La libre expresión no suele ser tan libre cuando se vive en un régimen, porque rechazar las acciones del Gobierno significa ir a la cárcel, en algunos casos. Merlys Oropeza es una venezolana que en 2024 fue condenada a 10 años de prisión por una situación insólita: un WhatsApp.
La joven se había quejado de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental creado para distribuir alimentos subsidiados a las comunidades. Estos comités están conformados por miembros de organizaciones comunitarias y políticas vinculadas al gobierno de Maduro.
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A través de un estado de WhatsApp, publicado el 9 de agosto de 2024, Merlys se despachó contra la jefa del Consejo Comunal de su sector, escribiendo lo siguiente: “Estas son las palabras de la jefe del CLAP de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos”.
Sin embargo, al poco tiempo después fue detenida en medio de una persecución a opositores que rechazaban el fraude electoral en las últimas presidenciales, de las que todavía se espera la publicación de las actas. Se desconoce quién fue la persona que alertó a la dirigente del consejo comunal sobre la queja, por lo que, sin razón alguna, el Tribunal Tercero de Juicio de Maturín declaró culpable a Merlys Oropeza por los delitos de incitación al odio- asociación para delinquir- y fue sentenciada a 10 años de prisión.
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