Algunas puertas de la Institución Educativa Santa Elena ya no pueden cerrarse. Las grietas cruzan las paredes de los salones y, según los docentes del colegio, no han parado de ensancharse porque aparecen nuevas fisuras en muros y esquinas.
El problema no es nuevo. Los agrietamientos fueron denunciados por la comunidad de este corregimiento de Medellín hace un año, no solo en la escuela, sino también en la iglesia del parque principal y en algunas viviendas cercanas.
El 23 de marzo de 2018, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) obligó al cierre preventivo de la parroquia y, luego, elaboró un estudio para rastrear el origen de las fallas.
Este primer análisis arrojó que ni los trabajos del Túnel de Oriente (como denunciaban los habitantes) ni posibles filtraciones de agua eran los causantes de los agrietamientos. Sin embargo, la comunidad rechazó estas conclusiones y pidió un nuevo estudio, realizado por un tercero ajeno a la administración y al consorcio del túnel.
Por eso, la Alcaldía de Medellín contrató un nuevo estudio por valor de $500 millones con el Grupo Artinco, una firma privada que también trabajó en conjunto con la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional.
El Grupo Artinco presentó ayer unos resultados preliminares, aún cuando el estudio no ha sido aprobado por la interventoría del análisis.
Las investigaciones coincidieron con las hipótesis iniciales de que las obras del Túnel de Oriente no incidieron en el problema, pero sí mostraron deficiencias constructivas en los inmuebles afectados del caso urbano.
Cimentaciones superficiales
Jonathan Muñoz, vocero del grupo consultor Artinco, precisó que el análisis estructural y morfodinámico de la centralidad del corregimiento comenzó en agosto de 2018.
Los monitoreos se enfocaron en la iglesia, la I.E Santa Elena y una vivienda particular en el parque, las estructuras más afectadas por el problema. La firma descartó las obras del túnel de Oriente como causal del agrietamiento de la zona y concluyó que el fenómeno responde a la mala planificación estructural de los inmuebles.
En las tres construcciones se encontró que las cimentaciones no eran profundas. La iglesia, por ejemplo, está cimentada a apenas 80 centímetros cuando en la estructura del suelo se encuentra material orgánico hasta los 15 metros. Así, para tener una estructura óptima, las fundaciones en el sector deben profundizarse hasta esta longitud, en un suelo mucho más firme.
El estudio también arrojó que no hay fugas de agua que pudieran incidir en las grietas y que la zona estable.
En futuras construcciones, los inmuebles deben cumplir con la normatividad sismorresistente, tener cimentaciones más profundas y buscar un suelo consistente para este tipo de pesos”, dijo Muñoz.
Que el interventor confirme
Jaime Bermúdez, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano —EDU—, manifestó que el informe aún no es concluyente y que están a la espera de la validación de la interventoría, un proceso que estaría culminado el próximo 5 de junio.
El gerente agregó que la EDU no ha escatimado en recursos para identificar la causa raíz de las grietas y poder darle una respuesta a la comunidad.
Bermúdez indicó, a pesar de todo, que algunos de los predios afectados son privados y esto les impide invertir allí recursos públicos.
“Cuando hablamos con el Dagrd, la instrumentación nos dice que hoy no hay ningún riesgo, ni movimientos, entonces eso es un parte de tranquilidad para la comunidad. Sin embargo, nos impide tomar acciones adicionales en predios privados porque no hay un riesgo latente”, dijo.
Con Bermúdez coincidió Ricardo Giraldo, gerente de Corregimientos, quien enfatizó en la importancia de esperar los resultados de la interventoría para luego evaluar si existen vías jurídicas que permitan intervenir estos predios privados.
Tras la presentación del informe, David García, líder de la comunidad, manifestó haber quedado con un sinsabor. “Se eximió de responsabilidad al Túnel de Oriente y a la Secretaría de Infraestructura”, expresó García, “queda pendiente que en la atención que se haga sean claros en si las viviendas están en condiciones de permanecer o si, por el contrario, lo que amerita es una demolición y la construcción de una parroquia nueva”.
Por su parte, la interventoría informó que ya emitió los comentarios correspondientes y que actualmente el Grupo Artinco se encuentra haciendo los ajustes. Sin embargo, agregaron, son modificaciones que no necesariamente afectarán de fondo los resultados, sino que permitirán descartar otras posibles hipótesis. Confirmaron que las conclusiones definitivas estarán listas el 5 de junio .
