Un juez de control de garantías le ordenó a EPM conformar una mesa técnica con autoridades nacionales y comunidades para evaluar la situación del proyecto Hidroituango y estabilidad del macizo rocoso sobre el que está soportado el proyecto.
Durante la audiencia realizada en la tarde del miércoles, la Fiscalía argumentó que se estaban vulnerando varios derechos a la comunidad por lo que su salud estaba en riesgo, así como el entorno en el que residían.
La orden del juez especifica que en la mesa deben tener asiento delegados de la Fiscalía, la Contraloría, Procuraduría, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, EPM e Hidroituango.
“Esta delegación debe reunirse en un término no superior a cinco días y propondrán todas las acciones pertinentes de índole administrativo y técnico en aras de obtener un estudio con expertos en la materia que analicen la estructura rocosa donde se ubica el proyecto”, ordenó el juez.
Lo que se busca con esta medida cautelar es determinar o no la continuidad del proyecto o su suspensión. Los informes que debe rendir esta mesa técnica deberán entregarse cada diez días y hasta por sesenta días a partir de que quede en firme la decisión.
Le puede interesar: Expertos internacionales examinan Hidroituango
Gabriel Jaime Velásquez Restrepo, vicepresidente (e) de Asuntos Legales de EPM, informó que la empresa “acata y respeta las órdenes del juez”, pero que en uso de sus recursos legales, dio trámite a una apelación sobre esa decisión que deberá ser resuelta en los próximos días.
“Desde la ocurrencia de la contingencia en mayo de 2018 el Gobierno Nacional instaló un Puesto de Mando Unificado que coordinan las autoridades del orden nacional y en el que participan Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Gobernación de Antioquia y ministerios, entre otras (...) La decisión del juez ya tiene explicación en ese mismo Puesto de Mando Unificado”, dijo.
Sobre los estudios ordenados para el macizo rocoso, Velásquez aseguró que la orden es una reiteración, pues la empresa ya ha hecho cuatro estudios sobre el particular. “Estamos reiterando obligaciones o deberes que ya eran atendidos por parte de EPM”, señaló.
Asuntos de salud
La otra medida adoptada busca proteger los derechos a la salud pública, medio ambiente, dignidad humana, mínimo vital y salud de las comunidades afectadas por lo que se le ordenó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a las Alcaldías, corporaciones autónomas, Cruz Roja y el Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la Gobernación de Antioquia, Dapard, para que elaboren planes de contingencia para la atención oportuna e integral de las poblaciones afectadas. Esta medida es en respuesta al estado de calamidad pública decretada por la Gobernación departamental.
La Fiscalía presentó ante el estrado un balance de afectados por Leishmaniasis de los cuales señaló que en los últimos años han aumentado y que ello podría tener relación con los inconvenientes que se han generado con la llegada de la hidroeléctrica. En su explicación reseñó que para 2013 los casos por esta enfermedad eran uno o dos, en promedio, por año.
Tres años después ya eran 43 casos y en 2018 subió a 85. Este balance de salubridad lo reportó para pedirle al juez que le ordene las medidas para que EPM diseñe y ejecute un programa para atender a estas personas y se realicen los estudios dirigidos para verificar lo que está sucediendo frente a esta enfermedad.
Sobre las afectaciones al medio ambiente, el juez señaló: “Hasta ahora hay un daño menor, pero si ello llega a colapsar los daños son incalculables y se tornarían impagables (...) El derecho al medio ambiente tiene que ver con la dignidad humana y a la vida, es un derecho fundamental. No es solamente la vida humana la que se ve afectada, sino la que hay en el planeta”, acotó.
En un comunicado, EPM agregó que desde octubre de 2018, en cumplimiento a los requerimientos realizados por la ANLA, se está ejecutando un contrato con el objeto de “emitir un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo sobre las condiciones de estabilidad (bajo el escenario de contingencia) y futuras (bajo el escenario de operación) del proyecto Hidroeléctrico Ituango”, el cual incluye un análisis adicional del macizo.
