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Multinacional Mineros habla del paro en el Bajo Cauca: “La región tiene un inmenso potencial: produce el 60% del oro de todo el país”

En la crisis que desató el paro faltaba la voz de la empresa Mineros. Su presidente responde a acusaciones y habla de soluciones.

  • Mineros es propietario de Nechí Aluvial, en el Bajo Cauca antioqueño. Tiene concesiones mineras por el río Nechí de 473 km2, entre Zaragoza y Nechí. Andrés Restrepo Isaza es su presidente. FOTO CORTESÍA
    Mineros es propietario de Nechí Aluvial, en el Bajo Cauca antioqueño. Tiene concesiones mineras por el río Nechí de 473 km2, entre Zaragoza y Nechí. Andrés Restrepo Isaza es su presidente. FOTO CORTESÍA
23 de abril de 2023
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Las cifras que salieron a la luz en el Bajo Cauca en los últimos 50 días retratan la gravedad de la crisis de fondo que cada tanto padece la subregión más pobre de Antioquia: 400.000 personas estuvieron encerradas en sus pueblos durante dos semanas, hubo vías bloqueadas, comercios y hospitales desabastecidos, y 60.000 hectáreas han sido devastadas y 200.000 árboles talados en los últimos 20 años. Aunque produce el 60% del oro del país, reinan la pobreza y el abandono estatal.

En esta crisis faltaba la voz de Mineros, la empresa que explota los depósitos aluviales de oro en el río Nechí y en sus llanuras desde 1974. Dice su presidente Andrés Restrepo Isaza que históricamente habían convivido con la extracción ilegal sin que las alteraciones del orden público alcanzaran las dimensiones de los últimos meses. ¿Qué ha cambiado en la región, qué salidas de fondo tiene el Bajo Cauca, qué responden a las acusaciones de algunas organizaciones sociales sobre malas prácticas ambientales? Esto respondió.

En la crisis del Bajo Cauca por el paro faltaba escuchar a Mineros. ¿Qué opinión tienen sobre todo lo que desnudó la protesta?

“Desde Mineros vemos con preocupación la situación de orden público en el Bajo Cauca, que pone en riesgo el empleo formal, la seguridad alimentaria, el comercio y el desarrollo económico de una región que necesita avanzar para el bienestar de sus habitantes. Este es un momento en que es muy importante la presencia del Estado para acompañar a las comunidades, y fortalecer la institucionalidad. Históricamente hemos convivido con la minería ancestral, la extracción ilegal y la informal, sin que se generara una alteración del orden público como ahora.

En los últimos años, a raíz de los mejores precios del oro, la debilidad regulatoria en la cadena de venta del oro y la debilidad para controlar y no permitir la ilegalidad, se ha incrementado la actividad, brindando alternativas de sustento y trabajo informal no existentes antes, e incrementando, a su vez, actividades más invasivas. Estas actividades utilizan maquinaria y equipos industriales sin cumplir ninguna normatividad en materia ambiental, social y laboral, la cual no ha demostrado interés en formalizarse. La baja presencia del Estado colombiano en estos territorios, en todas sus manifestaciones, y las pocas ofertas institucionales y sociales, han permitido que esto suceda. Además de la inyección de capitales importantes, algunos presuntamente de grupos al margen de la ley y con presunta presión y controles sobre gran parte de la extracción y comercialización del oro, mezclando rentas informales e ilegales con posibles rentas criminales. A este aumento en extracción ilícita se ha sumado, en los últimos años, el incremento de requisitos ambientales, mayores complejidades en los trámites y exigencias que, en lugar de proteger el ambiente como es su espíritu, alientan más la ilegalidad”.

¿Por qué es tan crítico el panorama de la minería en la región?

“Es indudable que el Bajo Cauca tiene un inmenso potencial en producción de oro, pues produce el 60% del oro de todo el país. Si este potencial se hubiera desarrollado de manera formal, el beneficio que se habría generado para la región y el país sería mucho mayor que el que han logrado generar las empresas formales que se dedican a la actividad. Los aportes de la industria minera en la región se han visto opacados por la presencia de conflicto armado, la ausencia del Estado y la extracción ilícita de minerales, que generan impactos ambientales y sociales negativos”.

¿Cómo es hacer minería legal en una subregión con tantos problemas de orden público y carencias sociales?

“En Colombia, como en cualquier país del mundo, desarrollar una actividad formal genera retos importantes, porque obliga a las empresas a trabajar permanentemente en su competitividad. Estar en una subregión con tantos problemas y carencias sociales incrementa sustancialmente estos retos, porque en algunos casos termina siendo Mineros el actor con mayor capacidad de desarrollar y desplegar una agenda social que ayude a cubrir estas carencias. La gestión de la minería formal es pilar fundamental en el desarrollo de Colombia y foco de progreso para las comunidades. Con nuestro trabajo estamos apoyando el crecimiento del país y de una región con gran potencial, aprendiendo a través del tiempo y de la mano de las autoridades, para generar cada vez más disciplina y métodos de control ambiental que permitan hacer una minería sostenible y más inclusiva. En Mineros estamos comprometidos con la región y con generar bienestar en la medida de nuestras posibilidades”.

Organizaciones sociales han acusado a Mineros de afectar el medio ambiente, de usar mercurio y de destruir humedales y ciénagas. ¿Qué responden?

“Toda actividad humana tiene impacto ambiental y la minería que realizamos no es la excepción. Al respecto podemos decir que siempre hemos actuado bajo un marco regulado con normas nacionales e internacionales y con el acompañamiento de instituciones de control, que garantizan la idoneidad de nuestras acciones. Nuestro proceso está diseñado para minimizar, mitigar y compensar esta afectación, sin trabajar directamente en el lecho del río y en piscinas controladas para el manejo de sólidos suspendidos. En lo que respecta al mercurio, no lo utilizamos en ninguna de nuestras operaciones en Mineros, incluso lo eliminamos de nuestros procesos varios años antes de ser prohibido por las leyes ambientales.

Por el contrario, nuestro proceso de recuperación del oro utiliza equipos de concentración gravimétrica que separan los minerales pesados (oro y arenas negras). Además, hacemos parte del Convenio internacional de Minamata del Gobierno Nacional, que tiene como objetivo proteger la salud humana y al ambiente de las emisiones de mercurio.

En lo que respecta a emisiones, contamos con dos hidroeléctricas con las que generamos energía renovable a filo de agua, que alimentan nuestras dragas, las cuales no trabajan sobre el lecho del río y operan con motores eléctricos. Adicionalmente, realizamos compensaciones y plantaciones forestales.

Dado que la protección de los recursos naturales son prioridad para Mineros, hemos avanzado en procesos de limpieza de espejos de agua y humedales en el área de influencia, beneficiando a más de 100 familias. En alianza con Terrasos, promovemos un acuerdo de conservación de 4.500 hectáreas conformadas por los humedales El Sapo – Hoyo Grande y Corrales – El Ocho, con el objetivo de proteger y cuidar estas zonas de impacto estratégico para la diversidad en el país.

Nuestro proceso de cierre incluye la recuperación y repoblamiento de humedales y ciénagas con especies nativas. Realizamos un proceso completo de recuperación de las zonas en las que intervenimos. Muchos de los impactos que en el pasado se han atribuido a Mineros son en realidad generados por la extracción ilegal que hay en la región”.

¿Cuánto oro han sacado del título de Mineros los informales?

“Es muy difícil cuantificar esta suma con exactitud, sin embargo estimamos que entre 1977 y 2023 Mineros ha producido alrededor de 3 millones de onzas y los ilegales podrían haber extraído del título cerca de 1 millón de onzas”.

¿Qué ha hecho la empresa en la formalización de los mineros tradicionales y pequeños?

“La compañía ha devuelto más de 45.000 hectáreas en 22 títulos, con fines de conservación y formalización. En 2013: se cedieron 127 hectáreas a Emijom; en 2015: se realizó el primer modelo de contrato de operación; en 2016: establecimos acuerdo con Usaid; en 2017: se cedieron 369 hectáreas a Emincut; en 2019: establecimos el modelo de formalización integrado BGI (Better Gold Initiative); en 2021: firmamos el acuerdo de entendimiento y realizamos un piloto con draga buzo; en 2022: llevamos a cabo el plan de Buenos Vecinos.

Actualmente contamos con 9 unidades formalizadas, que generan unos 300 empleos formales, cumpliendo a cabalidad las leyes ambientales y sociales. Tenemos voluntad de ampliar estos contratos en la medida en que podamos viabilizar más áreas con los mineros y con el Gobierno. Flexibilidad y diferenciación en normatividad ambiental.

La compañía está lista para participar en la propuesta que se está trabajando por el Ministerio de Minas y la Gobernación de crear un distrito agrominero en el Bajo Cauca, siempre dentro de la ley.

Lo primero que hay que aclarar es que no basta con ceder áreas sino con asegurar que se dé el proceso completo, desde la viabilización hasta el cierre de la mina. Lograrlo requiere ajustes en el acompañamiento del Estado, en la autoridad de control, de fomento y la ambiental, además de la voluntad de los mineros que se quieran legalizar y sinergia entre los actores de la región”.

¿En qué consisten las conversaciones que tienen con los mineros para la cesión de predios que son de la empresa?

“En la región hay áreas libres suficientes para realizar procesos de formalización, es falso que la única manera de que estos proyectos se lleven a cabo es cediendo áreas de la compañía. Se está generando una visión equivocada del problema cuando se dice que las únicas áreas donde se pueden adelantar procesos de formalización en el Bajo Cauca son las nuestras. De hecho hemos cedido muchas de nuestras áreas, como lo explicamos, y el fenómeno continúa.

Lo que pasa es que las áreas de la empresa son particularmente atractivas, porque hemos invertido recursos en exploración de las mismas. En ellas podríamos desarrollar más contratos de operación y regularización minera en la medida en que existan garantías legales con los mineros a través de la institucionalidad y, lo más importante, la viabilidad ambiental diferenciada.

¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo? ¿Qué áreas cederían y qué cronograma manejan?

“Antes de que una operación minera sea viable, hay que hacer inversiones grandes en exploración, así como estudios y mediciones para solicitud y aprobación de licencias y permisos. Lo que hay detrás de las solicitudes de cesión es un interés de dedicarse a esta actividad sin hacer inversiones ni gestión de solicitar licencias y permisos ambientales, y estar dispuestos genuinamente e integrar costo y esfuerzo para cumplir con requerimientos y compromisos de control, recuperación y compensación ambiental, lo cual no nos parece razonable ni constructivo para el territorio”.

¿Qué piensan del distrito minero que se promueve como solución al problema en la región, qué otras soluciones proponen?

“Como compañía estamos prestos a aportar al diálogo y a trabajar en equipo, siempre en el marco de la legalidad. Esta es una oportunidad para formalizar la minería en algunos sectores del Bajo Cauca que se ven afectados en el ámbito social y ambiental. El esfuerzo debe enfocarse en impulsar una minería responsable con prácticas amigables con el medio ambiente, velando por la seguridad de los mineros. Es clave asignar inversión social para la región y capacitar a las comunidades en mejores prácticas y en cómo evitar el uso del mercurio. Además de generar alternativas de viabilización adaptadas a las necesidades de un modelo de convivencia, que permita el trabajo conjunto entre empresa y formalizados, cumpliendo con el debido proceso. Entre todos podemos implementar una minería formal, segura y ambientalmente responsable, que genere bienestar”.

¿Cuál ha sido el aporte de Mineros a la región desde que se otorgó el título?

“Mineros ha sido el principal generador de empleo y riqueza en estos municipios. En los últimos cuatro años se han generado ingresos directos para los municipios del Bajo Cauca antioqueño por más de $62.000 millones. Hoy con nuestras filiales y formalizados generamos alrededor de 1.500 empleos directos y otros 6.000 aproximados por encadenamiento. Hemos invertido en el desarrollo regional y en la infraestructura, ejemplo de ello es la pavimentación de la vía Escarralao, con una inversión de cerca de $40.000 millones, beneficiando a más de 80.000 habitantes de Zaragoza y El Bagre. Otros hechos destacados incluyen la construcción del aeropuerto por parte de Mineros, el cual se le donó al municipio del Bagre. Incluso, el pueblo de El Bagre se creó a partir del yacimiento minero”.

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