No hay tributo que no genere reproche. En el últimos mes, el debate nacional ha girado en torno a la propuesta de nuevos impuestos. En Rionegro, además de la discusión por gravar o no la canasta familiar con IVA, se sumó otro capítulo a la controversia: el derrame de valorización para construir 13 vías.
El debate ha tenido varios aditamentos, desde marchas de protesta ciudadana (realizada el 14 de noviembre), una concentración en la plaza de la Libertad (parque principal de la localidad), hasta vallas y demandas contra el acuerdo municipal que aprobó el cobro.
La administración justifica la contribución por la necesidad de recursos para actualizar la malla vial urbana que presenta tres décadas de retraso. Con la valorización pretende dejar ejecutados 29 de los 100 kilómetros que comprende el plan vial prometido.
Abecé del cobro
El Concejo aprobó un tratamiento especial dentro de la resolución de valorización. Según el Acuerdo 12 del 17 de julio de 2018, no tendrán que pagar el tributo las viviendas de los estratos uno al cuatro, siempre y cuando los propietarios habiten en ellas.
También están exentos el pequeño y mediano productor agropecuario, el protector de bosque y los inmuebles de usos culturales. Los rionegreros que estén cobijados por las exenciones tendrán hasta el 22 de febrero de 2019 para solicitar el tratamiento especial.
Para averiguar los elementos tenidos en cuenta para el cobro puede visitar www.rionegro.gov.co; ir al punto de atención en el centro comercial San Nicolás o en la línea telefónica 5204060.
Este jueves 29 de noviembre vence el plazo para interponer los recursos de ley, en caso de no estar de acuerdo con el cobro. Los recibos empezarán a llegar el viernes.
La inconformidad
Si bien la mayoría de contribuyentes coincide en la necesidad de ejecutar las obras, el punto de discordia es que el 66 % de la financiación de este paquete de infraestructura depende del derrame a 125.000 habitantes (las 13 obras cuestan $674.513 millones).
La adopción del mecanismo en Rionegro es general y no sectorizada, como el que se pagó en El Poblado en 2014.
Luis Ernesto Castaño Castaño, presidente del movimiento Creamos, le dijo hace una semana a este diario que si bien las obras a construir son importantes, no son tan prioritarias en este momento, sobre todo en un contexto en el que muchos sectores productivos sufren crisis económica.
El contribuyente Francisco Restrepo, a quien le llegó un cobro equivalente a 83 veces el valor del predial, dijo que no tiene como pagar su factura por $250 millones.
Por su parte, Gonzalo Vásquez, promotor inmobiliario y líder del movimiento “Valorización sí, pero no así”, dijo que el cobro es “exageradamente alto”. Cuestionó el valor del kilómetro de vía construido y anunció al menos 30 demandas contra el acuerdo de valorización. Dijo que darán “una lucha con altura y dignidad. La valorización se va a caer porque tiene fallas. Tendrán que barajar de nuevo porque las obras son urgentes”.
El concejal Ricardo Nieto radicó esta semana una acción de nulidad simple contra el acuerdo municipal que aprobó el cobro, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Argumentó que en el Plan de Desarrollo no hay referencia del tributo, más allá de la mención de $200.000 millones. “Si nos pegamos taxativamente de lo aprobado, el alcalde se extralimitó”, justificó.
Responde la alcaldía
Ana María Mejía Bernal, secretaria de Desarrollo Territorial, reconoció que tocarle el bolsillo a la ciudadanía no es tarea fácil. Dijo que pese al descontento de algunos contribuyentes, otro sector residencial y comercial renunció a interponer los recursos y ya empezó a pagar sus facturas.
Contó que fortalecerán la explicación del tributo, puerta a puerta, tanto en la zona urbana como rural, y que el equipo técnico de la alcaldía revisará cada uno de los recursos interpuestos, verificando que el valor liquidado esté acorde al avalúo comercial, al valor unitario de la tierra y a las áreas de afectación.
“Llevamos más de dos años estudiando el cobro. Con seguridad, en casos particulares pudimos haber cometido errores, por eso estudiaremos los recursos para evaluar caso por caso”, asumió.
Explicó que los $450.000 millones derramados no solo corresponden a infraestructura, sino que también comprenden los diseños, la gestión, los procesos administrativos de recaudo y la compra de predios que alcanza los $205.000 millones.
Además, sostuvo, que el derrame definitivo será de $370.000 millones porque la alcaldía asumirá el costo de los inmuebles exentos, que alcanza los $80.000 millones.
Señaló que pese a las múltiples demandas anunciadas, tienen tranquilidad jurídica frente a la estructuración del acuerdo y que contestarán cuando sean notificados.
“Si hoy la movilidad es compleja, en dos años, con más presión urbana por la operación del Túnel de Oriente (mayo de 2019), Rionegro colapsará. El 50 % del presupuesto anual se destina a inversión social. Para financiar la infraestructura se tiene la valorización como mecanismo de ley”, concluyó.
A favor y en contra
Rodrigo Zuluaga Mejía, presidente de la Cámara de Comercio de Oriente, dijo que la junta directiva de la agremiación destacó la pertinencia de las obras y afirmó que no hacerlas significaría una situación calamitosa para la movilidad.
Destacó que tanto el empresariado como los comerciantes y la ciudadanía están dispuestos a contribuir con la valorización, pero dijo que el derrame es muy alto.
“La solicitud de la junta es que se reconsideren casos puntuales, además del monto de la valorización, para alivianar la carga de los contribuyentes y estos desistan del camino de las demandas. Ojalá las obras sí se hagan y no quede fallido el propósito”, anotó.
Fabio Ríos Urrea, director de la mesa de Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño, dijo que Rionegro es paso obligado en la subregión y que por eso las obras del Plan Vial son urgentes. “Se tiene que tener en cuenta el valor que gana la propiedad una vez estén operando estás vías. Se necesita la valorización, porque no hay otro mecanismo para financiar la infraestructura”, opinó.
Por su parte, Cristian Sánchez Salazar, docente de Economía de la Universidad de Antioquia, explicó que el monto a recaudar representa más del doble de lo que el Municipio apropia por predial, por lo que tildó la valorización de “cobro pretencioso”.
Consideró que las vías que se quieren construir deberían ser cofinanciadas por el Departamento o la Nación.
“Se da una contradicción porque hay recursos para financiar un tren ligero con vigencias futuras, pero no para construir estas vías. Hay premura para acelerar obras de cuenta del bolsillo de los rionegreros”, concluyó.
Por eso la discordia por el nuevo tributo va para largo.
