Las voces que cuestionan no hacen mella en quienes han tenido la responsabilidad de liderar EPM, la empresa más grande de Antioquia y una de las más importantes del país.
Esta organización, 100 por ciento pública, fue fundada el 6 de agosto de 1955, a través del Acuerdo número 58 del Concejo de Medellín, que fusionó en un establecimiento autónomo cuatro entidades que hasta ese momento prestaban servicio independientes: energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos.
Desde enero de 1998, EPM fue transformada en Empresa Industrial y Comercial del Estado, y hoy, para el ejercicio de sus actividades, se encuentra sometida a las disposiciones de la ley comercial.
La expansión ha sido constante durante los últimos años, decisión que no ha sido ajena de polémicas. Entre sus negocios en el exterior están Aguas de Antofagasta y el Parque Eólico los Cururos, en Chile; Ticsa, en México; Electricidad de Centroamérica, en El Salvador; y Ensa y la Hidroecológica del Teribe, en Panamá.
Según Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, el municipio es privilegiado a nivel nacional y latinoamericano al tener una empresa pública que le transfiere sus utilidades, año a año. “Durante los últimos años estas (utilidades) han crecido, excepto en 2016. Se han venido consolidando y fortaleciendo. Este año recibiremos $1,2 billones, producto de las transferencias generadas en 2017. Esto representa entre 22 y 25 % de los ingresos totales de Medellín, contemplados para la vigencia de 2018”, dijo.
El patrimonio del grupo empresarial y sus rentas son propios y están totalmente separados de los bienes y de los fondos comunes del Municipio de Medellín. EPM no cuenta con aportes externos diferentes a la facturación por la prestación de sus servicios.
