De abril a agosto de este año, la cantidad de desplazados intraurbanos en Medellín no solo se duplicó sino que rebasó ese porcentaje, pues en esos cuatro meses se pasó de 530 personas a 1.275, según el último informe de la Personería.
Incluso para abril ya venía disparado el fenómeno, pues para ese mes en 2020 las víctimas contadas fueron 235, 295 menos que este año. Lo anterior indica que las alertas de la Personería no han valido y el flagelo sigue sumando víctimas en un espiral que no para.
Así lo siente Anaidalyt Delgado, coordinadora de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de Medellín, quien señala que este incremento puede ser consecuencia de la pandemia.
“Este año las personas apenas empezaron a recuperarse de la crisis y a muchas no les alcanza para pagar vacunas y extorsiones y les toca irse de los territorios por las amenazas”, expone esta mujer, que fue desplazada en 2007 de El Bagre (Bajo Cauca) y luego de la comuna 7, Robledo.
Señala que las extorsiones pueden haberse incrementado porque las organizaciones delincuenciales han sufrido desfinanciamiento y esta es una de sus principales fuentes de ingresos. Por eso no les dan tregua a los ciudadanos.
Según el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, las cifras hasta agosto de este año reflejan un incremento del 40 % respecto a 2020.
Del total de 1.275 víctimas de este año, 661 son mujeres y 614 hombres, lo que siembra una preocupación especial porque indica que los grupos delincuenciales ejercen mayor presión sobre ellas, “y la mayoría son cabezas de hogar”.
Múltiples causas
Entre las causas del desplazamiento intraurbano, el Personero menciona la extorsión, las amenazas, el microtráfico y el reclutamiento de niños y adolescentes, pues los padres tienen que salir del lugar donde están para salvaguardar la integridad de sus hijos.
Anaidalyt recalca el desempleo como otra causal, pues este ha dejado muchos jóvenes sin ocupación y los grupos delincuenciales les ofrecen “oportunidades” de ganar dinero “y sus familias se van de los barrios para protegerlos”.
Hernán Ramírez, representante legal de la Fundación Pepe Breu, integrante de la Mesa de Víctimas de Medellín, le suma a estas causas la llegada de nuevos desplazados de zonas como el Bajo Cauca, que tienen a Medellín como un referente para llegar e instalarse.
El personero señala como principales responsables del fenómeno a los GAO (Grupos Armados Organizados), los GDO (Grupos Delincuenciales Organizados), los GDCO (Grupos de Delincuencia Común Organizados ), y paramilitares.
El mapa de los desplazamientos no ha variado mucho. En el informe de abril, las más golpeadas eran las comunas 1 Popular, 8 Villa Hermosa y 13 San Javier, y los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado. A la lista nueva se suman la 3 (Manrique) y Robledo (7), y el corregimiento San Cristóbal, que suma 75 casos. En San Javier van 141, en el Popular 133, en Villa Hermosa 120, en Manrique 105 y en Robledo 101.
¿Funcionan los apoyos?
Expertos en el tema señalan que una víctima de desplazamiento puede a la vez haber sido víctima de otros hechos, como el asesinato o la desaparición de un familiar. Este último caso es el de Luz Elena Galeano, quien en su lucha por denunciar la desaparición de su esposo (Luis Eduardo Laverde) también sufrió amenazas que la obligaron a desplazarse.
Las rutas de apoyo para estas personas empiezan en la Personería, que una vez les toma la declaración las incluye en el listado de víctimas y busca medidas de protección para ellas, y luego las direcciona hacia la alcaldía.
Anaidalyt afirma que hasta 2020 esta función la cumplía la Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos, pero luego pasó a jurisdicción de la Secretaría de la No Violencia y, dice, la atención ya no es tan fluida: “Antes se nos apoyaba con sumas de hasta $2 millones para montar algún negocito y buscar la autosuficiencia, ahora ese apoyo no se está dando igual, y se nota más un apoyo hacia los reincorporados”, advierte.
Hernán Ramírez añade que si bien puede ser positivo el paso de la atención a las víctimas a una sola secretaría, en la transición ha habido dificultades: “estamos vigilantes de este proceso, porque puede haber vacíos y problemas en la transición, y los derechos de las víctimas deben ser progresivos y no regresivos”.
El concejal Daniel Duque, integrante de la Comisión de Seguimiento al Acuerdo de Paz del Concejo, advierte que la preocupación por este fenómeno ha sido una constante. Recalca que cuando se creó la Secretaría de la No Violencia y otras dependencias con facultades extraordinarias otorgadas al alcalde Daniel Quintero, él votó negativo porque esto significaba recursos adicionales por $4.500 millones al año.
“El tránsito de Inclusión y Derechos Humanos a No Violencia genera retrasos en la contratación de funcionarios para atender a las víctimas, y es lo que esperamos que se nos explique en una sesión de la comisión este martes”.
Maciel Echavarría, directora del Programa de Víctimas de la Secretaría de la No Violencia, explica que cuando una persona se declara víctima ante la Personería, se activa un proceso de atención inmediata, siempre que permanezca en Medellín, pues se da el caso que se va de un barrio a vivir en otro municipio, “y en este caso la atención le corresponde a esa localidad”.
Este año, la alcaldía ha atendido a 382 familias y un total de 1.090 personas víctimas de desplazamiento intraurbano, 560 de ellas mujeres. Estas 382 intraurbanas representan solo el 15 % del total de desplazados que atiende la ciudad, que llegan especialmente de Chocó y el Bajo Cauca, con Tarazá como la localidad que más aporta víctimas.
La directora Echavarría expone que la transición de la atención a su dependencia no ha implicado retrasos en los procesos sino una redimensión en asuntos como la justicia restaurativa y temas relacionados con el acuerdo de paz
