En manos de la Administración departamental dejó la Contraloría de Antioquia la continuidad o no en el proceso para la construcción del túnel de El Toyo. Sin embargo, expertos y dirigentes políticos creen que un posible revés del proyecto no solo traería demandas de los contratistas, sino que implicaría contradecir conceptos de la Procuraduría y la Nación.
La justificación del ente de control para solicitar a la Gobernación la suspensión temporal del contrato, radica en el hallazgo de 25 supuestas irregularidades de tipo fiscal, disciplinario y de connotación penal.
Según el contralor departamental, Sergio Zuluaga, “en la mayoría de los contratos suscritos como parte del proyecto se evidenciaron graves vicios de ilegalidad que atentan contra los principios constitucionales y de ley, y que enmarcan la contratación pública y la función administrativa”.
Agregó Zuluaga, que entre los hallazgos hubo cuatro de tipo fiscal en los contratos, en su perfeccionamiento y ejecución, por un valor estimado de 2.000 millones de pesos.
“Los hallazgos están relacionados, principalmente, con la aplicación de normas que le son propias a los contratos de concesión para uno de obra pública. Se llega a la conclusión de que el contrato de El Toyo es de obra pública y no de concesión”, indicó.
Así mismo, entre las presuntas irregularidades que la Contraloría dijo haber descubierto están la contratación innecesaria y doble de actividades, delegación ilegal de funciones propias de la administración pública en cabeza de particulares y aplicación de normas que le son propias a los contratos de concesión a un contrato de obra pública.
Zuluaga, añadió que, además, hubo incumplimiento de requisitos exigidos por las autoridades ambientales.
Precisamente, uno de los puntos que ha cuestionado la actual gobernación y que reiteró la Contraloría, es el de la no realización de estudios, ni la obtención de licencias ambientales en fase de prefactibilidad.
Para el secretario de Infraestructura de Antioquia, Gilberto Quintero, El Toyo es una obra pública que “no cuenta todavía con la licencia ambiental. Por lo tanto, se está objetando la legalidad de dicho contrato y se alerta al Departamento de Antioquia sobre los costos finales que pueda tener esta obra”.
Controversia conceptual
Si bien el informe de la Contraloría—solicitado por la Asamblea Departamental— muestra presuntas irregularidades, tanto la Procuraduría como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportaron un proceso de contratación legal.
Según el informe de la procuradora delegada, Fanny María González, la Ley 1682 de 2013 (Ley de Infraestructura) da la posibilidad de licitar una obra sin la obtención previa de la licencia ambiental por parte del contratista.
“Dentro de la mencionada Ley se hace distinción entre contratista, concesionario y entidad pública”, enfatizó, en comunicación dirigida al secretario Quintero, y en la que se cuestionó: ¿cuál es el argumento jurídico que esgrime la administración departamental para exigir este trámite previo a cualquier avance del contrato de construcción en ejecución?
Sobre pago de anticipo
La orden de la Administración Departamental fue no pagar el anticipo del 5 por ciento para el inicio de obras de El Toyo, hasta tanto no se aclararon los reparos que hay con rrespecto al proyecto.
Sin embargo, la Procuraduría dijo que la Gobernación tenía el compromiso de realizar ese pago: “la entidad contratante tiene la obligación de efectuar el pago del anticipo al contratista a más tardar el 30 de enero de 2016”.
Ante esto, la procuradora González preguntó al secretario Quintero: “¿La obligación contractual mencionada fue cumplida por la Gobernación de Antioquia? y de no ser así, ¿cuáles son los argumentos de orden jurídico que sustentan la decisión de suspender el pago del anticipo?”.
En la comunicación, la delegada del Ministerio Público insistió en cuestionar: ¿la Gobernación de Antioquia ha efectuado los pagos correspondientes a los otros contratos asociados al de obra como lo son el de la gerencia de proyectos y el de la interventoría?
Como aporte a la investigación adelantada por la Contraloría y la Procuraduría, la ANI les entregó en el que les reiteró las obligaciones en las diferentes fases de los proyectos de infraestructura y aclaró que los estudios de impacto ambiental y la licencia ambiental se obtendrán después de culminados los análisis de factibilidad.
“(...)Después de eso, la entidad o el contratista si ya fue adjudicado el proyecto de infraestructura de transporte, cuando a ello haya lugar, está obligado a adelantar con carácter de insumo y fundamento indispensable para gestionar y obtener la licencia ambiental y el estudio de impacto ambiental”, precisó el informe de la ANI.
No obstante, el contralor Zuluaga fue enfático: “una de las fallas es la falta de licencias ambientales exigidas por todo contrato de obra. Se ampararon en la no concesión para no exigirla”.
El representante del ente de control en Antioquia, añadió que adicional a los hallazgos fiscales, se encontraron 22 hallazgos de tipo disciplinario relacionados principalmente con violaciones al régimen deontratación pública, un proceso administrativo sancionatorio y dos hallazgos con presunta connotación penal que serán trasladados para lo de sucompetencia a la Fiscalía General de la Nación.
Proceso para frenar la obra
Atender la sugerencia de la Contraloría, de suspender temporalmente el proceso para la construcción de El Toyo, no será tan sencillo como se pensaría y acarrearía demandas contra el
Departamento.
Así lo explicó el exmagistrado del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, quien anotó que la Administración, antes de atender la petición, deberá demandar la legalidad del contrato si cree que hay irregularidades.
“El tema no es que se suspenda, sino cómo se suspende, o ¿será que conviene que la Gobernación busque un común acuerdo con el contratista para suspenderlo y revisar algunos detalles?”, dijo.
El jurista aseveró que la suspensión del proyecto sería un acto unilateral y eso generaría futuras demandas contra el departamento. Agregó, sobre los reparos a la participación de la firma particular Konfirma, que la figura es válida.
“Que se haya contratado a una firma particular para que acompañara el proceso de evaluación, eso no es la primera vez que se hace. La ANI lo ha hace constantemente. Lo que sí debe quedar claro es que no es la entidad particular la que adjudicó los contratos. Ellos hicieron recomendaciones”, precisó.
Sobre las irregularidades relacionadas por la Contraloría, Álvarez estableció que prima la presunción de legalidad y cuestionó la manera en que se tipificó, por parte del contralor Zuluaga, algunos delitos.
“Una cosa es afirmar una potencial responsabilidad y otra es la verdadera violación del tipo penal, como para hablar de delito. En este caso, cuál es el enriquecimiento ilícito o el fraude. Esos son temas de los que se debe a hablar con cuidado y no lanzarlos a la palestra pública”, consideró.
El lunes habría definición
Aunque hizo reparos a la manera cómo fue contratado el proyecto de El Toyo, el diputado, Jorge Gómez afirmó que el gobernador Luis Pérez no podrá suspender la obra.
“La Administración no puede suspender la obra para hacerlo tiene que haber un fallo judicial. Puede ser un contrato mal hecho pero goza de presunción de legalidad y mientras no haya una autoridad judicial que declare lo contrario, el contrato sigue vigente”, dijo.
Al respecto, el también diputado Hernán Torres, recalcó que el Contralor no puede suspender el contrato de El Toyo, pero—afirmó—que si es de su competencia solicitárselo a la entidad respectiva que haga la suspensión.
“Ya tendrá la Secretaría de Infraestructura y el Gobernador que mirar la posibilidad jurídica y administrativa de la suspensión”, dijo, en tanto aclaró que ese freno no significa cortar el contrato, sino que se para mientras se investiga.
Claman por reactivar obra
Líderes gremiales y políticos del Urabá coinciden en la necesidad que representa para el desarrollo de la región la construcción del túnel de El Toyo.
Juan Camilo Restrepo Gómez, presidente de Augura espera que las partes (la Nación, el Departamento y el Municipio de Medellín) se pongan de acuerdo en los aspectos legales, que se resuelvan las dudas y el cronograma de obras no se modifique.
Por su parte, David Tamayo, alcalde de San Pedro de Urabá, habló del acercamiento que dará la obra a Urbá con Medellín: “Nos pondrían en aprietos si no construyen El Toyo, porque lo necesitamos”, dijo.
En ese sentido, Margarita Lopera, alcaldesa de Cañasgordas, municipio más impactado por la obra, insistió en que se socialice mejor el proyecto pues su comunidad no conoce mucho de el.
Mientras continúa la polémica en torno a la obra considerada el motor del desarrollo del Urabá y parte del país, se espera que este lunes la Gobernación anuncie si atenderá la solicitud de la Contraloría, y continuará en su posición de no entregar la primera partida para el inicio de la obra, o conciliará con el contratista para llegar a un acuerdo que desentrabe el proyecto .
