En medio de las inconformidades generadas por la cancelación de subcontratos de formalización minera, integrantes de las asociaciones de minería Gualanday y Progreso Gold Mine marcharon, este fin de semana, por las calles del municipio de Buriticá en el Occidente de Antioquia.
Estos subcontratos, que hoy generan malestar entre la población minera del municipio, fueron firmados entre la Continental Gold y siete asociaciones de minería informal bajo la Ley 1658 de 2013 y el Decreto 480 de 2014, un ordenamiento jurídico que les entregaba responsabilidad de las operaciones a las asociaciones mineras a pequeña escala.
El proceso beneficiaba a 583 mineros, que con la subcontratación quedaban facultados para desarrollar sus actividades de manera legal en la región en las áreas de explotación y titulación de la Continental Gold.
Mateo Restrepo Villegas, presidente de Continental Gold, explicó a través de un comunicado que las razones que obligaron a la terminación de los subcontratos de formalización minera con las sociedades Gualanday y Progreso Gold Mine responden al descubrimiento de actividades irregulares e ilegales en las operaciones mineras, luego de una inspección rutinaria a las labores de estas empresas.
De acuerdo con Villegas, estas asociaciones venían incumpliendo las obligaciones de naturaleza contractual y legal, a pesar de los requerimientos de la compañía en implementar medidas correctivas.
El presidente de Continental Gold agregó que, entre las actividades ilegales encontradas, figura una planta subterránea con 20 cocos para procesar con mercurio material extraído ilegalmente de sus títulos, túneles construidos fuera de los polígonos asignados, polvorín clandestino con 1.800 barras de explosivos y aprovisionamiento de energía eléctrica, ventilación, agua y otros servicios a las labores ilegales.
Sustento familiar
La terminación de los contratos dejó a los mineros en la incertidumbre de lo que sucederá con la actividad económica, que es el principal sustento de sus familias.
“La empresa está tratando de terminar estos contratos, dejando a los mineros de la región, especialmente a los de los municipios de Buriticá y Giraldo, por fuera de la actividad minera y atentando con lo que se había construido dentro de los procesos de legalización”, indicó Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol).
Gómez agregó que la empresa convocó a los mineros, nuevamente, a negociaciones, pero hasta el momento no se conocen los resultados de estos acercamientos.
Humberto Antonio Castaño, alcalde de Buriticá, señaló que la movilización se trató de una marcha pacífica por parte de las asociaciones mineras, en la que no se presentaron disturbios, ni problemas de orden público. “Esto causa un impacto social en estas agremiaciones mineras, puesto que las familias subsistían de los trabajadores que laboraban en la región”, explicó el funcionario .
