La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal por $942 millones contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, la asesora Jurídica de este despacho, María Patricia Ariza y la Corporación Colombia Avanza, por presunto sobrecosto en un contrato para suministro de alimentos a los estudiantes durante la emergencia por covid-19
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Tal como evidenció EL COLOMBIANO en su publicación del 7 de mayo de 2020, se trata del contrato número 4600085448, firmado por la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza el 20 de marzo de 2020. Tiene un costo de $7.168 millones, una vigencia de un mes, y su objeto es la compra y entrega de 220.578 paquetes alimentarios a los estudiantes.
De acuerdo con Carlos Felipe Córdoba, contralor General, en este presunto sobrecosto se encontró que el valor de cada kit alimentario fue de $26.423; “al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a $32.500, y multiplicado por 220.578 kits pactados en el contrato, arrojó como valor total $7.168.848.968 millones”, declaró.
En la justificación de la urgencia manifiesta, la secretaria de Educación Alexandra Agudelo explicó que con el cese de clases (Circular 020 de Mineducación) también quedó suspendido el PAE , por lo que fue necesario tomar medidas “con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Los entes de control reportaron que las quejas en este caso son por supuestos sobrecostos. El contrato detalla que cada paquete alimentario deberá contener dos libras de lentejas, una de frijol cargamanto rosado, 380 gramos de leche en polvo, 250 gramos de pasta, una libra de arroz blanco, tres paquetes de galletas y 200 gramos de bebida achocolatada en polvo.
En la propuesta técnica y económica hecha por Colombia Avanza se informa que el valor de los alimentos para cada paquete es de $26.423, que por logística se cobran $3.963 y por adecuación, $2.113. Según las quejas ciudadanas, el precio de los insumos es superior al disponible en las grandes superficies.
El contralor General explicó, además, que han revisado contratos celebrados por $3,1 billones en todo el país, solamente destinados a la atención de la covid-19. De estos contratos, $2,1 billones se relacionan con compras de insumos médicos y alimentos y $1 billón tiene que ver con contratos de prestación de servicios para el apoyo a la gestión de los mismos.
Así, la Contraloría ha identificado presuntos sobrecostos en contratos por $419.000 millones a nivel nacional y ha hecho, hasta el momento, 227 alertas.
“Hemos podido ver que las ciudades capitales con valores más altos en sobrecostos son, en su orden, Medellín, Cali, Sincelejo, Tunja”, concluyó Córdoba.
