La presión de las organizaciones delincuenciales sobre el negocio del transporte informal de pasajeros, tiene a los residentes de la vereda El Ajizal, de Itagüí, en un clima de inseguridad que las autoridades están tratando de conjurar.
En esta zona, ubicada en el norte de esa localidad, los habitantes se han quejado históricamente por la falta de rutas de buses y por carecer de un servicio de transporte eficiente que cubra toda la demanda. El vacío ha sido llenado por los “chiveros”, conductores particulares que llevan a los ciudadanos desde el centro hasta los vecindarios semirrurales. Las personas, dependiendo de la distancia, pagan entre $2.000 y $3.000 por el pasaje.
Esta actividad, que no está legalizada, es explotada por la banda “el Ajizal”, que delinque hace más de 10 años y exprime los bolsillos de los choferes para aumentar sus rentas ilegales.
Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí, le contó a EL COLOMBIANO que, de acuerdo con las investigaciones judiciales, cada “chivero” debe pagar una cuota de $4 a $5 millones, por el “derecho” a poder transportar personas en la ruta controlada por la facción.
Adicionalmente, por cada día de trabajo deben cancelar entre $25.000 y $30.000, según la cantidad de viajes que hayan hecho. Según las autoridades, son cerca de 18 vehículos los que pagan esta extorsión, con excepción de los automotores de la propia banda, que también incursionó en el negocio.
Datos del Gaula Metropolitano indican que “el Ajizal”, además de actuar en la zona del mismo nombre, extiende sus tentáculos a las veredas Los Gómez y El Porvenir, y a los barrios San Pablo y La Hortensia. Su prontuario incluye narcotráfico, sicariato, extorsiones, pagadiario, desplazamiento forzado y loteo ilegal de predios, en particular en áreas de invasión.
Su dominio sobre “los chiveros” empezó a ser competido por clanes familiares de El Ajizal, lo que provocó las violentas disputas que hoy tienen en vilo a la población.
La violencia
El primer round de esta pugna se conoció el 14 de marzo de 2019, cuando cinco pistoleros interceptaron al conductor de un Renault Logan, Wilson Vásquez Olaya, en una carretera de El Ajizal, lo golpearon, le hicieron disparos al carro y le prendieron fuego. Para remarcar su acción terrorista, grabaron el ataque y lo difundieron por redes sociales.
El chofer, de 29 años, los denunció por lo sucedido y las retaliaciones no se hicieron esperar. El 1 de enero de 2020 le hicieron otro atentado, al cual sobrevivió, hasta que el siguiente 15 de enero fue acribillado por un sicario que simuló ser un pasajero, en la parte alta de la vereda.
Un segundo asesinato se produjo el pasado 19 de mayo, detrás de la parroquia Ermita de la Santa Cruz. Allí citaron al “chivero” José Daniel Montoya Arcila, de 28 años, y le dispararon a sangre fría.
Habitantes del sector informaron que la situación de violencia disminuyó la afluencia de estos vehículos, perjudicando la movilidad de la zona. Varios taxis de servicio público aprovecharon para ofrecerse como colectivos y, de manera irregular, transportar a la gente.
Boris Castaño, analista del conflicto urbano y miembro de la Corporación Innova, Idea, Estrategia (I2E), narró que el aprovechamiento del fenómeno de los “chiveros” por parte de los combos en el Valle de Aburrá va mucho más allá de la extorsión.
“A los miembros de ese gremio los presionan para que se conviertan en informantes y alerten sobre movimientos de la Fuerza Pública y personas extrañas; para transportar armas, drogas y delincuentes de un lado a otro; y para que se conviertan en clientes del pagadiario de las bandas”, comentó.
Frente a esta instrumentalización, los choferes suelen guardar silencio por miedo y porque “su misma informalidad los expone a que no puedan realizar una denuncia penal, porque ellos mismos están por fuera de la norma, eso los hace más susceptibles a la influencia de los grupos delincuenciales”, opinó el experto.
Medidas de seguridad
El secretario Otálvaro señaló que la Fuerza Pública y el aparato judicial están concentrados en atacar esa problemática, y resaltó que del combo “el Ajizal” ya han sido capturados varios integrantes de relevancia, como alias “Sony”, “Máquina”, “Páncreas” y “el Diablo”, involucrados en los crímenes reseñados.
Los investigadores están tras la pista de “Chivú”, el cabecilla del grupo, quien habría salido huyendo de la ciudad. Por información que lleve a su arresto hay $10 millones de recompensa.
La persecución contra el crimen organizado en la vereda se complementa con vigilancia de drones, patrullajes del Ejército en la parte alta, guías caninos para ubicar a los traficantes de droga y un grupo de reacción policial de 22 efectivos, con motos de alto cilindraje.
“Tenemos el proyecto de construir una nueva sede para el Gaula, lo que va a mejorar nuestras capacidades”, dijo Otálvaro, quien en su pasado fue suboficial de la Sijín.
A la fecha se han presentado 18 homicidios en Itagüí, cuatro más que en el mismo lapso de 2019, y 11 personas han sido capturadas en flagrancia por ese delito,
Frente a los “chiveros”, cinco de sus vehículos han sido inmovilizados por tener placas adulteradas o incumplir con la revisión técnico mecánica.
La solución al problema de El Ajizal también pasa por resolver el vacío en la movilidad. “Las informalidades surgen de las necesidades, aquí hay una cobertura insuficiente del transporte público, lo que podría resolverse gestionando rutas formales. No hay que olvidar la necesidad de la ciudadanía”, precisó Castaño.
Al respecto, Otálvaro manifestó que no puede dar fe de que vaya a haber una ruta de buses para la zona en el corto plazo, pero dijo que el alcalde José Fernando Escobar ya está gestionando soluciones de transporte legal.
