriores.
El segundo es el descuido en el que cayeron los jardines de la ciudad, cuando en 2020 la Alcaldía le quitó el contrato de mantenimiento al Jardín Botánico y se lo entregó a Metroparques, que para esa misión amplió su objeto social en julio del 2020, bajo el argumento de que la pandemia había dejado sus finanzas por el suelo y necesitaba recibir nuevos contratos. Meses después subcontrató con la reforestadora El Líbano por $3.900 millones, en una cesión que dejó mucho qué pensar.
En tercer lugar, aunque consideró que no hay méritos para abrir algunas puntas de la investigación que pide Todos por Medellín, el ente de control está investigando los contratos en el Hospital General, para determinar si la entidad estaría comprando bienes que eran obligación del contratista, lo que configuraría un detrimento patrimonial.
Por su lado, la Alcaldía también respondió que dispusieron de la guía para adelantar procesos de sanciones ante cualquier incumplimiento de contratos en el Distrito: “Así mismo se realizan capacitaciones a los Supervisores y mediante circular SSS202260000071 del 5 de Abril de 2022 se reiteraron los lineamientos relativos a la supervisión de los contratos, entre ellos, lo relacionado con el incumplimiento de los contratos y el procedimiento sancionatorio”.
Desde la administración aclararon que verificaron con las diferentes dependencias y estas no reportaron el inicio de procesos sancionatorios por incumplimiento, hasta la fecha. “Desde el año 2021, se han iniciado 12 procesos sancionatorios donde se encuentran vinculados contratistas seleccionados bajo las causales de selección con múltiples oferentes y hasta tanto se decidan los mismos, no es posible predicar incumplimiento, dada la garantía constitucional del debido proceso”, puntualizó la Alcaldía en su respuesta.