Es imperativo. Respirar un aire limpio es un derecho de los ciudadanos y que esto se cumpla requiere reglas claras. Y las medidas llegaron. El Gobierno Nacional presentó—ante funcionarios de la Presidencia y entes territoriales— la Resolución 2254 que, coinciden autoridades y expertos, era necesaria, aunque también advierten que carece de herramientas y tiene algunas metas desproporcionadas.
La norma se justifica, como punto clave, en la afectación de la contaminación a las personas: “adopta disposiciones para la gestión del recurso aire en el territorio nacional, con el objeto de garantizar un ambiente sano y minimizar el riesgo sobre la salud humana que pueda ser causado por contaminantes en la atmósfera”, reseña.
La resolución, firmada por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gilberto Murillo, fija los niveles máximos permitidos de contaminantes en el aire a partir del 1 de julio de 2018 y establece metas hasta el 2030.
También precisa los rangos, colores, estados y efectos del Índice de Calidad del Aire, ICA (ver gráfico) y plantea tipos de alerta, tiempos de exposición (cantidad de horas que una persona puede respirar contaminantes sin que representen riesgo para su salud) y los niveles máximos de microgramos por metro cúbico de esas partículas.
En la actualización de la resolución, acepta el ministro Murillo, que el equipo del gobierno se tardó tres años, básicamente en discusiones técnicas, que además recogieron el caso Medellín y su área metropolitana con un permanente monitoreo y la solución de dos contingencias ambientales en los últimos dos años.
Como antecedente, se tiene que en 2010 el Ministerio de Ambiente adoptó la Política de Prevención y Control de la Contaminación del Aire. Además, la norma se apoya en los artículos 79 y 80 de la Constitución, que hablan del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de protegerlo.
A prepararse para la norma
Tan ambiciosa como exigente es la nueva norma de calidad del aire. Por ejemplo, en el caso de las PM 2,5 (partículas muy pequeñas-inferiores a 2,5 micras) establecida por las autoridades ambientales y de salud como una de las más nocivas para el ser humano, propone que en julio 1 de 2018 todos los centros urbanos de Colombia tendrán que tenerla en un nivel máximo de 25 microgramos por metro cúbico (mg/m3). Hoy esa medida, en el Valle de Aburrá, es de 27 mg/m3, en promedio.
Para el 2030, la resolución plantea que la misma PM 2,5 esté en un nivel máximo de 15 mg/m3, es decir, 12 puntos inferior a lo que hoy reportan las estaciones de monitoreo en el Aburrá.
Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), afirmó que la medición de calidad del aire en esta región se realiza con análisis científico apoyado en 20 estaciones de monitoreo.
“Los centros urbanos necesitaban la norma. Garantizamos lo que estamos midiendo, pero somos los únicos que lo hacemos. En otras partes tienen las mismas contingencias ambientales que nosotros, con la diferencia que aquí somos los únicos que las declaramos”, explicó.
Bogotá cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (Rmcab), a cargo de la Secretaría de Ambiente. Según ese despacho, se recolecta información sobre concentración de material particulado (PM10, PST, PM2,5), gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y de las variables meteorológicas de precipitación, velocidad y dirección del viento, temperatura, radiación solar, humedad y presión barométrica, de forma continua y permanente.
La red tiene 12 estaciones de mediciones fijas y una móvil, y la información pública distrital presenta los niveles de la calidad del aire por medio del color respectivo de acuerdo con lo establecido por la norma. Por ejemplo, el 28 de noviembre estaba en verde, es decir, moderado.
Francisco Cruz, secretario Distrital de Ambiente, reveló que tienen estaciones físicas y móviles que demuestran que los índices de calidad del aire van mejorando”, apuntó.
Reto, cumplir la meta
El ejercicio realizado por el Amva con sus 20 estaciones de monitoreo de calidad del aire y la publicación de los resultados, en tiempo real, fue tomado como insumo para darle forma a la resolución 2254, aseveró Prieto.
El directivo afirmó que los rangos y niveles estipulados en la norma son muy similares a las disposiciones adoptadas en Medellín y los otros nueve municipios de su área metropolitana.
Destacó que la norma propone estaciones de monitoreo, socialización y educación, además de la publicación de resultados con informes nacionales del estado de calidad del aire, promedios y delimitación de áreas de contaminación, pero cuestionó que no se disponga de herramientas para que los territorios apliquen acciones.
“El Ministerio entrega una ruta. Medidas, metas y cálculos, pero no especifica cuáles son los instrumentos para lograrla. La pregunta es: ¿cómo van a arrancar esos territorios que ni siquiera están midiendo, a tomar una norma tan exigente como la que plantea el Gobierno?”, dijo.
Prieto añadió que era pertinente establecer una reducción gradual, con metas a 2020 y 2025. “Hay estación de llegada (2030), pero no existe una ruta”, apuntó.
Según Óscar Mesa, docente de la Universidad Nacional y experto en cambio climático, la norma es tímida y queda faltando mucho.
“Los límites de PM 2,5, tanto anuales como diarios, podrían ser más estrictos. La meta para el 2030 están bien (15 mg/m3), pero la del año entrante (25 mg/m3) se queda corta. Eso no es cercano, a lo que la Organización Mundial de la Salud recomendó, desde hace más de 20 años, que es 10 anual”, subrayó.
Mesa aceptó que la resolución es un avance, pero advirtió que “hoy hay una evidencia mayor del efecto de la contaminación sobre la salud, por lo que hay que tomar medidas más contundentes”.
“Las autoridades no reaccionan. La resolución es débil y si seguimos así en 15 años viviremos una verdadera emergencia ambiental. La situación es más grave en Bogotá y Medellín que en otras ciudades”, concluyó.
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