Ninguna obra había puesto en vilo al país con tanta recurrencia como lo ha hecho Hidroituango desde los últimos cuatro años. Aunque parezca un titular repetido desde 2018, otra vez puede escribirse que el megaproyecto está en un punto de quiebre y que EPM tendrá que jugarse su pellejo en los próximos 10 días.
El primer entuerto es saber si al fin la Creg prorrogará el plazo de la entrada en operación de las dos primeras unidades de generación, que vence este 30 de noviembre. Ya EPM hizo oficial la petición pero la Comisión devolvió la solicitud por estar incompleta y pidió que se justificara de mejor manera. Lo que está claro hoy, sin tener todavía respuesta de la Creg, es que si se incumplen los compromisos y se determina que hubo responsabilidad de EPM, XM, el administrador del mercado energético, ejecutará una garantía por 207 millones de dólares, además del retiro de la remuneración de la energía firme que representa un ingreso de 64,8 millones de dólares anuales.
Como si ese encarte fuera poco, el mismo día que vence el compromiso ante la Creg, el consorcio CCC Ituango, constructor del proyecto desde que las obras arrancaron hace una década, se marchará y será reemplazado por una firma colombiana que asumirá las obras faltantes de las unidades 3 y 4.
Para acabar de ajustar, la maratón de fechas seguirá el 7 de diciembre, día en el que se cierra la recepción de ofertas de la licitación de la segunda fase del proyecto (las últimas cuatro unidades), que ya se ha aplazado cinco veces en medio de un panorama marcado por la incertidumbre.
Las incógnitas que rodean la segunda fase
“EPM adjudicó el contrato más importante de su historia”. Así comenzaba el boletín de prensa que la empresa envió el 28 de agosto de 2012, cuando adjudicó al Consorcio CCC Ituango (CCCI) la construcción de las obras civiles principales del proyecto hidroeléctrico.
Después de diez años y tres meses, en los que se desató la crisis que marcó para siempre a la obra, el consorcio colombo brasileño se irá este 30 de noviembre.
Hasta ese día adelantará labores con su plana completa de trabajadores: 4.000 laboran en la estabilización de taludes y reparaciones en plazoletas, galerías y túneles; y otros 200 están al frente de los concretos de las unidades 3 y 4, tarea en la que se espera que tome la posta la firma colombiana Schrader Camargo a partir del 1 de diciembre.
Tras recuperar los niveles de ejecución que registraba el proyecto antes de la emergencia de 2018, el avance general supera el 90%, con avances mayores en las unidades uno y dos que, al cierre de octubre, alcanzaban el 98,8% y el 96,9% de ejecución. Las unidades tres y cuatro, que terminará de construir Schrader Camargo, están en un 70,9% y 50,7% de ejecución.
Aunque durante los últimos meses la atención se ha centrado en las unidades 1 y 2, que por obligación deben encenderse antes del 30 de noviembre, las unidades 3 y 4 también están amarradas a compromisos con la Creg y deben entrar en servicio antes del 30 de noviembre de 2023.
No obstante, la gran incógnita es la segunda etapa, las unidades de la 5 a la 8.
En este frente, por ejemplo, hoy no se conoce el estado de las estructuras de las unidades 5 y 6 por debajo de los 217,5 metros sobre el nivel del mar, debido a que las inspecciones solo pueden realizarse en la medida en que se avanza con los tratamientos y en vista de que este sector fue utilizado como área de montaje alterna para el ensamble de las unidades 1 a la 4.
Tampoco ha sido posible determinar con precisión el estado de las obras de las unidades 7 y 8, sobre las que persiste un volumen importante de escombros alojados luego del paso del río Cauca por las cavernas, el cual aún no puede limpiarse para no interferir en el ensamblaje de las unidades 1 a la 4.
Además, tal como advierten los conocedores del proyecto, las unidades 5 a la 8 son las que más se han visto afectadas por la llamada falla Romerito, que implica un factor de dificultad adicional.
Aterriza nuevo constructor sin empalme
Más allá de este panorama constructivo, la salida de CCCI del proyecto se produce en un escenario lleno de riesgos y nubarrones. Desde mucho antes de que EPM abriera la licitación para las obras finales, el cambio de constructor ha sido uno de los escenarios más temidos por los expertos y firmas que han evaluado el proyecto.
En el informe entregado por la firma Pöyry en diciembre de 2021, se advirtió que un cambio de constructor no solamente se traduciría en un retraso en los trabajos, sino en la pérdida de experiencia y personal valioso que ya está empapado de los problemas.
Bajo esa óptica, la última luz de esperanza para la obra estaba justamente en que, en caso de un cambio de constructor, el proceso de empalme al menos se hiciera de la forma más rigurosa posible, pero varias señales dan cuenta de lo opuesto.
Así lo dejó muy claro el gerente de CCCI, Santiago García, durante varios debates de control político en la Asamblea de Antioquia y en el Congreso, en los que ilustró que el nuevo contrato entregado a Schrader Camargo impide la correcta entrega de la obra empezando por puntos tan básicos como su alcance mismo.
“El contrato de hoy vence el 30 de noviembre y su alcance es muy superior al de las unidades 3 y 4. No se puede comparar una facturación de $5.000 millones con una de $54.000 millones, porque esas unidades 3 y 4 representan, si acaso, un mes de los concretos que ejecutamos nosotros, sin mencionar las obras de estabilización, cielo abierto, subterráneas y recuperación de túneles en 15 frentes activos”, advirtió García.
Más allá de la mera facturación, la declaración de García ilustra la dimensión del problema en el que está metido EPM, ya que las obras civiles de las unidades 3 y 4 son ínfimas en comparación con el laberinto de túneles que se quedará por fuera del empalme.
Esto, sin olvidar que los ingenieros de CCCI tampoco tendrán contacto alguno con el constructor que termine siendo escogido para las unidades 5, 6, 7 y 8.
Además, según pudo conocer EL COLOMBIANO, faltando menos de dos semanas para el 1 de diciembre, ni siquiera hay una ruta para saber qué pasará con el campamento, los equipos y las máquinas pesadas que han venido utilizando los 4.200 trabajadores del consorcio.
Licitación para terminar obras sigue en vilo
Si todo sigue según lo previsto, la llegada de un nuevo constructor coincidirá con la recta final de la licitación de la segunda etapa, programada para cerrar la recepción de ofertas el miércoles 7 de diciembre a las 4 de la tarde.
En este proceso, en el que diez firmas compraron derechos de participación, la principal incertidumbre corre por cuenta del aseguramiento del proyecto, al que el mercado le está haciendo el quite por sus altos riesgos.
En una exigencia atípica, EPM puso en los pliegos de condiciones que la empresa que sea escogida para terminar la hidroeléctrica tendrá que resolver por cuenta propia ese lío; una exigencia que ha sido comparada con una especie de “suicidio” financiero por expertos como José Fernando Villegas, director en Antioquia de la Cámara Colombiana de Infraestructura.
“Es como si EPM dijera: vea, usted tiene que entrar a una caverna que se está derrumbando y tiene que ponerme a funcionar allá cuatro unidades, pero lo que pase allá adentro es responsabilidad suya. ¿Quién va a asumir eso? Eso lo tiene que asumir el dueño del proyecto”, agregó el líder gremial en junio pasado.
Como ingrediente adicional, los ánimos de varios de los participantes de la licitación también se han visto caldeados por una cadena de modificaciones que EPM aprobó en los pliegos por solicitud de la firma china Yellow River, que compite en asocio con Schrader Camargo —la misma que se encargará de las obras civiles de las unidades 3 y 4— para quedarse con el megacontrato. Tal como lo contó este diario en septiembre, dichos cambios hicieron que EPM fuera menos estricto con sus exigencias, permitiendo que los socios nacionales acreditarán menos volumen de experiencia constructiva “en portales de túneles, canales, vertederos o puentes”.
