El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la certificación del movimiento que pretende revocar el mandato del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Así quedó dispuesto en un auto expedido por la autoridad electoral, que se conoció durante la noche de este martes 18 de enero. La razón es que, con base en una denuncia formulada por el mismo Quintero, la entidad investigará si comité revocatorio se habría gastado más de lo permitido en la campaña de recolección de firmas.
Así las cosas, el Consejo dispuso suspender el trámite de certificación de la cuenta del comité promotor y convocó una audiencia pública para el 26 de enero, en la que el alcalde Quintero y el comité están citados.
Los detalles de la investigación
Según se lee en el auto del CNE, las dudas sobre las cuentas del comité revocatorio se remontan al año pasado, cuando el alcalde Quintero, en febrero, aseveró en su cuenta de Twitter que esa organización se habría extralimitado en sus cuentas.
En ese momento, la entidad abrió una indagación preliminar, en la que el alcalde fue llamado a ampliar los hechos de su denuncia y el comité también entregó su versión.
Según consta en el auto, ante la ampliación solicitada por el CNE, el comité promotor de la revocatoria aportó en su momento los soportes contables de los dineros que habían ingresado a las cuentas del comité debidamente certificados por el contador y una declaración juramentada en la que consta que nunca se contrató a la firma de abogados de Abelardo de la Espriella.
En el radar aparece una discordia al interior del comité revocatorio, que en total está compuesto por cinco movimientos.
El 24 de febrero de 2021, Jorge Alejandro Posada, uno de los miembros del comité, envió una carta a Andrés Felipe Rodríguez, el “vocero oficial”, en donde le reclamaba por los costos de la campaña.
En dicho documento, que terminó haciéndose público, Posada planteaba que Rodríguez había calculado que la campaña costaría cerca de $1.500 millones.
Así mismo, expresó su preocupación por un supuesto contrato que se habría celebrado con la firma de abogados de Abelardo de la Espriella. “También se le explicó que ese presupuesto que usted no explicó tenía que ser sometido a discusión y aprobación al interior del Comité Promotor”, dice la misiva.
Comité se defiende
Desde la orilla del comité organizador de la revocatoria, el abogado Hollman Ibáñez Parra, uno de los líderes del equipo legal, planteó que la decisión del CNE solo debería entenderse como una suspensión de la certificación, más no del proceso de revocatoria en sí mismo.
Al ser consultado por los hechos que el ente investigará, Ibañez manifestó sentirse tranquilo, ya que la denuncia que motivó la apertura de las pesquisas carecería de fundamento.
“La investigación se inició por una denuncia del magistrado Jaime Luis Lacouture, yo creo que sui géneris, en donde tomó un trino del alcalde Daniel Quintero en el que aseguraba que se habían violado los topes por una contratación que no existe”, aseveró el abogado.
De acuerdo con el jurista, aunque el mandatario local sostuvo a través de ese trino que el comité revocatorio había firmado un contrato con la firma De la Espriella Lawyers, dicha vinculación nunca se habría producido.
“Esa cifra no existió, es un invento del alcalde”, añadió Ibañez, acotando que el equipo jurídico de la revocatoria está compuesto por cerca de diez abogados, todos vinculados de forma voluntaria y sin exigir retribución en dinero.
Bajo ese contexto, agregó que desde el comité se sienten confiados para responder a las preguntas que formule el CNE en la audiencia que se celebrará el próximo 26 de enero, que será la base para que dicho ente tome una decisión sobre el futuro de la certificación.
A través de un video, Andrés Rodríguez, también se refirió a la suspensión del CNE.
“Quiero aclarar que la revocatoria no se ha suspendido. Nosotros estamos pendientes de que el Consejo Nacional Electoral CNE nos certifique los estados contables, que el día de ayer subsanamos con unos puntos que hacían falta y que ya quedaron aclarados”, dijo.
Más allá de si lo contrataron o no, lo que tiene que determinar el Consejo Nacional Electoral es si los promotores de la revocatoria violaron alguno de los diferentes topes establecidos por la ley para este tipo de instrumentos de participación.
Conozca a continuación la decisión completa:
