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Si bien las autoridades de la capital antioqueña han implementado políticas para reducir los niveles de contaminación en el Valle de Aburrá y para mantener a los ciudadanos informados sobre el estado del aire, estas no han sido suficientes.
En consecuencia, el Consejo de Estado, después de ocho meses de estudio, ratificó las medidas cautelares para proteger la calidad del aire, impuestas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y apeladas por la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana.
El pronunciamiento de la máxima autoridad de lo contencioso administrativo obedece a un recurso de apelación a través del cual las autoridades de la capital antioqueña buscaban dejar sin efecto las acciones ordenadas por el Tribunal, enmarcadas dentro de una acción popular que interpuso un grupo de ciudadanos de Medellín para que se protegiera el derecho colectivo al goce de un ambiente sano.
La primera de las acciones que quedó en firme es que las autoridades deben realizar un monitoreo constante de la calidad del aire, con el fin de adoptar las medidas preventivas que estimen necesarias “para evitar que, en ninguna época del año, los reportes lleguen a niveles que excedan el color amarillo (moderado)”.
Asimismo, el Tribunal había ordenado que, en caso de sobrepasar dicho nivel, las entidades accionadas deberían adoptar medidas de mitigación de los efectos perjudiciales y de restauración al nivel amarillo. De igual forma, le ordenó al Municipio y al Área que informen a los ciudadanos sobre la calidad del aire, en redes sociales y en la página web de cada una de ellas.
Al revisar las medidas adoptadas por las autoridades locales, la sala del Consejo de Estado advirtió que muchas de ellas fueron implementadas varios años atrás y, que si bien pudieron contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, lo cierto es que hasta la imposición de la medida cautelar del Tribunal (20 de marzo de 2018), no habían resultado del todo efectivas.
“Lo que se evidenció es que no existen medidas concretas a corto y mediano plazo, además, que las actividades adoptadas para mitigar la contaminación no han arrojado resultados satisfactorios y la información a la comunidad no es presentada de manera entendible para cualquier ciudadano”, concluyó el auto.
Eugenio Prieto Soto, director del Área, dijo que acogió con respeto la decisión judicial pero argumentó que desde 2016 han construido un modelo sistémico para que la región migre a ser un territorio bajo en emisiones de carbono.
Añadió que desde la primera crisis por la contaminación en marzo de 2016 se crearon el Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire y el Plan Operacional para Enfrentar Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica, además, 66 actores públicos y privados firmaron el Pacto por el Aire.
“Esos tres pilares permitieron que bajáramos la contaminación, en dos años, en 10 microgramos por metro cúbico. Los resultados se pueden mostrar y son reconocidos por organismos internacionales. Le mostraremos al Tribunal estas medidas, pero también debe mirar qué falta en regulación nacional”, indicó.
Verónica de Vivero, secretaria General de la Alcaldía de Medellín, explicó que han realizado múltiples acciones en busca de mejorar la calidad del aire, por lo que difieren de lo que dice el Consejo de Estado de que no se estén desarrollando estrategias de prevención a corto, mediano y largo plazo. “Independiente de las órdenes judiciales, estamos comprometidos por convicción con este tema”, declaró.