No fue un primer mes cualquiera para el nuevo personero de Medellín, el abogado William Yeffer Vivas Lloreda. Arrancó labores el 1 de marzo justo a la par de las medidas y el estado de aislamiento para prevenir la propagación de la covid-19. No tuvo tiempo de adaptación porque la Personería no frenó su atención: entre el 17 de marzo y el viernes, recibió 354 solicitudes entre tutelas, impugnaciones y desacatos y 1.100 llamadas para asesorías legales. Además de la atención de la emergencia, Vivas Lloreda conversó con EL COLOMBIANO de sus retos al frente de la entidad.
¿Qué pedido les hace a la administración y a las autoridades de salud frente a la amenaza del coronavirus?
“Sabemos que Medellín está preparada para atender esta emergencia, así lo hemos sabido por parte de la Secretaría de Salud y por la administración. Existe un protocolo para atender este virus y vamos a estar muy atentos de que la ciudad sea atendida en la forma debida, en razón de que, a parte del virus que es altamente contagioso, nuestra situación ambiental hace mucho más grave la crisis y mucho más fácil que se puedan afectar las vías respiratorias de los ciudadanos”.
¿Cómo está la Personería y qué proyectos tiene?
“Ha avanzado mucho en la organización y la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a los servicios. Recibo una Personería que, pese al esfuerzo que hizo el personero anterior, todavía debe adecuarse a las problemáticas actuales. Temas como el medio ambiente, lo étnico, los migrantes y la equidad de género. Planeamos hacer una reforma parcial de la estructura por la cual proponemos crear la Unidad de Asuntos Étnicos”.
¿Qué haría esa unidad?
“Visibilizar y estudiar de manera directa las problemáticas que hoy ocurren en estas poblaciones y estamos mirando si desde esa misma unidad o conformando una nueva, tratar todos los temas de población migrante que está generando una problemática sistémica en la ciudad, con temas de seguridad, desempleo y mendicidad. Queremos intervenir porque sabemos que la problemática no la puede solucionar directamente el municipio porque eso excede su capacidad financiera, pero si queremos ser nosotros los que visibilicemos el problema para que el Gobierno ponga los ojos sobre Medellín y pueda inyectarle recursos”.
¿Y sobre la calidad del aire?
“La problemática medioambiental de la ciudad nos tiene a todos en alerta porque, pese a las medidas adoptadas por la administración, el aire no muestra mejoría. Es necesario que el observatorio de derechos políticos y medio ambiente de la Personería, que se encargaba simplemente de revisar, mirar y observar, proponga a la administración políticas públicas para proteger a las personas. Crearemos una Unidad Especial de Asuntos Ambientales”.
Se le reclama a la Personería un papel más activo en las crisis del aire, ¿qué hará puntualmente esa nueva unidad?
“Enviamos a la administración un documento en el que le sugerimos al Municipio hacer una prueba de un pico y placa mucho más rígido y estricto a ver si mejora el medio ambiente. Que sea para vehículos públicos y privados y también que se diseñe un incentivo económico para motivar a las empresas a que puedan hacer una renovación de su parque automotor, igualmente, hemos dicho en esa propuesta que es importante que haya una articulación entre Corantioquia y la alcaldía para proteger los bosques. En Medellín existía un cordón verde que poco a poco ha sido habitado y degradado”.
Referente a los derechos humanos ¿qué problemáticas críticas tiene hoy Medellín?
“Hay dos elementos que yo resalto: uno es el de los privados de la libertad que se han contado en estaciones de policía y en establecimientos carcelarios. El hacinamiento lleva a que estas cárceles se conviertan en un lugar donde se violan de manera sistemática los derechos de esta población. No es posible que convirtamos las estaciones de Policía, que son sitios transitorios, en sitios permanentes de reclusión. Tampoco es posible que convirtamos las cárceles en bodegas humanas. El establecimiento carcelario tiene un papel de resocializar al individuo, pero en las condiciones que están hoy se han convertido en escuelas del crimen, es importante que haya intervención del Estado”.
Aparte de esta situación, ¿qué otra cosa le preocupa?
“Hemos evidenciado que se está presentando de manera constante el desplazamiento intraurbano y esto se puede mirar en algunas comunas que años atrás habían estado muy tranquilas pero hoy, en razón de la intervención de grupos ilegales, se han venido presentando algunos homicidios. Esto está generando desplazamiento dentro del territorio urbano, pero sucede que muchos de estos ciudadanos temen hacer las declaraciones sobre su desplazamiento por las represalias. Nos reunimos con la Cruz Roja Internacional para que ellos nos sirvan de puente para tener contacto con esa población que le da miedo acercarse a la Personería para poder poner en conocimiento su condición”.
¿Cuál es su posición sobre el protocolo del alcalde Daniel Quintero de ingreso a universidades cuando hay presencia de explosivos?
“Mi posición es que ese protocolo debe ser revisado y dialogado con todos los sectores. Nosotros no somos quién para decirle al Ejecutivo qué medidas debe tomar, nosotros como Ministerio Público lo que debemos es garantizar que los derechos de los ciudadanos, que están dentro de la universidad y más de los que hacen protesta social, que sus derechos sean garantizados y respetados. Pero sí consideramos que es necesario, por el llamado que hacen los mismos universitarios, que haya un diálogo para concertar ese protocolo”
