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Jacobo Betancur Peláez | Publicado el 13 de noviembre de 2021
La promesa en campaña de Daniel Quintero de congelar las tarifas de los servicios públicos, o al menos de aliviar el valor final de las facturas, continúa siendo un sueño que se quedó en el papel para la mayoría de los usuarios de EPM en Medellín.
Exceptuando una reducción en el servicio de acueducto y alcantarillado para el estrato uno, y un congelamiento temporal adoptado por la Nación a raíz de la pandemia, en casi todos los estratos la variación anual de los servicios públicos se ha mantenido en cifras altas durante los últimos años.
Según se desprende de un informe entregado por EPM en respuesta a un requerimiento realizado por EL COLOMBIANO, en casi todos los estratos el valor del servicio de acueducto, alcantarillado, gas y energía se mantuvo al alza en 2020 y 2021.
Así fue la promesa
Aunque según coinciden varios expertos consultados y la misma EPM, la fijación de las tarifas está atada a las regulaciones de la Nación, la promesa de bajarlas fue uno de los puntos de debate más álgidos en medio de la contienda electoral por la alcaldía en 2019.
Tal como quedó consignado entonces en el Plan de Gobierno del hoy alcalde Daniel Quintero, la promesa de congelar las tarifas quedó incluida en un capítulo dedicado a Empresas Públicas de Medellín.
“Hoy como nunca las personas de todos los rincones de la ciudad se lamentan por el aumento constante en las tarifas de servicios públicos y las afectaciones sobre su calidad de vida”, planteó el alcalde en aquel documento, en el que quedaron consignadas al menos tres promesas centrales: “austeridad y responsabilidad” en las inversiones de EPM, de cara a obtener “eficiencias” que fueran trasladadas a los usuarios; garantizar la conexión universal a los servicios públicos; y congelar las tarifas.
“Mantendremos congelada la tarifa de los servicios públicos a los ciudadanos, respetando los rangos establecidos por las comisiones de regulación nacional”, quedó fijado en el plan.
Lo que dicen las cifras
De acuerdo con los datos de EPM, en el caso de las tarifas de energía, entre 2020 y septiembre de 2021 todos los estratos y los clientes comerciales, industriales y oficiales experimentaron un incremento en sus tarifas del 5,6% (Ver gráfico).
En cuanto al servicio de gas, durante el último año, las variaciones oscilaron entre el 5,5% en los clientes oficiales hasta el 6,3% en el rango mayor al consumo de subsistencia en los estratos 1 y 2.
En el servicio de acueducto y alcantarillado, entre 2020 y septiembre pasado, el único estrato que experimentó una reducción fue el 1, con una variación del -8,56% en el cargo fijo y -3,31% en los consumos por debajo del rango de subsistencia en acueducto, y una variación del -8.37% y el -8.35% en esos dos mismos rangos en la tarifa de alcantarillado.
En los demás estratos y clientes, las variaciones durante el último año oscilaron entre el 4,72% y el 7,82% en las tarifas de alcantarillado, y entre el 4,51% y el 13,76% en el servicio de acueducto.
Amylkar Acosta Medina, economista y exministro de Minas y Energía, advierte que tener en cuenta la estructura institucional y legal es crucial para comprender el comportamiento de las tarifas, ya que pone al descubierto el reducido margen de maniobra de los municipios para incidir en ellas.
“Lo único que puede hacer un gobierno municipal es compensar a ciertos estratos de usuarios, subsidiar directamente”, explica el experto.
En efecto, según concluyó el Observatorio del Concejo, las variaciones más ostensibles en las facturas durante los últimos dos años correspondieron a la decisión del Gobierno Nacional de decretar la emergencia económica, social y ecológica a raíz de la pandemia, permitiendo legalizar una disminución tarifaria.
Bajo ese marco legal, EPM pudo aplicar un descuento transitorio del 10% a sus clientes en estratos 1 y 2 “en las facturas entre abril y junio del 2020 por el pago oportuno”.
Para los demás usuarios, el alivio solo se tradujo en una ampliación del plazo del pago de la energía y el gas, con intereses fijados por estratos.
Por fuera de este alivio, según se desprende de las cifras de EPM, el único incentivo hasta ahora aplicado por parte de la Alcaldía fue la inyección de $4.600 millones en un plan de subsidios, que en el caso del estrato 1 permitió aumentar la cobertura de esa ayuda de un 60% a un 66% del cobro final del servicio de acueducto y alcantarillado, y en el caso del estrato tres del 12,5% al 15%.
Pese a esta estrategia, encabezada desde marzo pasado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en el resto de los estratos y servicios las tarifas registraron variaciones al alza.
Al ser consultada por algún plan de cara al mediano o largo plazo para aliviar las tarifas, EPM señaló a este diario que, a raíz de las regulaciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg– y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, no tendría permitido efectuar un plan de este tipo, trasladando la posibilidad de un eventual alivio desde el nivel municipal a los incentivos y subsidios estructurados desde la Alcaldía.
Además, desde el punto de vista financiero, la empresa advirtió que en aras de garantizar la prestación de los servicios y asegurar el pago de su deuda, impuestos y el cumplimiento de otros compromisos necesarios para mantener su solidez financiera, aquel congelamiento no sería viable.
Un plan difícil
Para entender qué pasó desde entonces, tanto EPM como varios expertos consultados explican que la fijación de las tarifas parte de un cálculo en el que inciden una gran cantidad de variables y entidades.
Tal como lo resumió el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín, en un informe reciente, la definición del régimen tarifario debe tener en cuenta al menos siete criterios o principios, tales como la eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.
En el caso de cada servicio, intervienen diferentes regulaciones, dinámicas de mercado, normas y entidades, que una sola empresa de servicios públicos no puede modular.
Tan solo en materia institucional, mientras en el caso de la energía y el gas las tarifas deben obedecer a los criterios de la Creg, en el caso del acueducto y el alcantarillado deben pasar por la CRA.
A su vez, todos esos servicios, al igual que las actuaciones de EPM, deben pasar por la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Contexto de la Noticia
radiografía El Fantasma de Hidroituango
En medio de la incertidumbre que hoy embarga al proyecto de Hidroituango, uno de los temas que ha salido a flote es la incidencia que un eventual retraso podría traer en las tarifas de servicios públicos. De acuerdo con cálculos de organizaciones como Asoenergía, un retraso en la generación podría traducirse en un incremento de hasta el 26% a nivel nacional. Por su parte EPM señaló que no tiene la competencia de trasladar costos sin permiso de la Comisión de Regulación de Energía.
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.