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El desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República por sobrecostos de $4 billones en la construcción de Hidroituango generó ayer un nuevo revuelo. El ente de control decretó medidas cautelares contra la empresa Integral S.A., integrante del consorcio diseñador y asesor del proyecto.
La determinación contempla el embargo de 13 cuentas bancarias (dineros depositados o que lleguen a depositarse hasta por $4,2 billones) y 12 predios de esa firma localizados en Fredonia y Santa Bárbara, ordenado por el Despacho de la contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, Juliana Velasco Gregory, en auto emitido el 12 de abril pero apenas conocido ayer.
Contra esa decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Le preguntamos a Integral, primero vía WhatsApp, y luego vía correo electrónico, su posición, pero al cierre de esta edición no había respondido.
La actuación más reciente dentro de este proceso tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020, cuando se imputó responsabilidad fiscal a 28 personas naturales y jurídicas, entre ellos dos exgerentes de EPM, dos exgerentes de Hidroituango, un exgerente de la filial EPM Ituango, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores.
Cabe apuntar que EPM hace parte dentro del proceso de responsabilidad fiscal, pero no como presunto responsable sino como entidad afectada. Sin embargo, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, gerente general de la empresa, reconoció que esta decisión puede generar inconvenientes para los ejecutores del proyecto y, en consecuencia, repercusiones para el avance de la obra.
Acá hay que recordar la composición y distribución de los contratistas del proyecto hidroeléctrico. Hay un consorcio diseñador y asesor llamado Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.; hay un consorcio constructor, llamado CCC Ituango, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H; y hay un consorcio interventor, compuesto por Ingetec y Sedic.
El pasado 22 de diciembre EPM firmó la ampliación de los contratos con los tres consorcios citados y los prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021, aunque ese día indicó que durante el transcurso del año se buscaría una nueva ampliación a medida que cuenten con los recursos presupuestales asignados.
El Consorcio CCC Ituango, constructor de las obras principales, informó que ni este ni las compañías que lo integran han recibido comunicación por parte de la Contraloría ni de sus proveedores financieros, sobre imposición de embargos a sus cuentas.
“Durante el trámite del proceso de responsabilidad fiscal hemos aportado toda la información necesaria para aclarar las imputaciones planteadas por la Contraloría y demostrar que en la ejecución de las obras civiles a nuestro cargo, siempre hemos actuado de buena fe, de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería”, indicó el consorcio en un comunicado.
El gerente Carrillo dijo que conocida la decisión de la Contraloría se reunió con representantes de los tres consorcios y anotó que hay un compromiso de las partes en continuar con la ejecución del proyecto y que los contratistas actuales seguirán al frente de la obra mientras se estudian los alcances de la medida cautelar. No obstante, dijo que es muy pronto para estimar las implicaciones de la decisión.
En ese sentido, anunció que se activará un plan de continuidad con el que se evaluarán los distintos escenarios a los que podría enfrentarse la obra y cómo reaccionar a ellos. Llegado el caso, dijo, se harán las gestiones pertinentes para darle continuidad a la construcción (a marzo tenía una ejecución del 81,7 %), y anunció reuniones con el Gobierno Nacional para entender el estado y los tiempos del proceso y poder determinar las consecuencias directas.
Carrillo explicó que la financiación del proyecto no quedará en vilo tras el embargo de las cuentas de Integral S.A. y de las posibles medidas que recaigan en otros contratistas, pues “esa parte de financiación la tenemos nosotros como EPM, por lo que está en discusión es cuál es la capacidad de ejecución de los contratistas”.
El gerente indicó que frente a posibles incumplimientos, “los contratos están escritos y la función de EPM es hacerlos cumplir con su clausulado completo”.
Sobre las repercusiones en el mercado accionario y ante las calificadoras de riesgo, Carrillo afirmó que “hemos cumplido con nuestro deber de informar al mercado financiero los hechos ciertos y comprobados. Quienes nos califican y nos observan tienen inquietudes por la forma en que se presentaron las noticias pero hemos venido comunicándonos con cada uno de los actores”.
En su más reciente pronunciamiento el 9 de abril, Fitch Ratings mantuvo en observación negativa las calificaciones de riesgo local e internacional de EPM, las cuales están en ‘AAA’ y ‘BBB-’, respectivamente.
Sobre la observación negativa, Fitch manifestó que obedece a la “continua incertidumbre con respecto al cierre permanente del túnel de desviación de agua bloqueado de (proyecto hidroeléctrico) Ituango desde el 28 de abril de 2018 y los costos finales excesivos”.
Antes de la contingencia de abril 28 de 2018, el proyecto hidroeléctrico tenía dos Obligaciones de Energía Firme (OEF) del Cargo por Confiabilidad, las cuales fueron asignadas en las subastas convocadas por la Comisión de Regulación de Energía (Creg) en 2008 y 2012.
En la subasta de 2008 obtuvo obligaciones que iniciaban el 1 de diciembre de 2018; y en 2012 recibió obligaciones adicionales que inician el 1 de diciembre de 2021.
Teniendo en cuenta que la contingencia en el proyecto implicaba un retraso, en la resolución 101 de 2019, la Creg decidió declarar la pérdida de las obligaciones de energía en firme con fecha de inicio 1 de diciembre de 2018, y mantuvo las OEF asignadas con fecha de inicio en diciembre de 2021.
Sin embargo, en la Resolución 194 del 8 de octubre de 2020, la Creg estableció un plazo adicional de un año para las plantas en construcción con OEF asignadas. El cronograma de generación contempla el encendido de dos unidades antes del 30 de noviembre de 2022; dos antes del 30 de noviembre de 2023; tres en 2024 y una en 2025
Escanee el código y consulte completo el auto de la Contraloría General con las medidas cautelares.