Además de la firma concesionaria, que acumula pérdidas del orden de 500 a 600 millones de pesos por cada día que permanece cerrada la autopista Medellín-Bogotá, la afectación por el derrumbe de 60.000 metros cúbicos de tierra y rocas, cuesta también en cifras millonarias a transportadores de carga y pasajeros y a todo el sector del comercio.
“¿Quién iba a pensar que un derrumbe, que nadie había soñado con él, nos podía costar 15 o 20.000 millones de pesos?”, preguntó ayer en la mañana el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, en alusión a las cuentas de Devimed, empresa que tiene a su cargo la autopista Medellín-Bogotá desde el Valle de Aburrá hasta Puerto Triunfo. Al cierre de esta edición, el mandatario departamental apostaba por una habilitar en la noche la calzada de descenso, y desde hoy, la vía completa en las noches, mientras continúan los trabajos en el día.
Eso, contando con que no se presenten más contratiempos.
Lo que cuesta el derrumbe
Según las cuentas que esbozó el Gobernador de Antioquia, el alquiler de la maquinaria empleada en la remoción del derrumbe —14 excavadoras, máquinas con martillos neumáticos y 140 volquetas— cuesta cada día alrededor de 300 millones de pesos. Hay que sumar (o restar, mejor, a la renta esperada) otros 300 millones de pesos que se dejan de cobrar en peajes.
Hasta el domingo, voceros de Devimed hablaban de 8.500 millones de pesos, considerando las pérdidas en el pago de peaje y lo invertido en la atención de la emergencia en el kilómetro 14,3, sector de Peñolcito, en Copacabana. Apenas a dos kilómetros de allí, en la vereda El Cabuyal se registró hace dos meses un deslizamiento semejante en el que murieron 16 personas.
“Este problema, que lleva 10 o 15 días, nos puede llegar a costar 10.000, 15.000 o 20.000 millones de pesos. Un pequeño derrumbe, simplemente hecho por el agua”, señaló Pérez Gutiérrez.
Pero aún en sus cifras se quedó corto. Los transportadores de carga ponen también pérdidas semejantes. “Llevamos acumulados cerca de 15.000 millones en pérdidas, sin contar los retrasos por tener que usar la vía de Puerto Berrío. Esta ruta está duplicando el tiempo y se está haciendo insostenible”, señaló el director Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga —ATC—, Luis Orlando Ramírez. Lamentó las congestiones en por esta ruta, al paso por Cisneros y Santiago.
“Nos ha tocado muy difícil. Van 15 días desde que nos cerraron el paso a nosotros. La afectación tiene efectos cada vez mayores para 500 o 600 tractocamiones. Cada vehículo pierde 1,8 millones de pesos por viaje”, explicó el dirigente gremial. En sus cuentas están los sobrecostos hasta del 40 por ciento al viajar por la vía alterna entre Medellín y la capital de la República.
No es solo la naturaleza
“El principal sobrecosto nos lo está originando el Gobierno, más que la situación de la naturaleza, por las restricciones para el movimiento de los vehículos de carga”, señaló, por su parte, Gustavo Montoya, vocero de ATC, para quien los 2,4 millones de pesos que se cobran por cada viaje entre Medellín y Bogotá, apenas alcanzan hoy para cubrir los costos de operación.
La Alcaldía de Medellín estableció restricción para el tránsito de vehículos a partir de 3,4 toneladas por la vía Las Palmas en su jurisdicción, entre la glorieta de San Diego y Chuscalito entre las 5:00 de la mañana y las 10:00 de la noche.
“Han beneficiado el paseo, el descanso de los particulares, en detrimento de los costos que genera tener los vehículos de carga parados o desviarlos con recorridos que adicionan hasta ocho horas adicionales”, dijo. Los directivos de ATC anotaron que se tienen que emplear dos días para llegar a Medellín al tener que llegar de noche y esperar el día para descargar.
“La discusión con el Gobierno ha sido una sola, es que el perjuicio es para todos. Se vino el derrumbe y nos tenemos que acomodar, pero todos. Si por Las Palmas vamos a circular, circulamos todos, en los mismos horarios, si acaso con alguna restricción razonable”, planteó.
Para ATC, la afectación implica en total entre 800 y 1.000 vehículos de carga, desde camiones turbo hasta tractomulas.
También el transporte de pasajeros hacia el Oriente, el Magdalena Medio y Bogotá, se ha visto perjudicado con el cierre de la autopista. Tan solo en el caso de Rápido Ochoa, una de las empresas que presta el servicio, Néstor Restrepo, director Operativo, afirmó que los tiempos de desplazamiento en las rutas Medellín–Bogotá y Medellín–Costa Atlántica, aumentaron en más de hora y media.
“La empresa cuenta con una flota de 20 buses para las dos rutas, que con el cierre de la autopista están gastando cinco galones más de combustible, y generando pérdidas diarias de entre cinco y siete millones por vehículo”, aseguró Restrepo.
La frecuencia de usuarios que viajan en la ruta Bogotá–Medellín ha disminuido, y el centro de atención telefónica de la compañía recibe constantes llamadas de usuarios manifestando su inconformidad por trancones, por demoras en las terminales y por el tiempo de desplazamiento en sus viajes.
Por su parte el director operativo de Combuses, empresa que viaja desde y hacia el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Uber Villa, dijo que con el derrumbe de la autopista han tenido que estar muy pendientes del sistema de radio con el que cuentan sus 29 vehículos, para desviarlos por la vía alterna que menos congestión tenga, de tal manera que los usuarios no se vean perjudicados por pérdidas de sus vuelos programados.
“La vía a Santa Elena es estrecha, le falta iluminación, y está tan deteriorada que se nota que hace mucho no le hacen mantenimiento; además sabemos que tiene problemas de seguridad sobre todo en las noches”, se quejó.
Las pérdidas llegan lejos
Ralph Trelles, comerciante que lleva más de 30 años en Rionegro, recogió la preocupación del sector en la localidad, así como en Guarne y otros municipios. A partir del derrumbe del 28 de diciembre, el comercio en la región está registrando descensos en ventas que oscilan entre el 50 por ciento y la totalidad.
“Se habla de las pérdidas de Devimed y de los transportadores, pero nadie habla de las pérdidas de los comerciantes del Oriente. Desde el antiguo hipódromo hasta el derrumbe, todos los negocios, y son cientos, están quebrados. Ninguno ha facturado desde el 28 de diciembre. Y en Llanogrande, en Rionegro, en El Retiro, por el por las dos y tres horas que demora el tráfico, por el problema que hay, la gente se abstiene de subir”, señaló.
A su juicio, la afectación millonaria no solo pasa por el desastre natural, sino también por el manejo que se le ha dado a la emergencia. “¿Qué estudios y en qué momento, hicieron para hacer esa voladura controlada?”, preguntó el comerciante, que ha percibido sus ventas reducidas a la mitad durante las dos semanas que completa la situación en la autopista.
La empresa Atila Implosiones, la misma que se empleó en la demolición del edificio Space, en El Poblado, en 2014, fue contratada para detonar el talud de manera controlada buscando que cayera el material desprendido y se asentara la ladera. El procedimiento que se cumplió el 1 de enero fue calificado de “parcialmente exitoso” por parte de voceros de Devimed
“El lunes festivo, en Llanogrande y en El Retiro no había un alma. El parqueadero en el mall de Llanogrande parecía un fin de semana flojo, esto perjudica a todo el comercio”, sostuvo.
Devimed reportó ayer que se han movilizado más de 33.000 metros cúbicos de tierra y rocas hacia los depositos en Ingetierras (Rionegro) y Procopal (Girardota). Al cierre de esta edición, con el carril de descenso despejado, se esperaba el visto bueno de las autoridades para dar paso en la noche.
300
millones de pesos al día cuesta el alquiler de la maquinaria empleada en la remoción del derrumbe.
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