La determinación de la causa de la contingencia en el proyecto Hidroituango tuvo su punto de quiebre el pasado 1 de marzo luego de que se presentara el informe causa-raíz, contratado por EPM y realizado por la firma noruego chilena Skava Consulting, según el cual, la crisis se originó por una deficiencia de diseño en fase de asesoría.
Leonardo Bustamante Vega, gerente de Ingeniería de Skava Consulting, explicó el día de la presentación del estudio que la zona de cizalla (deformaciones del terreno generadas por la fractura y deslizamiento de bloques de roca) donde se produjo la erosión y posterior colapso definitivo del túnel auxiliar, no fue tratada ni protegida, por un diagnóstico deficiente en la etapa de diseño.
Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo ese mismo día de la presentación del estudio que al Consorcio Generación Ituango (Integral-Solingral) le correspondía dar las explicaciones pertinentes.
El consorcio diseñador, pese a que el 6 de marzo le respondió a EPM diciendo que el estudio de Skava tenía errores e inconsistencias, no se pronunció en público al respecto. EL COLOMBIANO contactó en varias oportunidades a Carlos Eduardo Isaza Aguilar, presidente de la firma Integral, quién informó que no daría declaraciones a medios sobre las conclusiones del informe causa-raíz.
Pero el panorama cambió. El pasado 9 de abril, EPM envió una comunicación oficial a Hidroituango S.A., sociedad propietaria del megaproyecto, mediante la cual le informó que comenzaría a trasladarle todos los costos originados por la contingencia.
En esa comunicación, la empresa justificó que según los resultados obtenidos del estudio causa raíz, la hipótesis más probable era que la obstrucción del túnel auxiliar de desviación se debió a la erosión progresiva de una zona del piso del túnel, para la cual el diseñador no dispuso el tratamiento adecuado.
La nueva imputación de responsabilidad por la ocurrencia de la contingencia generó una respuesta pública del consorcio a EPM.
La réplica del diseñador
El desacuerdo del consorcio diseñador con el informe causa raíz se basa en que es una “hipótesis no probada y carente de rango cuantitativo”. Señaló que la firma Skava utilizó métodos que fueron aplicados de manera no ortodoxa, sin el rigor científico debido y las formalidades metodológicas requeridas para cualquier estudio de este tipo.
Además, dijo que no se ejecutó el cálculo de las probabilidades asociadas a cada evento, por lo que la selección de la causa más probable no tiene sustento metodológico.
Retomó una parte de la carta privada enviada a EPM el pasado 6 de marzo en la que expuso que el diseñador-asesor aclaró, una vez terminada la excavación de la galería auxiliar de desvío, que se requería limpieza del piso hasta roca sana y tratamiento.
“Agrega además el informe que la realización de estas actividades no está acreditada, aspecto este que como es bien sabido por los actores del proyecto, no hace parte del alcance del trabajo del diseñador-asesor”, señaló.
“Causa grave perjuicio”
En la carta, el consorcio aclaró que ha tenido dos roles en el proyecto, el primero como diseñador y el segundo como asesor durante la fase de construcción. Añadió que del propio estudio de Skava se desprende que no es cierto que el diseñador-asesor no haya dispuesto de tratamiento adecuado a las zonas de cizalla y por ende “no es cierto que haya existido omisión del consorcio de acuerdo con sus responsabilidades contractuales”.
Contó que tiene elaborado desde el 27 de febrero un informe causa raíz notariado y que, además, está finiquitando un informe complementario en el que analiza “deficiencias” del estudio de Skava.
“La imputación de responsabilidad, sin apoyo sólido y sin contradicción, está causando un grave perjuicio a nuestra organización, que cuenta con una amplia experiencia y reconocimiento (...) acompañando a EPM en la construcción de su patrimonio desde hace más de 63 años”, finalizó.
En conversación con EL COLOMBIANO, el presidente Isaza Aguilar sintetizó que “no es aceptable que nos pongan como responsables” .
