El Comité Intergremial de Antioquia negó que en el caso de Hidroituango tenga interés en proteger a los contratistas del proyecto y que sus advertencias sobre un eventual cambio de los ejecutores solo buscan proteger los intereses colectivos y la sostenibilidad de EPM y la entrada exitosa en operación de la obra.
En un comunicado, el grupo hizo un llamado a que se consideren “juiciosamente las medidas que minimicen los riesgos para la continuidad y sostenibilidad de la obra”.
El gremio de gremios advirtió que de confirmarse el fallo de primera instancia de la Contraloría sobre la responsabilidad fiscal de los actuales contratistas se crearía un ambiente de desconfianza “y se mina el compromiso de todas las empresas contratistas y aseguradoras para lograr el pago, la recuperación y la estabilidad del proyecto”.
Hay que recordar que el pasado 6 de septiembre, en un fallo de primera instancia, la Contraloría halló responsables fiscalmente a 26 personas tanto naturales como jurídicas de las irregularidades presentadas en el proyecto y los condenó a pagar la suma de 4,3 billones de pesos. Esta decisión cobijó, entre otros personajes, a los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos y al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quienes tendrían que pagar el dinero de sus propios bolsillos.
La advertencia señala que un fallo en firme por parte del ente de control podría crear un trastorno estructural para la continuidad constructiva por el cambio de contratistas, teniendo en cuenta que el proyecto está en un momento crítico.
“Dada la complejidad del proyecto, no es claro cómo EPM garantizaría la continuidad en la ejecución y evitaría mayores retrasos de tal manera que pueda cumplir la fecha límite (2022) y sin generar sobrecostos”.
El Comité Intergremial, que reúne a 34 afiliados de los más importantes grupos económicos del departamento, señala que el no cumplimiento del cronograma implicaría una pérdida de confianza de los prestamistas en la capacidad de pago de las obligaciones financieras de EPM, “lo que podría acelerar el detrimento financiero de la empresa, el flujo de caja por la pérdida de las ofertas de energía firme y el pago de acreencias”.
Tras vaticinar que todos estos hechos ponen en peligro la estabilidad y la seguridad energética del país, el Comité advierte que la desinformación mediática y los intereses políticos van en contravía del cuidado de la entidad pública, de la confianza de los inversionistas, del funcionamiento del mercado de energía y de la construcción de grandes obras de infraestructura del país.
