En el municipio de Santa Rosa de Osos, al norte de Antioquia, Policías de la Sijín intervinieron un expendio que realizaba prácticas ilegales de llenado, comercialización y distribución del Gas Licuado de Petróleo (GLP).
Según indicaron las autoridades, en el operativo se incautaron más de 110 cilindros de gas, en su mayoría propiedad de las empresas Vidagas, Chilco y Gases de Antioquia, compañías adscritas a la Asociación Colombiana del GLP- Gasnova, que es la entidad gremial que agrupa a las compañías que distribuyen más del 76% de este hidrocarburo en el país.
La acción, que hace parte de los compromisos establecidos por las autoridades como parte de la estrategia de lucha contra la ilegalidad en el sector GLP, tuvo lugar en un expendio denominado Roscogas Román, que según lo establecido por las autoridades, tenía en funcionamiento una reenvasadora ilegal donde llenaban los cilindros hurtados a las empresas.
Lo que se encontró
De acuerdo al informe elaborado por la Sijín Antioquia, tras el operativo se recuperaron 37 cilindros azules de la empresa Gases de Antioquia, de los cuales ocho estaban vacíos.
Se encontraron también 58 cilindros verde manzana de la empresa Vidagas, 35 de ellos llenos de gas y el resto vacíos.
Igualmente, en el Acta de Incautación, se registraron 14 cilindros morados de la empresa Fedegas, y cuatro cilindros verde oscuro de Gaspaís, y se encontró una sistema con dos tanques que hacían el llenado ilegal de gas a cilindros hurtados.
¿Quién resulta afectado?
De acuerdo con cifras de Gasnova, las empresas legales que distribuyen el GLP en Colombia han puesto en circulación más de nueve millones de cilindros, con una inversión de $500.000 millones de pesos.
“Sin embargo, por culpa de la ilegalidad, 20% de estos cilindros se han extraviado”, señalaron también que los mayores problemas de ilegalidad se presentan en los departamentos de Antioquia, Chocó, Arauca, Norte de Santander, La Guajira y el Cesar.
Para la Policía, el tratamiento ilegal de los cilindros atenta contra la calidad del servicio y afectan a sus 12 millones de usuarios, que viven en 922 municipios ubicados en 83% del territorio nacional.
Los cilindros incautados fueron llevados a la bodega de Vidagas, en Santa Rosa de Osos, y se configuran como una prueba que evidencia las prácticas ilegales realizadas por personas naturales y jurídicas.
