JUAN FELIPE ZULETA VALENCIA
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18 iglesias y bienes culturales destruyó el conflicto armado en Antioquia, ¿cómo se están recuperando?
La Jurisdicción Especial para la Paz abrió varios frentes para investigar la destrucción de bienes culturales. Casi todos los casos priorizados ocurrieron en Antioquia.
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El carro bomba detonado el 7 de junio de 2004 en pleno centro de Medellín destruyó parte de la parroquia San Juan Bosco, patrimonio cultural. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
hace 6 horas
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Entre 1985 y 2016, al menos 81 iglesias fueron atacadas o destruidas en medio de combates, tomas, atentados y hostigamientos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. También está documentada por el Centro Nacional de Memoria Histórica la destrucción de al menos 20 casas de cultura y sedes de expresiones artísticas y autóctonas. Y aunque no están documentados, también fueron cientos los casos de devastación de plazas de mercado con decenas y hasta siglos de existencia; de calles y plazas históricas; de playas, montañas, ríos, caminos ancestrales y sitios sagrados; de piezas históricas y sitios arqueológicos, en fin.
Entendiendo que hasta la guerra tiene límites y que por más cruenta que sea siempre habrá una sociedad que reconstruir cuando las bombas y la muerte cesen, el ataque contra los bienes culturales (monumentos históricos y patrimoniales, obras de arte, riqueza arqueológica y sitios de culto y fe) son particularmente condenables por la justicia y por el juicio de la historia. Lo dice la Convención de La Haya desde 1954 y lo ratificaron los Convenios de Ginebra en 1977 y el Estatuto de Roma en 1998.
Lo dice también la magistrada de la JEP, Belkis Izquierdo: “Los bienes culturales y los lugares de culto, más allá de su belleza tangible, representan la conexión espiritual con la memoria, con la identidad y con el conocimiento y el saber profundo de los pueblos. Su destrucción trasciende el daño material y golpea profundamente las raíces culturales y espirituales de los pueblos, no solo los étnicos, sino en general de todas las sociedades”.
En Colombia, la individualización de los casos relacionados con esta destrucción durante el conflicto armado; sus impactos, la búsqueda de responsables, las condenas y formas de justicia y reparación han quedado relegados ante el inabarcable universo de hechos de violencia y victimización sufridas por más de seis décadas de conflicto.
Decisiones que abren el camino
Sin embargo, esa daño hasta ahora invisible de la guerra en la identidad, la memoria y la dignidad de los colombianos podría empezar a cambiar con el trabajo largo y complejo que adelanta la JEP.
En otro precedente que resulta clave, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP negó hace dos meses la solicitud de amnistía presentada por Rolando Albeiro Acevedo Muñoz, compareciente de las extintas Farc-EP y excomandante del Frente Urbano Jacobo Arenas que operó en Antioquia, por su condena en la justicia ordinaria por el delito de terrorismo.
El crimen por el que al excomandante conocido como ‘Octavio’ le fue negada la amnistía, conmocionó a la sociedad el 7 de junio de 2004, cuando un carro bomba estalló en el parqueadero María Auxiliadora, en el Centro de Medellín.
El atentado terrorista, que buscó devastar la estación de policía de la Candelaria, dejó 13 personas heridas y causó daños a edificaciones cercanas, sobre todo en la parroquia San Juan Bosco María Auxiliadora. El argumento presentado a la JEP fue que el blanco del atentado era la estación, una estructura militar y por lo tanto legítima en el marco del conflicto. Pero el punto crucial en este hecho concreto es que la explosión afectó un bien cultural, protegido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y que bajo ninguna circunstancia podía ser considerado un objetivo militar legítimo.
El bombazo destruyó totalmente los siete vitrales de la parroquia San Juan Bosco María Auxiliadora, traídos en 1905 desde Italia, además se desprendió el cielorraso, también de origen italiano.
Fue un golpe al alma de la comunidad salesiana, pero además a la feligresía en general pues el derruido templo fue consagrado como el primer Santuario de María Auxiliadora en Colombia, en 1930, lo que sumado a su valiosa arquitectura llevó a su declaratoria como Bien de Interés Cultural en 1991.
Acevedo Muñoz reconoció ante la JEP que dio la orden para que un vehículo ingresara ese día al parqueadero de la iglesia que conectaba con la estación para hacerlo estallar. Pero a pesar de su reconocimiento y aporte a la verdad, los magistrados determinaron que la destrucción de este templo patrimonial, se constituye como crimen de guerra, una grave infracción al DIH, y, por tanto, no susceptible de amnistía.
La Sala Amnistía o Indulto determinó que en este caso hubo agravantes, como las afectaciones al tejido social y, en un sentido más amplio, el menoscabo de la herencia cultural de los pueblos y su identidad. La JEP reconoció que el atentado tuvo un profundo impacto espiritual en la comunidad de Medellín y la afectación al patrimonio cultural, protegido por instrumentos internacionales.
Centrarse en estos impactos de la guerra, en un conflicto tan sanguinario, marcaría un nuevo camino de justicia, verdad y reparación en el país.
Este caso es el primero en el que la SAI se pronuncia sobre un hecho de terrorismo contra un bien de interés cultural, aunque la JEP ya había abordado esta clase de crímenes en otras investigaciones. En el Caso 02 que investiga la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, en Nariño, y en el Caso 05, sobre el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, se imputaron crímenes de guerra por destrucción de bienes culturales y lugares de culto a exintegrantes de las Farc-EP.
Asimismo, en el Caso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos, se identificó los ataques a bienes civiles, culturales y lugares de culto como daños que vulneraron profundamente la vida colectiva, la identidad cultural y la integridad espiritual de estas comunidades.
Pero ahora adelantan nuevas investigaciones y decisiones más específicas sobre destrucción de bienes protegidos (sitios educativos, hospitales, bienes culturales, entre otros), como parte del Caso 10, y en ese espectro esperan tener decisiones trascendentales respecto al impacto en contra de bienes culturales. Y en ese escenario, Antioquia será el punto de partida.
Tras los rastros de la destrucción de los bienes protegidos
Lo que busca la JEP es abrir otros frentes de investigaciones que robustezcan el Caso 10, que investiga crímenes en contra del Derecho Internacional Humanitario, delitos no amnistiables. Allí, en el Auto de Hechos y Conductas, se abrió una ventana para analizar la gravedad de los delitos cometidos tales como la destrucción de lugares dedicados a la religión o el culto y que honren el patrimonio.
De todo ese universo de hechos; de tomas, hostilidades, combates, ataques intencionales contra la población, entre otros, tienen que determinar cuáles afectaron bienes protegidos, según las normas internacionales.
Es un trabajo de filigrana ante las cifras monumentales de la guerra. Según la JEP, en el Universo Provisional de Hechos (UPH) que tienen en sus manos, el Bloque Noroccidental de las Farc-EP (que operó en Antioquia, Risaralda, Chocó, Córdoba y Caldas), es señalado de haber cometido 321 eventos relacionados con uso de medios y métodos de guerra ilícitos, de los cuales 57 serían ataques a bienes protegidos.
Sumando las acciones cometidas por todos los bloques de las Farcocurrieron 1.263 eventos con 295 hechos contra bienes protegidos.
El Centro Nacional de Memoria Histórica recogió los hechos en los que fueron afectadas o destruidas 82 iglesias y templos –19 de estas en Antioquia– además de 21 sitios dedicados al arte, cultura y tradiciones autóctonas y una obra de arte.
Pero según explica la JEP, no todos estos hechos serán priorizados en la investigación sobre destrucción de bienes protegidos. El alto tribunal preseleccionó para ello el atentado terrorista en el parque San Antonio, en el que fue destruida El Pájaro, del maestro Botero (1995); las tomas de Campamento, Antioquia (1999, 2002); la toma de Pensilvania, Caldas (2000); la toma de Argelia, Antioquia (1997); la de San Francisco (1999); y la de Nariño, también en el Oriente antioqueño (1999).
El resto sucedieron en Medellín (entre 1085 y 2004; incluyendo dos iglesias católicas, una mormona y dos cristianas); en Caicedo (tres veces entre 1992 y 1997 por autoría de las Farc); Vigía del Fuerte (2000, Farc); Ituango (2003, paramilitares); Yalí (1992, Farc); Peque (1995, Farc); Toledo (2002, Farc); Yarumal (2012, Farc); Dabeiba (2003, paramilitares). Además figuran el Museo de Arte Moderno de Medellín en 1989 y la Casa de la Cultura de Cocorná, en 1998,
La iglesia que aguantó todos los embates de la guerra
Pocos casos tan emblemáticos como el de Campamento, en el Norte de Antioquia, para ilustrar cómo la destrucción de bienes culturales busca matar el alma de una población: borrar su memoria e historia, la oficial y la que se construye en la cotidianidad; anular sus costumbres y sus saberes; socavar su resistencia para superar el conflicto.
Entre 1996 y 2002, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario sufrió todos tipo de vejámenes. Todo quedó documentado gracias al riguroso trabajo de Jhon Jairo Álvarez Agudelo, escritor e historiador del pueblo, cuyo trabajo fue la base en que se apoyaron la JEP, la Comisión de la Verdad y Naciones Unidas para abordar el caso de Campamento en el marco del conflicto armado.
La parroquia existe desde hace 190 años, el mismo tiempo que tiene Campamento como municipalidad. Primero fue capilla de madera y bahareque, hasta que en 1896 se tomó la decisión de construir un templo más sólido. Con el tiempo, el esfuerzo y los recursos de los campamenteños, el templo nuevo quedó listo para finales de los 20, pero el 29 de enero de 1929 la consumieron las llamas de un fuego iniciado por un truhán que pretendió quemar los archivos del juzgado aledaño.
Comenzaron desde cero, cuenta Jhon Jairo, a construir por tercera vez su templo, esta vez el resultado fue esa estructura con el bello frontis tipo tudor inglés coronado por la cúpula poligonal.
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El 20 de septiembre de 1996, cuenta Jhon, ocurrió una de las dos destrucciones más desoladoras. El ELN entró al casco urbano y desató el infierno. La estación de policía que quedaba al lado de la iglesia fue reducida a escombros mientras los policías trepaban hasta las tres cimas de la iglesia buscando una posición para repeler el ataque.
Estaba próximo a cumplirse un año de las celebradas restauraciones que habían hecho al templo con motivo de sus 170 años, una remodelación total que animó el espíritu de la gente. Pero ese día, con la excusa de acabar la resistencia que mantenían los policías en el alto de la iglesia, los guerrilleros fueron implacables en su destrucción.
Tres años después, faltando pocos meses para acabar el convulso siglo XX, en Campamento celebraban la proximidad del Jubileo, que era para ellos una reafirmación de la vida después de una década de derramamiento de sangre en medio del fuego cruzado. La parroquia, nuevamente levantada con casi todas las manos del pueblo, comenzó a desmoronarse en cuestión de minutos mientras sonaban los tatucos y morteros el 10 de julio de 1999. Fue el inicio de la toma más sangrienta que vivió el pueblo y que se prolongó hasta el día siguiente. La torre y el frontis y el techo sucumbieron nuevamente. “¿Qué hicimos? La volvimos a levantar”, relata Jhon Jairo.
El arranque del nuevo siglo no trajo la paz. El 20 de julio de 2002, día de la Independencia, en pleno parque y como recordatorio demencial de que para los armados la vida no valía nada, Claudia Patricia Correa Pérez, una joven a la que le faltaban 15 días para cumplir 22 años, fue asesinada a la vista de todos. El crimen fue uno de esos puntos de quiebre. Un pueblo agotado, pero valiente –cuenta el escritor– salió a despedirla. Ese 21 de julio, durante su sepelio, la guerrilla desató un combate con la fuerza pública y con el templo a reventar arrecieron las balas y explosiones. Apenas dos meses atrás, las Farc había cruzado todos los límites de la guerra matando a 80 personas (48 menores de edad) mientras se refugiaban en la iglesia de Bojayá. Jhon Jairo recuerda que el fantasma de Bojayá los rodeó a todos, un momento interminable. Pareció quedar de manifiesto, entonces, que la destrucción reiterada de Nuestra Señora del Rosario, elevada a Bien de Interés Cultural en 1978, no fue solo un daño colateral de la guerra sino un patrón con el que se quiso minar la templanza un pueblo.
La parroquia, actualmente, se prepara para unos arreglos justos y necesarios en sus 190 años. Salvo el techo, conserva su esencia y su resistente arquitectura.
¿Qué tan lejos llegará el país para hacerle justicia a su patrimonio?
La profesora Marina Lostal, experta en derecho penal, justicia ambiental y derechos humanos de la Universidad de Essex, una de las grandes instituciones internacionales aliadas de la JEP, señala que a pesar de que desde hace casi 120 años existen normativas internacionales para proteger el patrimonio en guerras y conflictos, persisten enormes vacíos y contradicciones en los que ha anidado la impunidad, desde 1907 cuando se promulgó el Reglamento relativo a leyes y costumbres de la guerra terrestre de La Haya.
En dichas leyes, explica la experta, se fijaron unas reglas básicas que impedían que, en adelante, continuaran las prácticas de arrasamiento de ciudades sin atenuantes que buscaban desmoralizar a la población y presionar a los Estados, y se ordenó evitar ataques a cualquier edificio dedicado a la religión, al arte, a la cultura, así como los monumentos históricos.
Ocurren entonces la Gran Guerra y luego la Segunda Guerra Mundial donde gran parte del patrimonio material de Europa queda hecho escombros y se abre un infame mercado negro de todo tipo de riquezas culturales, artísticas, arqueológicas, en fin. La Convención de 1954 de La Haya, amplía la profesora Lostal, corrige lo establecido en 1907 que era demasiado general y ambiguo, y crea sistemas específicos de protección para bienes culturales.
Pasa casi medio siglo, hasta que en 1998 los Estatutos de Roma elevan a crimen de guerra la destrucción de bienes protegidos. Pero por alguna razón que aún es inexplicable, según Lostal, en la redacción de los Estatutos se retrocede casi un siglo atrás y la confusa generalidad que ofrecía el reglamento de 1907 vuelve a figurar. Los Estatutos de Roma terminan metiendo en la misma bolsa hospitales y escuelas con bienes patrimoniales y culturales. Pero, lo que es todavía más contradictorio –señala la experta– es que en lugar de ampliar el concepto de patrimonio y cultura hacia definiciones más universales, se queda atrapado en una ceguera eurocentrista que solo concibe el patrimonio como edificios y monumentos: lo que tenga paredes, techo, lo sea antiguo y arquitectónica o artísticamente valioso ante la mirada occidental predominante. Le cierra por ejemplo la puerta a la posibilidad de que la naturaleza pueda ser considerada patrimonio.
Así, entonces, el derecho internacional protege una iglesia donde se venere una deidad, pero no una cima de un monte donde se haga lo mismo. Y eso crea un desconcierto a la hora de buscar protección y justicia para el patrimonio en países como los latinoamericanos, como Colombia y su pluralismo étnico, social y cultural.
Al final, lo que concluye la investigadora es que la JEP, en la búsqueda de justicia que ha emprendido sobre estos hechos en específico, no debería limitarse al Estatuto de Roma, y mejor apoyarse en la Convención del 54 y todo el marco normativo que le permita reforzar el concepto de que un enclave natural puede tener dimensión cultural y patrimonial para una comunidad. El norte, como lo aclaró la magistrada Belkis, es otorgar justicia a todo lo que contenga la memoria y a la dignidad de las comunidades, no a los ladrillos ni a las cosas.
Colombia abriría entonces un complejo pero valiente precedente en el mundo. Otorgar justicia en los casos de esas 81 iglesias sería apenas el punto de partida.
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