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EL COLOMBIANO | Publicado
La Defensoría del Pueblo informó que acompañaron a más de 700 indígenas de la comunidad embera, entre los que están unos 500 que se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Alcaldía de Medellín, en La Alpujarra, como parte de una protesta que se volvió violenta tras comenzar como una movilización pacífica para exigir que la administración de Daniel Quintero les diera soluciones de fondo para mejorar su calidad de vida.
Entre estas exigencias estaba que les permitieran trabajar en las calles de la ciudad, en compañía de los niños, pero el alcalde Daniel Quintero manifestó que esto no se puede conceder porque implica el ejercicio de la mendicidad y estar con los niños y niñas expuestos a riesgos y trabajo infantil.
Así, Quintero les dijo que no cedería ante la presión y que no permitiría la mendicidad con menores de edad. Esta situación, sin embargo, no es nueva. La Personería de Medellín ha advertido en varias ocasiones sobre el asunto, sin que hubiera soluciones de fondo.
El problema de fondo es que estas comunidades llegan desplazadas de Chocó, principalmente, pero también de algunos resguardos de Risaralda y Antioquia, y llegan a la ciudad con un precario dominio del español y sin recursos. Entonces alquilan habitaciones en Niquitao, en inquilinatos estrechos, y salen a las calles en busca de ayuda.
La Defensoría confirmó que los indígenas, entre los que había decenas de menores de edad, están en situación de desplazamiento forzado en Medellín y que los que se movilizaron hasta La Alpujarra exigiendo “asistencia y atención adecuada a su situación y enfoque diferencial”.
No obstante, el hecho terminó en una trifulca que dejó varios daños en las instalaciones y algunos heridos de levedad.
“Después de un espacio de diálogo, la Alcaldía de Medellín propuso instalar una mesa de concertación con los indígenas, en el coliseo Carlos Mauro Hoyos, la cual acompañamos”, indicaron desde la Defensoría y agregaron que la Regional Antioquia de esta entidad está atenta a cualquier solicitud y que su personal permanecerá en el albergue para orientar y brindar atención en materia de derechos humanos.
Este jueves el alcalde Quintero manifestó que la administración pagaría el retorno de estas personas a sus territorios, pero ellas exigen las garantías con enfoque de seguridad y derechos humanos, tal como lo determina la ley en esta materia en el país.
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La atención a los niños y niñas
Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) informaron que luego de recibir el reporte de parte de la Gerencia Étnica de Medellín, la directora regional de la entidad se desplazó a la Alcaldía, hacia las 11:30 de la mañana, en compañía de antropólogos que vienen acompañando el proceso de retorno, dos defensores de familia y un equipo móvil de Protección Integral.
La directora acompañó un primer diálogo con los líderes indígenas, sostuvieron desde el Icbf, mientras que el equipo de protección integral coordinó acciones para acompañar a los niños, niñas y adolescentes que estaban allí, algunos portando palos. Al final participaron en actividades lúdicas.
La jornada avanzó con reuniones, la mesa de diálogo interinstitucional con los indígenas, que terminó con el traslado, al final de la tarde, de las personas hacia el albergue habilitado.
El Icbf confirmó que en el sitio estaban por lo menos 200 menores de edad que recibieron la atención requerida por parte de los distintos profesionales.
El traslado de las familias se hizo en los buses dispuestos por la Alcaldía y, por solicitud de la comunidad, varios profesionales se dirigieron a un inquilinato en el barrio Chagualo, para recoger a otros 20 niños y reunirlos en el coliseo con sus familias.
“Los profesionales de las unidades móviles del Icbf estuvieron en el coliseo hasta las 10:00 p.m. acompañando a las familias, a los menores de edad e identificando necesidades básicas, como la entrega de 250 pañales para los niños y niñas”, informó el Icbf, que permanece con personal en el coliseo.
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