En promedio unos 75 puestos de ventas informales ocupan las mesas y pasillos del campus central de la Universidad de Antioquia (U. de A.). Estudiantes, egresados y personas ajenas a la institución están al frente de este tipo de comercio que la administración ahora busca articular con una nueva propuesta de formalización.
Intervenciones arquitectónicas en varias zonas del campus y la formulación de programas de acompañamiento hacen parte de esta estrategia que la Vicerrectoría General propone instaurar y para cuya formulación convocó a una mesa de trabajo compuesta por 25 profesores.
El documento se construyó durante más de un año y ahora se desarrolla la fase de socialización: la propuesta está sometiéndose a deliberación con los diferentes estamentos de la universidad.
¿De qué se trata?
Hace 19 años las ventas informales en la U. de A. fueron prohibidas con el Acuerdo Superior 206 de 2001. Desde entonces, diferentes administraciones han incorporado estrategias que van desde “la expedición de reglamentos y sanciones disciplinarias hasta la gestión de formas asociativas de venteros”, como reza el documento, o la implementación de programas de empleo flexible, como lo es el actual Domo, en el que estudiantes atienden puntos de venta de alimentos administrados por la institución a cambio de una remuneración.
La solución que propone la actual administración incluye, entre otras, la generación de zonas comerciales para ubicar las iniciativas de los estudiantes. Para esto se usarían 33 contenedores de carga adaptados como módulos de comercio, rodeados con mesas y sombrillas.
En la primera etapa del proyecto se crearían tres grandes zonas comerciales: una hacia el norte del coliseo, otra entre el bloque 12 y la plazoleta de Artes (sustituyendo el parqueadero) y otra en la vía ubicada entre el núcleo de ingenierías y la cancha sintética.
Complementando estas intervenciones estaría el programa Mi-C, adscrito a la Dirección de Bienestar Universitario, que regularía la asignación de los espacios y con el cual los estudiantes recibirían asesoría y acompañamiento a sus iniciativas de comercio.
Para suplir el déficit de mobiliario del campus se instalarían 161 mesas en la plazoleta Barrientos, entre otros lugares, y se adecuarían seis estancias de estudio y memoria.
El director del Instituto de Estudios Políticos e integrante de la mesa de trabajo, William Pérez, aseguró que durante el proceso se estimó que el costo de la propuesta sería de $2.000 millones. Si la etapa de socialización se diera sin mayores contratiempos, agregó, el programa iniciaría en 2021.
El clima del debate
La ubicación de los módulos comerciales es uno de los puntos cuestionados.
Por ejemplo, Victor Osorio, estudiante de Licenciatura en Ciencias Naturales, padre de familia y vendedor de fruta, opinó que varios contenedores se dispondrán en la zona periférica del campus, hasta donde su clientela, posiblemente, no llegaría.
Osorio cuestionó que los puntos de Domo, en cambio, sí están ubicados en zonas estratégicas de paso concurrido.
A esto también se refirieron algunos estudiantes vendedores de libros en un corredor de Barrientos, que prefirieron reservar su identidad.
Los jóvenes argumentaron que las zonas de mayor actividad comercial, como la plazoleta Barrientos, son destinadas a los locales administrados por privados.
“Además, habrá una serie de requisitos para acceder a estos espacios. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que no los cumplan pero necesiten estos ingresos? Se generará un ambiente de competencia entre vendedores muy nocivo”, agregó una de las estudiantes a cargo del punto de venta de libros.
Osorio opinó que esta es una propuesta de difícil implementación debido a que las relaciones de confianza entre la universidad y los estudiantes vendedores están fragmentadas. Él, por ejemplo, fue objeto de un proceso disciplinario hace cuatro años, y aseguró que no sabría si firmar un acta de compromiso que pudiera conducirlo a tener un segundo proceso. “No conocemos el corte de las administraciones venideras”, dijo.
Pérez, al respecto, aseguró que “no se consideran viables las situaciones punitivas ni sancionatorias”, y resaltó que esta es una de las pocas veces en que propuestas de este tema son sometidas a deliberación. “La situación es problemática en cuanto a salubridad de alimentos y ocupación de espacios comunes. Sin embargo, antes de tomar decisiones, escucharemos todos los puntos de vista”.
2.000
millones de pesos valdría el proyecto, según cálculos e la Universidad.
