Para los habitantes del conjunto residencial Atavanza cada vez es más difícil conciliar el sueño. Mientras el asunto se enreda en una maraña judicial, inentendible para muchos, las lluvias arrecian. La segunda ola invernal del año llegó sin que se haya solucionado en absoluto el derrumbe del pasado 29 de junio, que hoy está abierto, recubierto por un plástico. Cada lluvia es un desvelo para los vecinos.
Ayer se cumplieron dos meses desde que la Alcaldía de Medellín instauró una orden de desacato para que Covin S.A., la constructora, haga una obra de fondo que solucione el problema. El 26 de agosto, el Juzgado Noveno de Oralidad de Medellín le dio la razón a la comunidad en su alegato e instó a la constructora a seguir las sugerencias del Dagrd, donde se especifica la necesidad de construir la “estructura de contención”.
Paralelo a ese proceso judicial, hay otro que se está surtiendo en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Un primer fallo amparó los derechos de los habitantes de Atavanza, pero la constructora apeló y el proceso está en curso.
Es decir, pese a que la tutela ya se falló, se instauró el desacato; entre tanto, en la SIC se evalúa la segunda instancia. Por uno u otro camino, las soluciones no han llegado. Isabella Botero, ingeniera civil que asesora a la comunidad, explicó que, hasta ahora, solo se han tomado medidas preventivas, de mitigación. Por ejemplo, el derrumbe se cubrió con un plástico de más duración. Además, se instaló un inclinómetro, un aparato que mide, a 18 metros de profundidad, la estabilidad de la tierra. Esta era una de las exigencias de la tutela.
Hasta ahora, comentó la ingeniera, no se ha detectado un movimiento inusual de la tierra. El problema de fondo es que la solución definitiva requiere de un completo estudio que ayude a determinar qué estructura podría construirse para estabilizar la tierra definitivamente. Pese a que eso quedó incluido en la acción judicial, todavía no se ha iniciado. O sea, la solución tomará tiempo y, si sigue lloviendo como en los días anteriores, los habitantes temen lo peor.
El derrumbe que ocasionó todo este problema ya tenía un antecedente. La comunidad había denunciado, en marzo de 2021, que la tierra se estaba desgajando. Entonces, Covin S.A. comenzó con los estudios para la construcción de un muro de contención. El problema fue que el 29 de junio de este año cayó el gran derrumbe. “Como eso pasó, los diseños de ese entonces quedaron desactualizados, no responden a la situación actual. Es muy angustiante lo que está pasando”, precisó la ingeniera Botero.
EL COLOMBIANO consultó a la constructora Covin sobre el tema. Desde allí indicaron, de manera escrita, que ya se iniciaron los estudios. Desde la empresa precisaron que un asesor de suelos está liderando los estudios, que a la larga indicarán qué obra deberá realizarse. Dijeron, además, que constantemente se está monitoreando el movimiento de la tierra y se están controlando las aguas para que no se filtren al talud.
El asunto acá es que los estudios sugeridos a la constructora demoran meses en dar resultados. Y ese es el primer paso, pues luego viene la construcción. Esa espera mantiene exaltados, inquietos, a los habitantes de los 478 apartamentos de Atavanza.
Se vive con angustia
La zozobra se siente en la unidad residencial. Érika Valencia, que vive en la torre 1 de Atavanza, contó que en las noches, cuando llueve, suele despertarse sobresaltada. Rememoró que hace poco dormía muy profundamente, como a las 3:00 de la mañana, cuando un carro pasó por la unidad, con el motor rugiendo en medio del silencio de la madrugada. Inconsciente, pero con el temor por dentro, se levantó diciendo “se vino el talud, se vino”.
Érika agregó que la situación no solo ha afectado el ánimo de la gente, sino que ha desvalorizado los apartamentos: “En la calle, cuando me preguntan que dónde vivo, me contestan que si esa no es la unidad del derrumbe. Ya es como un estigma”. Esa reputación ha calado. Érika contó que una vecina vendió un apartamento en $130 millones, cuando antes llegaron a evaluarse casi a 200. Los arriendos, por su parte, han bajado $300.000.
En Atavanza se siente desolación. La piscina lleva muchos meses vacía y las baldosas están recubiertas de polvo. El salón social, por recomendación del Dagrd, tiene unos pilotes que lo ayudan a sostenerse. Trastos viejos como muebles, mesas desvencijadas y sillas despatarradas se ven en ese espacio. Por falta de cultura, muchos lo están utilizando como botadero.
Ahora bien, ¿qué papel ha cumplido la Alcaldía en este proceso? Érika lo dice sin ambages: “El alcalde dijo acá, hace tres meses, que iba a pelear por esto. Bonitas palabras, pero se las llevó el viento”. Desde el Dagrd le indicaron a EL COLOMBIANO que han acompañado a la comunidad en el reclamo a la constructora y que, con ayuda de la entidad, se instauró una mesa técnica. Además, la instalación del inclinómetro fue sugerencia del Dagrd.
A los habitantes de Atavanza poco les interesa el lío judicial y administrativo; les interesa que el derrumbe al fin los deje dormir tranquilos .
