A sus 62 años, después de haber criado con alma, vida y corazón a tres hijos, Héctor Antonio Garcés debería estar echado en una hamaca, descansando plácidamente en su residencia de un barrio de Medellín, pero no, a este adulto mayor -como hoy en día hay que decirles a los viejos- le toca vivir al sol y al agua y apretar duro para ganarse con qué mercar, pagar servicios, con qué sobrevivir.
Él es uno de los 388 comerciantes que hace un año fueron desalojados del Bazar de los Puentes, plataformas A y B, por razones de seguridad y porque, consideraron las autoridades de Medellín, el lugar se había convertido en centro de comercio de droga, actividad conocida en el argot policial como microtráfico.
Héctor se ve cansado. El sol intenso de los últimos días ha hecho mella en su cuerpo, en su piel, ennegrecida, con manchas. Sus ojos no reflejan alegría sino estrés. No puede reír.
-Cómo me voy a reír si después de llevar 45 años comerciando con ropa usada ahora me piden que cambie de tipología, que venda otra cosa para poderme reubicar. Eso no tiene lógica. Ya viejo me queda imposible hacer eso-, dice en medio de una algarabía de decenas de veteranos que, como él, tienen los tendidos de objetos, cachivaches de toda clase, en los bajos del viaducto del metro, entre las avenidas Echeverri y De Greiff, en la que hoy por hoy es la zona más congestionada e insegura del Centro de Medellín.
No es mucha la mercancía que tiene Héctor: en el tendido se distinguen camisas, yines, pantalones de dril y pana y una que otra chaqueta. Curiosamente compite con Octavio Valencia, contemporáneo suyo que vende juguetes viejos, muñecas, carros de juguete a los que les faltan partes o zapatos viejos, ropa, cables de computador y celular y otros raros objetos que uno ni se explica cómo tienen comercio, mercado de oferta y demanda y clientes que preguntan por el precio. Que haya regateo.
-No, no gracias, no me sirven-, le dice Octavio a un muchacho de gorra que llega a venderle unos botines negros, de cuero, ya muy arrugados en la punta. El joven, que seguramente ya lo conoce, guarda de nuevo los zapatos entre una bolsa negra, y se va a otro lugar por el mismo viaducto.
-Acá vivimos en zozobra, todo el tiempo creemos que nos van a sacar, tampoco es mucho lo que perdemos porque acá no vendemos es nada, pero pedimos justicia, que nos reubiquen en un lugar digno, esto es inhumano-, opina Octavio, uno de los líderes de los venteros desalojados.
Denuncia que en todos ellos hay desesperación. La calle, que a veces es un buen escenario para las ventas informales, en este caso no les ofrece la mejor alternativa, pues ellos ya estaban asentados en las plataformas, que fueron demolidas y hoy las losas sobre las que estaban son prácticamente basureros y asiento de habitantes de calle.
-Allá nos iban a buscar los clientes, teníamos seguridad, las ventas eran buenas, yo me vendía hasta 150 mil pesos en un día y acá si acaso hago 30 mil. Mejor dicho, acá tenemos las 7 plagas-, asegura Octavio, triste, cabizbajo, tan lúgubre, como su mercancía.
La vida vuelta chéchere
Suena cruel, pero ellos lo dicen: “tenemos vida de chéchere”.
Las palabras son de Doralba Cárdenas, una señora de 60 años que vivió días dorados en su puesto en el Bazar de los Puentes. Allí tuvo un restaurante en el que vendía más de 150 mil pesos al día. Era tan querida por todos, que hasta les fiaba tranquila desayunos, almuerzos y comidas. Todos le pagaban cumplidos.
-Eso sí era vida. Acá es una guerra-, dice, pues aparte de que está en la calle, ella sí tuvo que cambiar de “tipología”, como llama su compañero Héctor al cambio de negocio.
Ahora ofrece relojes, cuadros, portarretratos y juguetes. No se ve tan deprimente el tendido, pues ella tiene dignidad y no vende objetos inservibles. Algunos son hasta lujosos, como de casa de “ricos”.
-Yo vendo bueno, bonito y barato, pero pa’qué hijo si no hay quién compre.
El bullicio se oye alrededor. Los carros pasan, pitan, frenan a dos metros del viaducto. El sol pica. Un policía discute con el dueño de una carreta con frutas. Todos temen que de pronto se la quite o se la tire al suelo, “porque eso es lo que hacen ellos cuando uno no les paga lo suyo”, dicen varios de los veteranos asentados en el sitio. Pero todo termina amigablemente. El policía se va y el carretero sigue su camino. Pero la tensión no pasa. Y Doralba hace cuentas.
-Vea cómo es acá hijo: todos los días hay que pagar cinco mil pesos de guardadero, tres mil al que lleva la mercancía hasta allá y al otro día dos mil al que la trae. Y tenemos que gastar en gaseosa, almuerzo. Esto es la quiebra, estamos jodidos.
Se siente deprimido el corazón cuando una señora de tanta edad, que ya debería estar en su casa reposando, soporta humillaciones, riesgos, inclemencias, polvo y lluvia en una calle de la ciudad. La solución sigue siendo lenta, muy lenta.
En la tercera edad
La dramática situación de este grupo de medellinenses, 90 por ciento mayores de 55 años, hace decir al concejal Jesús Aníbal Echeverri que estas personas “son tratadas como habitantes de calle, a los que se les violan sus derechos”.
Echeverri culpa de la situación a la subsecretaria de Espacio Público, Irma Lucía Ramírez, porque pasado un año del desalojo y demolición de los locales, no se ha logrado una solución. Para el tema fue nombrada una mesa de diálogo que integran varias instancias de la Alcaldía y el concejal, pero no ha habido soluciones.
La funcionaria se defiende y defiende la gestión realizada. Inicia indicando las cifras de del desalojo. Dice que las plataformas A y B contaban con un total de 455 locales comerciales, destinados a venteros informales que anteriormente laboraban en las calles.
-Para el 2014 encontramos que solo 403 de estos locales eran ocupados, algunos por venteros informales o por terceros, 25 se encontraban cerrados, 25 disponibles y 2 sin información del ventero. Durante la intervención realizada en el 2014, 388 venteros retiraron voluntariamente sus pertenencias de los locales y se logró la reubicación inmediata de 67 que certificaron ser los adjudicatarios del local.
Después de un año, la Subsecretaría de Espacio Público ha logrado la reubicación efectiva de 83 venteros en los diferentes centros comerciales populares de la Administración Municipal, 23 están en proceso de reubicación, 16 en evaluación del comité técnico y se han recibido 12 fallos de tutela ordenando reubicación.
Algunos de los reubicados en la plataforma C y los bazares Juanambú y Bolívar no se sienten a gusto, pues no ven punto de comparación entre lo que vendían en los Puentes y sus nuevos locales.
-Yo allá vendía al día hasta 100 mil pesos, acá me toca pelear hasta por el pasaje-, repite María de la Luz Muñoz, una señora de 72 que tenía allá, en lo demolido, bien montado su restaurante.
Mientras pela una papa con destino a una olla que si acaso servirá para diez comensales, en el segundo piso del Bazar de Bolívar, sigue con su lamento, el lamento de una mujer próxima a la ancianidad que no deja de luchar la vida, pues debe responder como por diez por personas.
-El desalojo me hizo enculebrar mucho y trabajo pa’pagar deudas-, sostiene.
Un poco mejor, aunque no óptima, es la situación de Patricia Quintero, quincallera en el primer piso de la misma infraestructura. Dice que al principio fue muy duro y prácticamente se quedó en la ruina con la reubicación.
-Sólo cogí deudas y es lo que estoy pagando. Me atrasé en arriendos, servicios, impuestos. Ya ha ido apareciendo la clientela, pero esto no se mueve casi porque es muy solo, la ventaja es que no estamos en la calle, estamos más seguros, pero no da para mucho-, explica.
Dice que de ganarse, libres, $60.000 hace un año, ahora si mucho le quedan 30. No es fácil mover un local de compra y venta de herramientas viejas.
Espacio Público responde que “la reubicación en estos centros comerciales se realizó porque al momento de hacer la intervención eran los que tenían más locales para ubicar a los venteros que salían de las plataformas”.
Según la dependencia, en la actualidad estos centros comerciales se encuentran a cargo de la Secretarías de Desarrollo Económico y Suministros y Servicios y es a ellos que les corresponde generar estrategias articuladas con los venteros para volverlos más atractivos para compradores y transeúntes.
Estar viejo, cansado, enfermo y no tener sino Sisbén, es el peor escenario para un hombre que trabajó toda la vida. Juan Darío García, de 60 años, siente que la vida le pagó mal todos sus esfuerzos por ser honrado, honesto y buen padre y esposo.
-Hace años un carro me partió un pie y me dejó cojo y ahora no aguanto los cólicos. La culpable es la Administración, que nos sacó de los locales con mentiras y nos tiró a la calle. Tengo cinco hijos, mi señora y un nieto y con este trabajo no voy a poder-, asegura.
Debe ser cierto, pues diez o quince cascos de motos viejos, además de algunos repuestos de segunda para ese tipo de vehículos, no deben mover mucho capital por día, “si acaso 30 mil pesos”, afirma. Su situación es casi de miseria. El polvo de la calle lo agobia. El barro de la vida lo tiene sin ganas de vivir, como les ha pasado a dos colegas “que murieron de depresión”, dice.
Otros han fallecido atropellados por vehículos al cruzar las vías del sector. A ellos les hicieron homenaje con ataúdes en la conmemoración del primer año del desalojo.
Espacio Público recalca que este no es un caso especial para los venteros del Bazar:
-Toda persona que ejerza su labor comercial en el espacio público se ve expuesta a tener problemas de salud, a causa de la contaminación generada por los carros, o por el clima, inclusive a sufrir accidentes de tránsito. Lo que se busca desde la Subsecretaría es que estén afiliados a un sistema de salud, que les permita acudir por atención médica ante una posible emergencia.
El concejal Echeverri, que promovió debates sobre el tema, expone que “la Subsecretaria de Espacio Público (con el desalojo y la no solución) cometió la peor violación al derecho al trabajo y al debido proceso y por eso denunciamos ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo”, que no han dado respuesta.
Irma Lucía asegura que desde la Subsecretaría se han realizado todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de estos comerciantes, no solo con la oferta institucional de la Alcaldía y la empresa privada, sino también con capacitaciones de Emprendimiento, mercadeo, manipulación de alimentos e incluso con el Punto de Intermediación Laboral (PIL) y créditos con el Banco de las Oportunidades.
Otro problema que ha generado el desalojo de los bazares es el apiñamiento de los comerciantes en un espacio muy reducido. Y ello ha traído inseguridad y deterioro del espacio público. El microtráfico, para empezar, no se ha ido y basta pararse diez minutos allí para darse cuenta de que las bandas dedicadas a esta actividad siguen ejerciéndola.
Espacio Público sostiene que desde la Administración se están realizando todos los esfuerzos para dar una solución efectiva y pronta a esta problemática en forma articulada con las diferentes dependencias de la Alcaldía.
El proceso aún no se aclara. Tampoco hay plazos definidos para que el conflicto quede resuelto definitivamente. Y mientras pasa el tiempo, los viejos se siguen “oxidando” como sus mercancías tiradas en el piso. Y a veces sin un ápice de esperanza de que lleguen mejores tiempos, pues sienten que lo que les queda de vida ya es muy poco.
28
venteros o familiares de venteros se inscribieron al programa Buen Comienzo.
58
de los desalojados han sido remitidos a Amauta, el programa del adulto mayor.
170
mercados entregó la Unidad se Seguridad Alimentaria.
