La tensión con la que ayer amaneció Moravia por la inminencia de un desalojo a 350 familias que desde hace siete meses ocupan el morro solo se calmó después de mediodía tras una medida judicial que ordenó frenar el operativo.
Tras la pandemia y el paro nacional, el sector ha sido copado por familias migrantes y desplazadas que usaron espacios de alto riesgo comprando lotes y levantando ranchos de madera. Por eso su evacuación se previó hace dos meses.
La jornada, que comenzó ayer a las 3:00 a.m., estuvo sumida en una polémica porque los casi 400 funcionarios de la administración municipal, acompañados de 1.100 miembros de la Fuerza Pública, no fueron bien recibidos por los habitantes porque consideraban que no se hizo el debido proceso y no hubo garantías.
Varios habitantes de Moravia le indicaron a EL COLOMBIANO que no fueron notificados de la evacuación de forma oportuna y que de la misma apenas se enteraron en la madrugada cuando se encontraron con el barrio rodeado.
Junto a su comunidad, la lideresa Vanessa Álvarez Villa explicó que, si bien la notificación llegó el 13 de septiembre, siete días después la Procuraduría le exigió a la Inspección de Policía 4B entregar el registro de núcleos familiares, tarea que, según Álvarez, apenas se haría ayer.
Sobre los señalamientos de loteo y venta de inmuebles por parte de grupos ilegales, Manuela Araque, otra lideresa de Moravia, los desestimó: “Acá todos somos comunidad, no somos Primera Línea, no nos han vendido lotes. Nosotros mismos los cogimos porque la alcaldía nos ha incumplido desde 2013”.
Soluciones incumplidas
Para los habitantes de El Morro, la solución ofrecida por la Alcaldía consistente en un mes de solución de vivienda en un hotel o albergue no es una opción digna, pues entienden que una vez se termine este plazo no tendrán ninguna garantía, por lo que tendrán que retornar a El Morro o a otra zona de alto riesgo.
“Sí, este es un rancho de tabla, pero es mucho más digno que los albergues que nos tienen preparados donde nos toca dormir y hacer todo juntos”, agregó Manuela.
El desalojo, planeado para las 6:00 a.m., estuvo paralizado mientras la Personería negociaba con los habitantes el inicio del censo, tarea a la que la comunidad no se oponía pero pedía como condición para su realización el retiro de la Fuerza Pública, pues consideraban que no tenía sentido que para esta estuvieran 1.100 hombres de la Policía.
A las 10:20 a.m. la comunidad le dijo a la Personería que si para el mediodía no se retiraba la Policía, los habitantes ingresarían a sus casas y no saldrían, evitando así la demolición de sus viviendas.
No obstante, antes del plazo, el Esmad irrumpió en el barrio, lo que desencadenó enfrentamientos por las estrechas calles de El Morro donde hubo por lo menos un herido, varias personas gaseadas, entre ellos menores de edad, así como el temor de un incendio cuando una bomba molotov cayó en una vivienda.
Los habitantes se sostienen en sus peticiones que ya casi ajustan 10 años y que incluyen la construcción y reubicación en el proyecto Hijos de Moravia o Mamachila, así como la claridad de lo que va a pasar con los no censados. “Mamachila es una petición de 2013 que no se ha cumplido. Los que en ese momento éramos niños ya somos adultos, pero seguimos en las mismas”, concluyó Manuela
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personas fueron censadas por la administración antes de suspender el operativo.
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