Bajos indicadores de gestión, proyectos estancados y cambios en la contratación que despiertan suspicacias hacen parte de los problemas que salieron a flote ayer durante un debate de control político, en el que quedó en evidencia las deficiencias en la atención de los adultos mayores por parte de la Alcaldía de Medellín.
Según denunciaron varios concejales, los problemas abarcan varios frentes. Por ejemplo, en el caso de las ayudas económicas a los mayores más vulnerables, de un total de 25.525 personas registradas, solamente 160 recibieron ayudas económicas el año pasado.
Así mismo, en materia de trabajo, de una meta de al menos 10.000 empleos generados en esta población, la Secretaría de Inclusión Social había registrado únicamente 22 adultos de 50 años en adelante que habían conseguido trabajo entre 2020 y 2021.
Aunque varios de los secretarios citados sostuvieron con vehemencia que esa atención va por buen camino, y atribuyeron los problemas a los coletazos de la pandemia y los rezagos legados de gobiernos anteriores, desde la orilla de la oposición varios corporados acusaron a la Alcaldía de descuidar los programas sociales y dejar a merced de la improvisación su funcionamiento.
Cambios bajo la lupa
Frente a los problemas en la operación, una de las críticas centrales de la sesión se basó en los cambios que se implementaron y que han deteriorado la atención.
En materia contractual, el concejal Daniel Duque, de la Alianza Verde, señaló que la contratación de los Centros Vida quedó centralizada únicamente en dos empresas, a través de dos gruesos contratos: uno por $3.725 millones con la Fundación Saciar y otro por $3.728 millones con la Corporación Unida Empresarial.
Sobre ambos contratos, la primera señal de alerta formulada por Duque consistió en que, pese a su alto monto, solo garantizaron una cobertura de 173 días; es decir, menos de la mitad de los días del año.
Además de esa cobertura, el corporado alertó que con esos dos convenios la Alcaldía habría optado por un camino similar al que causó controversia con el programa Buen Comienzo el año pasado, en el que el Municipio dejó de contratar con una bolsa de operadores especializados para centralizar los contratos en pocas manos.
“Para lo que antes se contrataba a varios operadores especializados en áreas específicas se está contratando a un único proveedor de todos los servicios”, dijo Duque, planteando que ese cambio dejaría en el aire la pregunta de si los nuevos operadores estarían asumiendo cada una de las tareas encomendadas y no subcontratando con otras compañías que estarían escapando al escrutinio público.
Otro de los cambios que salieron a flote, confirmado por la misma Alcaldía, fue que el contrato firmado por $3.728 millones con la Corporación Unida Empresarial fue financiado con recursos de presupuesto participativo.
“La plata del presupuesto participativo debe ir para lo que la comunidad quiere que vaya, no para financiar el recurso ordinario”, agregó el concejal Duque.
Atención reducida
Aunado a esas dudas, otro tema que causó inquietud en los Centros Vida fue el viraje que experimentó su operación durante la pandemia.
Sobre ese punto, Juan Daniel Pulgarín, subsecretario de Formación y Participación Ciudadana, precisó que tras el inicio de la pandemia en 2020, la Alcaldía reenfocó su modelo de atención y llevó los servicios de esos espacios a las casas de los usuarios.
Para los mayores, dicho cambio se tradujo en que los operadores contratados se enfocaron en enviar paquetes alimentarios y programar visitas de seguimiento a sus casas.
En ese frente, uno de los concejales que encabezó las críticas fue Luis Bernardo Vélez, del Movimiento Independientes, quien primero encabezaba la coalición de gobierno en 2020 y luego se distanció de la Alcaldía.
Frente a los paquetes alimentarios, el cuestionamiento principal de Vélez se centró en que, pese a la reactivación de la ciudad, la mayoría de los Centros Vida seguían reduciendo su atención solamente al envío de los mismos, mientras el resto de sus servicios se mantenían suspendidos.
Según cifras de la Secretaría de Inclusión, de 28 Centros Vida, tres estaban habilitados para recibir personas, en un modelo de alternancia.
Rezagos de fondo
Además de los cierres, el concejal Vélez apuntó que la Secretaría de Inclusión también estaría rezagada en la mayor parte de sus proyectos más ambiciosos incluidos en el Plan de Desarrollo.
Entre ellos aludió a la construcción de un Centro Casa Mayor en Belén, sobre el que aún no hay claridad, y la implementación de un enfoque diferencial en las Comisarías de Familia (centrado en los adultos mayores), que tampoco ha arrancado.
Así mismo, Vélez cuestionó la veracidad de varias de las cifras informadas por la Alcaldía en ese debate, señalando que las mismas no encajaban con otros documentos oficiales, como por ejemplo el Plan Indicativo.
En respuesta a estas y otras inquietudes formuladas por los concejales, la Alcaldía rechazó que hubiera falencias en los programas. El subsecretario Pulgarín planteó que durante el actual gobierno se estaría transformando el enfoque de la atención por uno más moderno y eficiente. Como ejemplo, aludió a un programa de hogares sustitutos, con una meta de 200 adultos mayores cuyo cuidado sería asumido por familias apoyadas por la alcaldía.
“Les damos las gracias a todos los concejales (...) que nos han recomendado y puesto hincapié en algunos puntos”, dijo hacia el final de la sesión Santiago Preciado, secretario de Inclusión Social, sin referirse concretamente a ninguna de las críticas formuladas durante el debate de ayer.
