Los tres pesos pesados de la distribución de los productos de la FLA en Antioquia, Alima, Dispresco e Interlicores, fueron sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por conformar un presunto cartel del licor en el departamento.
Tras imponer una multa de $17.625 millones, la entidad aseveró que dichas empresas habrían incurrido en prácticas desleales entre 2010 y 2022 y habrían implementado un sistema que “restringió la libre competencia” en el mercado local.
Aunque la decisión ya había quedado en firme desde el pasado miércoles 6 de junio, fue hacia el final de la tarde de ayer que la entidad destapó los hallazgos de su investigación y documentó cómo se habría construido una intrincada estructura que fijaba precios, asignado cuotas de participación y hasta compartido pérdidas y ganancias para acaparar el mercado.
La cartelización se habría aplicado a través de una Unión Temporal constituida por las tres empresas para poner en común acuerdos y estrategias.
Entre 2010 y 2013, por ejemplo, una de ellas habría sido la fijación indirecta de precios, a través de un esquema en el que los sancionados habrían puesto en común una escala de descuentos ofrecidos a los clientes, tomando como base los topes fijados por la FLA.
Así mismo, la Superintendencia aseguró tener pruebas de que, a través de esa Unión Temporal, las empresas habrían definido “un porcentaje de participación sobre las utilidades o pérdidas en relación con las ventas de los productos” y hasta habrían diseñado “un método de compensación o nivelación de cuotas, para los eventos en los que se llegaría a vender por debajo o encima de la cuota asignada”.
Además de estos puntos, la entidad también señaló a esa Unión Temporal de repartir de forma equitativa los clientes y zonas de comercialización.
“El nuevo modelo de operación del sistema anticompetitivo creado por Alima, Dispresco e Interlicores ha sido ejecutado de manera continúa hasta la actualidad, teniendo en cuenta que la vigencia de la Unión Temporal fue prorrogada por las empresas cartelistas mediante la suscripción de un otrosí hasta diciembre de 2023”, aseguró la Superindutria.
Además de las empresas, la entidad también impuso una multa a cinco personas naturales. Se trata de Hernán Gil Barrientos, representante legal de Alima; Leonardo de Jesús Ramírez, miembro de la Junta Directiva de Alima y de la Unión Temporal sancionada; Andrés Nicolás Londoño, representante legal de Dispresco; Nelson Arturo Giraldo, representante legal de Interlicores y David Esteban Giraldo, representante legal suplente de Interlicores.
En el caso de esas cinco personas, de los $17.625 millones de la sanción, las multas equivalen a $3.405 millones, siendo Nelson Arturo Giraldo, de Interlicores, el que se llevó la multa más grande, con $2.000 millones.
A través de un comunicado de prensa, la FLA señaló que en la resolución del SIC la empresa no quedó salpicada por el caso. “En la Resolución, la SIC concluye también que la FLA no promovió ningún acuerdo formal ni tácito para la coordinación de tales prácticas restrictivas, por lo que no se encuentra vinculada a la investigación”, expresó la FLA.
Aunque en su comunicado la FLA agregó que su meta de expandirse en el mercado continúa en firme, la entidad no se refirió de forma concreta si analizaba algún cambio en la forma la comercialización de sus productos.
Según añadió la Superintendencia en su resolución, las tres empresas implicadas se verán obligadas a terminar “de manera inmediata” el contrato firmado con la FLA. Aunque la decisión también las obliga a suspender “todas las actividades” desarrolladas a través de esa vinculación, los distribuidores aún tendrían margen para firmar nuevos contratos, siempre y cuando no atenten contra la libre competencia.
Frente al impago de los $17.625 millones en multas, tanto las empresas como las personas implicadas podrían verse inmersas en un procedimiento de cobro activo, en el que incluso sus cuentas podrían ser embargadas.
Para conocer su versión sobre el tema y si estudiaban controvertir la sanción, EL COLOMBIANO se puso en contacto con Dispresco e Interlicores, pero hasta el cierre de esta edición ambas empresas se abstuvieron de pronunciarse. Así mismo, este diario se comunicó al teléfono fijo de Alianza Mayorista (Alima), pero nunca obtuvo respuesta.
De acuerdo con los tiempos que maneja la entidad, tanto las empresas como las personas naturales involucradas, tendrán un plazo de diez días para presentar un recurso de reposición. Superada esta instancia, y en caso de que la SIC mantenga en firme su decisión, los implicados aún podrían controvertir la medida ante el Consejo de Estado, por tratarse de un procedimiento administrativo
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mil millones de multa impuso la Superindustria en su resolución del miércoles.
