viernes
3 y 2
3 y 2
“Falta diálogo y rigurosidad técnica”: Intergremial sobre resolución que declara al suroeste como zona de protección
El gremio pide ajustes a la resolución que cursa trámite en el Ministerio de Ambiente.
-
Susana Muhamad, ministra de Medio Ambiente; Nicolás Posada, director de Intergremial. FOTOS: El Colombiano y Cortesía
El Comité Intergremial Antioquia, con vocería de 35 gremios del sector productivo, compartió una misiva con el Gobierno Nacional en la cual detalla algunos reparos jurídicos, técnicos y sociales respecto a la resolución que busca declarar temporalmente una zona de protección y desarrollo de los recursos naturales entre los municipios de Caramanta, Jardín, Valparaíso, Andes, Támesis, La Pintada, Jericó, Pueblorrico, Tarso, Fredonia y Santa Bárbara.
En un texto de ocho páginas, firmado por Nicolás Posada y dirigido a la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y a la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Adriana Rivera, se afirma que la resolución que ahora cursa trámite carece de colaboración entre los actores implicados (comunidades, entidades del orden local y sector productivo) y de rigurosidad técnica, además de “violar la autonomía de las entidades territoriales”.
Lo primero que pide Intergremial es que la resolución en cuestión precise con claridad las actividades que se verán impactadas con la declaratoria de zona de protección, pues en algunos artículos no se específica que se trata de minería; solo se habla de actividades con “alto impacto ambiental”. Lo otro tiene que ver con las competencias de las autoridades ambientales regionales: se les pide en el borrador de resolución adoptar medidas, “sin indicar qué tipo ni su alcance”.
Así lo amplía Intergremial en la comunicación referida: “Con esta facultad se viola el principio de legalidad por cuanto el Ministerio está otorgando facultades para exigir requisitos no establecidos en la ley y hay que recordar que no se pueden exigir requisitos ni permisos no contemplados en la ley”.
En un sentido similar, la agremiación pide mayor claridad en la definición de “alto impacto” sobre la cual se cimienta la medida de la Nación. Dice Posada que por el momento el texto es ambiguo y pone en riesgo la inversión en el Suroeste en lo que se refiere a proyectos cafeteros, aguacateros, porcicultores, de hidrocarburos e infraestructura.
“Consideramos que es importante hacer los ajustes necesarios para evitar la incertidumbre en los sectores económicos ya existentes en los municipios, y considerando también el concepto de desarrollo sostenible para los proyectos e inversiones futuras”, pidieron finalmente desde Intergremial.
