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Hablan los implicados en juicio fiscal por Hidroituango

  • El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Después de la contingencia, el valor se elevó a $15,3 billones, es decir, un sobrecosto de $3,9 billones. FOTO juan antonio sánchez
    El costo inicial del proyecto hidroeléctrico era de $11,4 billones. Después de la contingencia, el valor se elevó a $15,3 billones, es decir, un sobrecosto de $3,9 billones. FOTO juan antonio sánchez
Publicado el 15 de noviembre de 2019
4,07

billones de pesos es el monto por el que se abrió proceso de responsabilidad fiscal.

en definitiva

El proceso de responsabilidad fiscal busca establecer la culpabilidad de los funcionarios y de los particulares cuando, en ocasión de su gestión, se compruebe daño al patrimonio del Estado.

Mediante auto de apertura del 8 de noviembre, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4 billones contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.

La suma del detrimento patrimonial se discriminó así: $2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación de la hidroeléctrica en las fechas planeadas originalmente.

El anuncio de esta decisión se hizo ayer en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas del primer año gestión del contralor General, Carlos Felipe Córdoba.

“Necesitamos recuperar esos más de $4 billones para que se los devuelvan a los antioqueños. Este es un control excepcional dentro de nuestro esquema de vigilancia y control para que nos cuenten qué fue lo que sucedió”, dijo.

Córdoba añadió que dentro del proceso, con las pruebas que ya tienen, se busca determinar “quienes fueron los responsables de las decisiones desacertadas que se tomaron” durante la construcción.

La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal se hizo después de que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción recibió el informe de la Actuación Especial de Control Excepcional.

Los llamados al proceso

Los presuntos responsables, según la Contraloría, son los exrepresentantes legales de EPM, Federico Restrepo (gerente entre enero de 2008 y diciembre de 2011) y Juan Esteban Calle (gerente entre enero de 2012 y diciembre de 2015), además del actual gerente Jorge Londoño De la Cuesta (gerente desde 2016).

Asimismo, aparecen Alonso Salazar y Aníbal Gaviria (en sus calidades de alcaldes de Medellín en los periodos 2008-2011 y 2012-2015, respectivamente) y Sergio Fajardo Valderrama y Luis Alfredo Ramos (en sus calidades de gobernadores de Antioquia en los periodos 2008-2011 y 2012-2015).

En la lista de presuntos responsables fiscales están 11 exmiembros de la junta directiva de la sociedad Hidroituango, además de seis exrepresentantes de la Sociedad, de EPM Ituango y exdirectivos.

El ente de control menciona 1o firmas de contratistas, consorcios y aseguradoras.

Hablan los implicados

Londoño De la Cuesta dijo que no ha sido notificado del proceso de responsabilidad fiscal, sin embargo, señaló que está presto a atender todo lo que corresponda a dicho proceso.

Federico Restrepo indicó que no ha sido notificado pero que está “bastante tranquilo”.

Alonso Salazar respondió que no ha sido notificado y que no conoce los argumentos. “Estoy dispuesto a presentar todas las explicaciones necesarias de mis actuaciones. Como alcalde me correspondió la firma del acuerdo con la Gobernacion para que EPM ejecutara el proyecto. No participé en la ejecución del proyecto. Estoy tranquilo”, anotó.

Juan Esteban Calle señaló que está presto a atender “los requerimientos de los órganos de control y las autoridades con la tranquilidad de conciencia, la satisfacción y el orgullo de haberle servido a la compañía y a la sociedad. Soy muy optimista con relación a la terminación y entrada en operación de Hidroituango, convencido de que el país necesita la energía limpia y competitiva del proyecto”.

Luis Alfredo Ramos, por su parte, expresó que no participó “en decisiones relacionadas con la planeación o construcción de las obras del proyecto”. Añadió que estará listo a responder “con absoluta tranquilidad y transparencia cualquier requerimiento”.

¿Por qué el juicio fiscal?

La Contraloría consideró, con base en el informe de actuación especial de control excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía y las pruebas allegadas, que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, “pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento”.

La situación descrita llevó, además, a que a la fecha la hidroeléctrica no esté produciendo energía. Esas mayores inversiones no justificadas, acotó el organismo, destruyeron el valor del proyecto, tal como fue concebido desde su línea de base, generando de esta forma un daño al patrimonio del Estado en la modalidad de menoscabo o pérdida.

A su vez, como consecuencia de la no entrada en operación de la central, por los aumentos injustificados del cronograma de obras, se generó un daño al patrimonio del Estado, toda vez que se dejaron de percibir los recursos que se esperaban por la generación.

Contexto de la Noticia

LO QUE SIGUE Citaciones a declarar

Tras culminar el proceso de notificación de este auto de apertura, el despacho de la contralora delegada citará a versión libre a los presuntos responsables, y decretará y practicará las pruebas a las que haya lugar. Después de este trámite, la Contraloría procederá a tomar la decisión que en derecho corresponda: archivar o imputar. Según Córdoba, el trámite puede durar entre un año y medio y dos años

Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.

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