Víctimas de los secuestros cometidos por el sanguinario Bloque Noroccidental de las extintas Farc estuvieron frente a frente con sus victimarios en la histórica audiencia pública de reconocimiento que tuvo lugar en Caicedo, Antioquia, la cual ordenó la JEP para que siete exjefes de dicho bloque, que operó en Antioquia, Chocó, sur de Bolívar, Córdoba y Risaralda, confesaran por primera vez en público los 314 hechos por los que son responsables como antiguos mandos de las filas que cometieron toma de rehenes, privaciones de la libertad, asesinatos, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos, todos estos crímenes no amnistiables por su gravedad y por tratarse de delitos de guerra y de lesa humanidad.
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Audiencia histórica: víctimas y victimarios frente a frente
Luis Carlos Úsuga, Jesús Mario Arenas, Rodolfo Ruiz, Martín Cruz, Ovidio Mesa, Pedro Batacutao y Jhoverman Sánchez son los imputados comparecientes que pusieron la cara en el encuentro de este martes 24 de junio.
Para Antioquia, esta audiencia es un punto de ruptura en todo el largo proceso de búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición tras la firma del Acuerdo de Paz, porque la mayoría de los atroces secuestros padecidos en el departamento, tanto por parte de figuras públicas, como integrantes de la fuerza pública y ciudadanos desconocidos, fueron cometidos por este bloque que además fue responsable del 25% de los secuestros cometidos por la extinta guerrilla en toda su historia.
En estos casos se incluyen los secuestros y posterior asesinato en cautiverio del gobernador Guillermo Gaviria y el asesor Gilberto Echeverri, en medio de una operación fallida de rescate, tras lo cual alias “El paisa” ejecutó la orden de Iván Márquez de asesinar a los políticos y a los uniformados que estaban con ellos en el campamento en Urrao, en mayo de 2003.
Precisamente la familia de Gaviria Correa fue la gran ausente al encuentro, pues según señalaron a través de un comunicado sus familiares. En el documento manifestaron que la JEP propone calificar ese secuestro y asesinato como un “secuestro con fines de canje” y plantearon que con eso se minimiza la gravedad de lo sucedido y del daño que produjeron, “como en tantos otros casos”.
Calificaron de “manida” la versión de las Farc de que tal secuestro obedeció a un plan para tenerlo como “canjeable”, asegurando que no es cierto, pues esa organización no tenía la intención específica de secuestrar a Gaviria.
¿Por qué no asistió la familia de Guillermo Gaviria?
“Tampoco es aceptable que los victimarios se escuden en que actuaban en medio de la barbarie de los tiempos, para disminuir su culpabilidad. No es posible que no supieran exactamente lo que estaban haciendo, cuando sostuvieron este ataque a la Noviolencia por más de un año. Se oculta así a la Historia, a las nuevas generaciones y al movimiento global y colombiano de Noviolencia, la justa apreciación y comprensión de la magnitud del daño ordenado por el Secretariado General de las Farc y ejecutado por el Bloque Noroccidental de ese grupo”, añadieron los familiares de Gaviria Correa.
“Nos interesaba el dinero”: frases que estremecieron la audiencia
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, que lidera la investigación del Cas 01, por los delitos anteriormente señalados, señaló que la audiencia de reconocimiento es un paso fundamental a nivel regional, porque se aterriza por fin, se le pone nombre y rostro a las víctimas y también identidad a los victimarios que materializaron la política nacional de secuestro que se basó en privación de libertado de políticos y militares con fines de intercambio, para financiar a las Farc-EP y para causar terror y garantizar su control social en el territorio.
“En el Pleno del Estado Mayor de 1997 que se mantendrían cautivos militares y policías que tenían mando, o sea, oficiales y suboficiales de policía, para forzar un intercambio por guerrilleros presos”, explicó la magistrada Lemaitre sobre el origen de este patrón criminal.
La magistrada Lemaitre explicó que, como la política de plagio de militares no cumplió con las expectativas de las antiguas Farc-EP, “en 1998 Víctor Julio Suárez, Jorge Briceño o el Mono Jojoy sugirió presionar al gobierno a través del secuestro de figuras políticas”.
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De esa orden, según la JEP, se desprendió la orden concreta de secuestrar el 21 de abril de 2002, en el puente del Vaho de Anocozca, en el municipio de Caicedo, a Gaviria y a Echeverri, cuando se encontraban realizando la marcha de la no violencia, con la que pretendían convencer a las Farc-EP de que dejaran de bloquear la vía y les permitieran a los campesinos sacar su cosecha de café, relató la magistrada.
Martín Cruz Vega, conocido como Rubín Morro, fue el primero de los siete comparecientes que tomó la palabra para reconocer su responsabilidad. “La guerra nos hizo crueles, el Acuerdo Final de Paz nos humanizó de una manera que vamos para nueve años de la firma de un acuerdo que honramos hoy. Creo que el secuestro fue un cáncer mortal que nos desdibujó como revolucionarios, como defensores del pueblo, decíamos nosotros, pero que en la práctica no fue así”, sentenció quien fue comandante del Frente Aurelio Rodríguez entre 2000 y 2014, así como integrante del Estado Mayor del bloque, entre 2003 y 2014.
Martín Cruz además aceptó que hubo tratos crueles y que ordenó aislamientos que hoy son calificados por la JEP como torturas, además, que la guerrilla no tuvo reparo en incluir hasta niños en esa vil política de secuestros para lograr financiación. “Eso no lo hace una organización política y nosotros lo hicimos. Muchas veces no mirábamos las edades de las personas. Nos interesaba el dinero, nosotros no mirábamos las edades”.
El compareciente Luis Óscar Úsuga, conocido como ‘Isaías Trujillo’, uno de los grandes reclutadores de menores en la historia de las Farc, reconoció su rol en el secuestro del gobernador de Antioquia. “Fue mi responsabilidad, no solamente la privación de ellos dos y de los policías y militares que estaban bajo nuestra responsabilidad, sino también las afectaciones al municipio de Caicedo, a la gente del municipio y de sus veredas aledañas, porque estos dos señores eran considerados como unos líderes del municipio y de Antioquia. Yo personalmente lamento lo sucedido con los dos señores y con los militares que murieron en el hecho”.
Por su parte, Marcos Urbano, comandante del Frente Urbano Jacobo Arenas entre 1993 y 2006, con presencia en Medellín, reconoció que su propia política de secuestro se les salió de las manos a los altos mandos locales y al propio Secretariado, siendo responsables de graves omisiones que facilitaron que sus subordinados ejecutaran prácticas como esclavitud sexual y torturas. “Nosotros no tuvimos control de nuestras unidades, que hicieron cosas que para nosotros, éticamente, era imposible que se hicieran, y ahora sabemos que sí se hicieron”, dijo Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’.
Específicamente habló del secuestro del cabo José Norberto Pérez, secuestrado el 17 de marzo de 2000, y cuyo hijo, Andrés Felipe luchó al mismo tiempo con el cáncer que lo consumía y con los captores de su papá para que lo liberaran y pudiera acompañarlo en sus últimos días Pero el clamor del niño no valió, murió a los 12 años esperando el regreso de su papá, que en medio del desespero intentó huir de la selva fue asesinado en Antioquia en abril de 2002 a manos de la guerrilla.
“Me hago responsable por el secuestro del cabo Pérez (...). Nosotros escuchamos las noticias, a uno le tocaba el alma, pero éramos subordinados. Lo llegamos a solicitar porque solo había dos secuestrados. Y yo le dije al camarada ‘Iván Márquez’, pero la orden era mantener a los prisioneros ahí, y ese desenlace fue fatal (...), significó todas las manifestaciones y deshumanización del combatiente”, agregó Urbano.
La primera víctima en intervenir en la audiencia fue el sargento (r) del Ejército Nacional Heriberto Aranguren González, quien fue secuestrado el 22 de junio de 1999 en el municipio de Puerto Libertador, tras un combate que se conoció como la batalla por el Nudo de Paramillo. Aranguren llevó a la audiencia, como parte de su testimonio, un ajedrez que terminó de construir el 28 de septiembre de 2002, en medio del cautiverio.
En el reverso quedaron inmortalizadas las firmas de sus compañeros de secuestro: el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria; el asesor de paz, Gilberto Echeverri; y los miembros de la fuerza pública: Alejandro Ledezma, Wagner Harvey Tapias, José Gregorio Peña, Samuel Ernesto Cote, Agenor Viellard, Pedro Guarnizo, Francisco Negrete, Jairsino Navarrete, Mario Alberto Marín y Héctor Lucuara Segura.
Aranguren contó que la llegada de Gaviria y Echeverri al campamento les cambió la vida en secuestro, les permitió acceder a una dignidad que sentían lejana, pues con ambos políticos lograron una formación humanística, incluyendo la filosofía de la no violencia: “Llegué al grado de sargento mayor, he logrado conformar una hermosa familia (...) y entendí que sin perdón no hay sanación. No siento odio ni rencor contra nadie. Como persona que vivió el conflicto, quiero un mejor país para mis hijos”, dijo, mirando a los comparecientes de las Farc-EP.
Tras esta audiencia, a los siete imputados les quedan dos etapas más. La sala publicará su decisión final mediante un Auto de resolución de Conclusiones y posteriormente la JEP evaluará en pleno la decisión de la sala para definir la sanción. Cabe recordar que actualmente, por el Caso 01, el Secretario de las Farc en pleno están ya solo pendientes de la sanción que les impondrá el tribunal de paz.
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