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La Registraduría Nacional certificó ayer, por tercera vez, las firmas que fueron entregadas para iniciar el proceso de revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de que una serie de recursos y acciones judiciales dejaran en vilo ese proceso.
La decisión se conoció luego de que se publicó el informe técnico definitivo elaborado por ese organismo, en el que quedó establecido que un total de 132.547 rúbricas fueron válidas.
Cabe recordar que en enero pasado ese mismo ente había otorgado validez a cerca de 132.908 firmas, de 383.685 presentadas, lo que significa que tras la nueva revisión solo fueron desestimadas 361.
La nueva aprobación de la Registraduría aclara el panorama de uno de los puntos por los que el proceso revocatorio del alcalde de Medellín había quedado en suspenso, luego de que el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenara darle una segunda oportunidad a la defensa de Quintero de analizar esas rúbricas.
Este tiempo extra se dio luego de una tutela fallada a favor del movimiento Independientes, el pasado 20 de enero, que obligó a revisar una vez más el estudio técnico de validación de firmas y a entregarles a quienes entablaron la tutela, en cabeza de la contratista Salomé Restrepo Muñoz, los soportes completos del informe técnico de verificación de las firmas y el acceso a la información de la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI).
Este último punto era el más complejo, a juicio de fuentes consultadas, porque significaba entregar los datos más sensibles de identidad de quienes firmaron las planillas, en medio de un ambiente de polarización y cuestionamientos a quienes ejercen la oposición.
Precisamente hoy el concejal Julio González, uno de los voceros de la revocatoria, había radicado una “solicitud urgente” dirigida al registrador Alexander Vega para que se pronunciara definitivamente, señalando que la entidad tenía como plazo máximo el 11 de febrero para hacerlo, en el numeral 12 del artículo 3 de la Resolución 6245 del 2015, lo cual estaba violentando los términos de ley.
Andrés Rodríguez, uno de los líderes de la revocatoria, dijo que el nuevo visto bueno de la Registraduría comprueba “que lo único que han querido es dilatar y que a punta de leguleyadas quieren dañar este proceso. Por más que intenten interponer los recursos y demás, nosotros tenemos una defensa jurídica muy sólida y la tranquilidad de que esto se hizo transparentemente”.
El CNE tiene la palabra
Así las cosas, la pelota del proceso revocatorio volvió a quedar en la cancha del Consejo Nacional Electoral, que desde enero pasado estudia las cuentas del comité revocatorio para decidir si emite una certificación que le daría luz verde a ese mecanismo de participación ciudadana.
Hace dos semanas hubo una audiencia para que las partes presentaran sus descargos. Fuentes le han dicho a este diario que en la revisión que hace el CNE se ha logrado determinar que las cuentas del comité revocador sí están ajustadas a los libros presentados, por lo que en pocas semanas se podría dar un visto bueno.
Si la ponencia aterriza en la sala plena del CNE, deberá tener seis de los nueve votos posibles para ser aprobada. Una vez surta esa votación, y quede en firme la certificación de las cuentas del comité promotor, la Registraduría debe solicitar ante el Minhacienda los recursos para proceder a la consulta, trámite que podría llevarse hasta 45 días.
El registrador nacional Alexander Vega ya dijo la semana pasada que aún superando el aval del CNE, la votación ya no podrá darse el mismo día que se eligen senadores y representantes, es decir, el 13 de marzo como lo esperaban los promotores de la iniciativa.
Tampoco será posible que coincida con la elección presidencial. Vega explicó que desde la doctrina electoral no es posible porque como se trata de un mecanismo de participación, y no una elección ordinaria, aquí la abstención tiene un efecto legal que incide en que se alcance o no el umbral requerido para validar la revocatoria.