viernes
8 y 2
8 y 2
Desde el año pasado, cuando el alcalde Daniel Quintero empezó a tomar decisiones al interior de EPM, las calificadoras internacionales y el sector bancario se pusieron en alerta. El momento más crítico fue la salida de la anterior junta directiva, con lo que quedó demostrado que la empresa no tenía independencia política y hasta el BID Invest le exigió al entonces gerente Álvaro Guillermo Rendón que pagara inmediatamente una deuda de casi 2 billones de pesos, pues –en su opinión– se había roto el Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín (Empresas Públicas de Medellín). En ese sentido, el nivel de incertidumbre financiero era demasiado alto.
Dicho Convenio Marco es un contrato en el que las partes (propietario-empresa) se disponen a respetar sus roles: el alcalde en su rol de propietario asiste a la junta, pero quien toma las decisiones es el gerente. Ese contrato se ha roto de muchas maneras y la evidencia más palpable fue la salida de Álvaro Guillermo Rendón de la gerencia, quien quedó por fuera por “no copiarle al alcalde”. Este incumplimiento contractual es evidencia para algunos juristas de una irregularidad que debería ser investigada por los entes de control, pues Quintero está incumpliendo su rol y un contrato.
Y es que a estas alturas ya no solo el alcalde Quintero parece vocero de EPM y los problemas de Hidroituango, al ruedo también salió el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, quien trató de explicar sin mucho éxito problemas en las obras y anunció informes en el programa Nos Cogió la Noche, del canal local Cosmovisión. Y, además, está la intromisión de María Camila Villamizar, expuesta por EL COLOMBIANO hace unos meses, cuando se revelaron los chats que la secretaria privada le mandaba al gerente Rendón para que pusiera en algunos puestos a personas muy cercanas a la administración.
Hay que recordar que Villamizar fue quien firmó el decreto que terminó sacando a Rendón del cargo y, por eso, hay una demanda en su contra que dice: “Carece de competencia legal para declarar la insubsistencia del gerente de EPM, máxime cuando su reprochable intervención en la Empresa fue puesta en conocimiento del alcalde previa y oportunamente, por lo que su aparición en el decreto parece más una retaliación o vendetta frente al señor Rendón”.
Vamos al punto que aparece en el acuerdo y que en marca las acciones del municipio: “El alcalde de Medellín, como cabeza de la Administración Municipal, se compromete a respetar y a hacer respetar, por parte de los secretarios de Despacho y demás servidores del Municipio (...), la autonomía de EE.PP.M. E.S.P. como empresa industrial y comercial del Estado, y a velar para que las relaciones frente a esta se alineen con las normas de organización y funcionamiento propias de las descentralización administrativa”.
Es el alcalde Quintero quien se ha convertido en el vocero de la compañía, fue él quien anunció el famoso plan Mirella que no tuvo mucha vocación de realidad, y fue hace poco Esteban Restrepo quien comentó que el 15 de diciembre se conocería el informe Poyry para saber el estado de Hidroituango; aún se espera que vea la luz. El asunto es que sobre ninguna de estas cuestiones se ha pronunciado el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien parece estar a la sombra de lo que se dicte en La Alpujarra.
Además, otra muestra de incumplimiento grave a este punto recae sobre los cambios en los puestos al interior de EPM, como sucede con la Vicepresidencia de Comunicaciones a cargo de Mábel López (quien antes fue gerente de Telemedellín) y el vicepresidente de Asuntos Legales, Jhonatan Villada, quien llegó directamente desde la secretaría General de La Alpujarra. Son solo dos cargos, de varios, en los que se ha señalado la falta de rigor técnico para la asignación.
Vamos al punto que aparece en el acuerdo y que en marca las acciones del municipio: “El alcalde de Medellín, como cabeza de la Administración Municipal, se compromete a respetar y a hacer respetar, por parte de los secretarios de Despacho y demás servidores del Municipio (...), la autonomía de EE.PP.M. E.S.P. como empresa industrial y comercial del Estado, y a velar para que las relaciones frente a esta se alineen con las normas de organización y funcionamiento propias de las descentralización administrativa”.
Es el alcalde Quintero quien se ha convertido en el vocero de la compañía, fue él quien anunció el famoso plan Mirella que no tuvo mucha vocación de realidad, y fue hace poco Esteban Restrepo quien comentó que el 15 de diciembre se conocería el informe Poyry para saber el estado de Hidroituango; aún se espera que vea la luz. El asunto es que sobre ninguna de estas cuestiones se ha pronunciado el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, quien parece estar a la sombra de lo que se dicte en La Alpujarra.
Además, otra muestra de incumplimiento grave a este punto recae sobre los cambios en los puestos al interior de EPM, como sucede con la Vicepresidencia de Comunicaciones a cargo de Mábel López (quien antes fue gerente de Telemedellín) y el vicepresidente de Asuntos Legales, Jhonatan Villada, quien llegó directamente desde la secretaría General de La Alpujarra. Son solo dos cargos, de varios, en los que se ha señalado la falta de rigor técnico para la asignación.