Un fallo proferido en la capital del país les renovó las esperanzas a los habitantes del conjunto residencial Atavanza —en el suroccidente de Medellín—, pues obligó a las constructoras Covin S.A., y Calle 7, a responsabilizarse por las mitigaciones de los deslizamientos que desde el año pasado se han dado allí y aún no tienen una solución.
En un fallo del pasado mes de diciembre –que apenas fue notificado recientemente– el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la empresa Covin S.A., tras la sentencia proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC.
En dicha sentencia, la SIC les dio la razón a los habitantes de Atavanza, los cuales reclaman que la constructora debe hacerse cargo de las obras de mitigación en los dos deslizamientos que amenazan la estructura desde mediados del año pasado.
La decisión tomada por el Tribunal Superior de declarar desierta la apelación se basó en que Covin S.A. no sustentó el recurso debidamente o lo hizo de forma deficiente, por lo que el despacho bogotano dejó en firme la sentencia 9401, emitida el pasado 15 de septiembre por la SIC, en la que declaró vulnerados los derechos del consumidor de los habitantes de Atavanza por parte de Covin S.A y Bienes Raices Calle 7 S.A.
Por ello, les ordenó a estas constructoras que en 60 días hábiles realizaran las obras de estabilización de los deslizamientos que afectan las siete torres, así como las demás zonas vulnerables de la edificación, sentencia que ambas empresas habían apelado.
Sin embargo, con el veredicto del tribunal capitalino, dicha decisión de la SIC quedó en firme y sin posibilidad de apelarse más por parte de las dos empresas.
Para Gloria Castañeda, presidente del Consejo de Administración de Atavanza, el fallo significa para los residentes una esperanza para que se lleven a cabo las soluciones definitivas y cese la zozobra en sus hogares.
“La justicia nos dio la razón en una lucha de tantos años tratando de demostrar el incumplimiento a las normas técnicas, a la ética y a la responsabilidad que debieron tener Covin S.A y Bienes Raíces calle 7. Esto es un paso más. Ahora esperamos que para que este fallo se haga realidad se cuente con un patrimonio de respaldo por parte de la constructora”, añadió.
Esta victoria jurídica para los residentes de Atavanza se suma a que la Alcaldía de Medellín, en respuesta a un derecho de petición de los residentes, por fin reconoció que son responsables de las zonas verdes en las que apareció uno de los dos nuevos deslizamientos que amenazan la estructura, por lo que deberán mitigar el riesgo.
En Atavanza solo esperan que la constructora cumpla el fallo antes de que se presente una emergencia que no solo vuelva a poner en vilo a los habitantes de la unidad, sino también a los más de 10.000 habitantes del sector de Rodeo Alto que por allí transitan.
