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Reparación por masacre de 43 personas aún se espera en Turbo
El caso ocurrió en 1990: las AUC asesinaron a 43 personas en venganza por el robo de 42 reses.
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Yanedet Petro señala el rostro de su padre, quien hizo parte de los 43 hombres que las AUC secuestraron, torturaron y luego desaparecieron al parecer en una finca propiedad del paramilitar Fidel Castaño, a quien le habían robado 42 reses. FOTO esneyder gutiérrez -
Con la pacificación, muchos están volviendo a Pueblo Bello. Foto: Esneyder Gutiérrez.
14 de noviembre de 2022
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Nadie creía que una cabeza de ganado valía lo mismo o menos que una persona hasta el 14 de enero de 1990, cuando un grupo paramilitar secuestró, torturó, desapareció y asesinó a 43 personas del corregimiento Pueblo Bello (Turbo) en venganza porque a su capo, Fidel Castaño, integrantes de un grupo guerrillero, al parecer, le habían robado 42 reses.
Pero el conflicto armado en Colombia estaba para demostrar lo impensable y dejar claro que todas las formas del horror eran posibles si se trataba de aleccionar al rival y someter a las comunidades aplicando una ley que no ha dejado de imperar en muchos territorios: la del más fuerte y la que da la posesión de las armas y el poder de intimidar, de meter miedo.
Dicen los relatos que ese día llegaron a este corregimiento de Urabá dos camiones cargados con 70 paramilitares y la misión de llevarse en los vehículos a 43 personas, todas de sexo masculino, para una finca llamada Las Tangas, situada en el municipio de Valencia (Córdoba), propiedad de Fidel Castaño, que podría ser considerado el primer gran jefe paramilitar de Colombia.
En su incursión al pequeño poblado, los ilegales entraron a las casas, tiendas, heladerías y hasta la misma iglesia a sacar a cuanto hombre se toparan a su paso: papás, hijos, nietos, abuelos o hermanos de no se sabe quién porque seguramente allí no estaban los ladrones del ganado, cayeron en su poder. En la toma se llevaron incluso a tres menores de edad y a un padre de ocho hijos que en el poblado era un símbolo del servicio a los demás: José Petro Hernández, de 43 años, buen ciudadano y gran trabajador, según relata una de sus hijas 32 años después del fatídico episodio.
“A mi padre se lo llevaron y mi mamá quedó sola con ocho hijos, yo tenía seis años, pero toda la vida me han contado la historia. Para ella fue muy duro porque era arrancar sola a responder por todos nosotros”, relata Yanedet Petro Pérez, parada junto a un mural con los rostros pintados de las 43 víctimas del macabro suceso, el cual fue levantado en un predio que su madre Rafaela donó para que al menos no se perdiera, en el polvo del tiempo, el recuerdo de uno de los hechos más cruentos de la guerra de Colombia.
Pueblo Bello, 32 años después, aún carga con las huellas de esta historia macabra y lucha para que el Estado cumpla con la reparación plena de las víctimas tal como lo ordenó en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que finalmente decretó justicia ante la impotencia (¿indolencia?) de la justicia nacional, que fue incapaz de hacerlo a pesar de la lucha por años de los familias de las víctimas.
La reparación
Cuenta Róbinson Petro, hijo de José, que Pueblo Bello nunca se repuso de esta atrocidad y que el recuerdo del suceso aparece cada día en las vivencias de los habitantes. Como testimonio para la memoria está el mural, levantado por la misma comunidad como un acto de no olvido de una tragedia que aún los estremece.
“En ese entonces Pueblo Bello era próspero, había llegado gente de muchos pueblos a vivir y se veía el progreso, pero después fue muy difícil, pasaron muchas cosas y mucha gente abandonó el territorio, ahora es que han estado volviendo”, cuenta Róbinson, quien hace parte del Comité Coordinador del Caso Pueblo Bello, que busca la justicia integral para las familias.
Con la pacificación, muchos están volviendo a Pueblo Bello. Foto: Esneyder Gutiérrez.
Pero pese a ser un fallo de un organismo internacional que lleva más de 16 años de haberse emitido, aún no se cumple en varios de sus puntos y por eso la lucha sigue.
Katy Milena Fuentes, otra integrante del Comité Coordinador, explica que la sentencia la produjo el 31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, e incluye seis aspectos para la reparación: la construcción de un monumento a las víctimas; garantía a la salud; indemnización económica; disculpas públicas por parte del Estado, incluida una publicación de los hechos en un diario oficial; la búsqueda de los cuerpos desaparecidos y su entrega a los familiares; y sanciones para los autores.
“De estas obligaciones se han cumplido tres: la indemnización, las disculpas públicas y viviendas para los familiares”, dice Katy Milena. En proceso o sin cumplirse están la búsqueda y hallazgo de los desaparecidos, el tema de la salud y la construcción del monumento.
Los pendientes
Hasta el momento solo se han hallado los cuerpos de ocho víctimas, pero están pendientes 35. La búsqueda se ha hecho compleja, porque cuando se dio la sentencia ya habían pasado 16 años y hoy van 32. Los terrenos de la finca Las Tangas, donde se presume que fueron llevados, torturados y enterrados, han cambiado y las ubicaciones que han dado algunos procesados y condenados por los hechos no son tan precisas para la ubicación.
Katy Milena añade que incluso hay militares implicados en el caso que han estado rindiendo cuentas ante la JEP (Jurisdicción Especial de Paz) por su presunta negligencia para detener a los paramilitares e impedir los hechos. Algunas exhumaciones que se han hecho de cuerpos aún no arrojan resultados relacionados con las víctimas de la masacre y el tema sigue en espera.
El segundo asunto incumplido, según el Comité, es la salud. La sentencia de la CIDH estableció que a las familias de las víctimas de este caso se les debe garantizar este derecho de por vida y de manera gratuita. Róbinson enfatiza que esta obligación tiene vacíos y que a muchos familiares los obligan a pagar cuotas moderadoras.
Y el tercer punto, quizás el más complejo, es el de la construcción del monumento. La Corte estableció que la obra debía levantarse en el plazo de un año, pero más de tres lustros después no se resuelve. El tipo de monumento lo definió la comunidad en distintas reuniones y quedó establecido de común acuerdo.
“Escogimos un lote de tres hectáreas donde se construiría una sede con 43 columnas, una por cada persona desaparecida, para que cada familiar pueda llevar allí algún elemento que honre la memoria de la víctima, como una prenda, una foto, una vela o flores”, cuenta Katy Milena.
Alrededor de la casa, con diseño del maestro Germán Botero, se planteó la siembra de 43 ceibas, funcionaría una especie de sede social para hacer reuniones y actos culturales de integración para los habitantes del corregimiento.
La idea como tal sigue vigente, pero el lote inicial, que era de tres hectáreas, se redujo a una por el paso del tiempo y actualmente se trabaja de la mano con la alcaldía para definir un nuevo lugar donde se pueda ejecutar el proyecto.
Es posible que con las gestiones del Comité, el Estado acabe de reparar a las víctimas de manera integral y en todos los puntos que ordenó la CIDH. También se presume que muchos de los victimarios perdieron la vida en el conflicto y es un hecho que varios han sido condenados por la justicia. El jefe paramilitar Fidel Castaño murió en 1994 víctima de la misma guerra.
Pero nada de esto borrará el horror de la memoria de este pueblo de campesinos y cultivadores de plátano al que hoy muchos conocen como un remanso de paz.
Hay quienes en venganza por lo que les hace un humano torturan y matan a sus animales. Otros, como Castaño, vengaron el robo de sus animales masacrando una comunidad de hombres inocentes. En ambos casos solo queda sembrada para siempre una cicatriz que tal vez ni siquiera la reparación integral pueda borrar, pero Pueblo Bello quiere al menos este último paso para aliviar tanto dolor.
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