Condenado por el carrusel de la contratación y el caso Centros Poblados, Emilio Tapia reclama un esquema de seguridad de la UNP tras quedar en libertad condicional. Aunque dice estar en riesgo por colaborar con la Fiscalía, la justicia ya le negó escoltas pagados con recursos públicos, mientras sigue sin reparar al IDU y a las víctimas por el multimillonario desfalco.